El diputaado nacional y vicesecretario del PP, Antonio Gónzález Terol, y el presidente murciano, Fernando López Miras, este martes en la sede regional de los populares. Foto: PPRMMURCIA (EFE). El PP plantará cara en los tribunales para recuperar lo que considera que es, en palabras de Fernando López Miras, "un nuevo atraco del Gobierno de Pedro Sánchez a las arcas de los ayuntamientos". Los populares recurrirán al Tribunal Constitucional "por invasión de la autonomía local" el acuerdo que sellaron el Ejecutivo nacional y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Ese pacto, firmado el pasado lunes, permite a los ayuntamientos usar sus remanentes y habilita para ellos 5.000 millones de los Presupuestos generales del Estado a fondo perdido.
El PP ha anunciado este recurso judicial en su sede regional en Murcia, donde los populares han celebrado un encuentro con alcaldes, presidido por el presidente de la Comunidad y en el que ha participado el vicesecretario nacional de Política Territorial, Antonio González Terol. El recurso no es la única medida adoptada: los populares pedirán la comparecencia de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
"Apropiación, confiscación y robo" son tres de los adjetivos escuchados en la reunión. López Miras criticó a Pedro Sánchez por utilizar "ahora el superávit de los ayuntamientos para financiar al Gobierno de España" y recriminó que es "lamentable" que "en una situación de extraordinaria dificultad, el Gobierno de España pretenda utilizar los ahorros de los ayuntamientos para financiarse".
Los populares registrarán mociones en contra de la medida en todos los ayuntamientos y diputaciones en los que cuentan con representación: no sólo en la Región, también en las provincias de Alicante y Almería, cuyas respectivas vicepresidentas, Ana Serna (alcaldesa de Albatera) y Ángeles Martínez, también asistieron a la cita.
El PP entiende que el texto suscrito por Sánchez y el presidente de la FEMP -y alcalde de Vigo-, Abel Caballero, "contribuye a la despoblación porque excluye al mundo rural" y "sólo ayuda a los ayuntamientos que tengan remanente y a los más de 3.000 que tienen déficit los dejan en la estacada".
El convenio, alcanzado después de semanas de negociación entre Hacienda y la cúpula de la FEMP, ofrece 5.000 millones de euros a los ayuntamientos siempre que pongan sus remanentes a disposición del Estado, según explica Efe.
De esta forma, los consistorios dispondrían de 2.000 millones este año y 3.000 millones en 2021. El resto del dinero de las remanentes se devolvería al cien por cien en un plazo de diez años, a partir de 2022, lo que salva la restricción absoluta para usar el superávit y la limitación del margen de maniobra presupuestaria que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy, según Montero.
La titular de Hacienda recordó este lunes que este mecanismo voluntario permitirá a los ayuntamientos tener más recursos, elevar su gasto en cuidados de proximidad, movilidad y agenda urbana y cultura sin generar más déficit y cumpliendo con la Constitución, que impide que los consistorios registren un saldo fiscal negativo.
El alcalde de Murcia, José Ballesta, presente en González Adalid, calificó el acuerdo como "una ruptura institucional que atenta contra la igualdad de todos los españoles". A su juicio, "los ayuntamientos reclamamos un reparto de fondos justo e igualitario para atender a las necesidades reales de los vecinos".
El regidor de Zaragoza y portavoz del PP en la FEMP, Jorge Azcón, ha lamentado que con el acuerdo se "crean ciudades de primera y de segunda" por decisión del PSOE. En la jornada también estuvieron la alcaldesa de Teruel, Emma Buj, el alcalde de Alicante, Luis Barcala, así como el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, entre otros dirigentes.
