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acusó dos fuertes reembolsos el pasado mes de marzo

Eduardo Baviera, cofundador de Clínica Baviera, liquida una de sus dos sicavs: Tortuga 2014

2/11/2021 - 

MURCIA. Eduardo Baviera Sabater, cofundador de Clínica Baviera junto a su hermano Julio, ha optado por liquidar y disolver una de las dos sicavs que preside -y controla- como es Tortuga 2014. Una más en un momento donde sigue menguando el número de estas sociedades de inversión colectiva ante la proximidad del 1 de enero de 2022, cuando entren en vigor los nuevos requisitos que endurecen este tipo de vehículos financieros. Hace dos semanas este diario ya publicó que entre los nueve primeros meses del presente ejercicio se habían reducido un 11% respecto al mismo periodo de 2020… y lo que queda.

Andbank Wealth Management, gestora de Tortuga 2014, comunicó el pasado jueves a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que la decisión de bajar la persiana fue adoptada por la junta de accionistas el pasado 13 de julio. Como también se acordó solicitar la baja voluntaria de la sociedad en el Registro Administrativo de Sociedades de Inversión de Capital Variable de la CNMV y, como consecuencia de este acuerdo, solicitar la exclusión de cotización de la totalidad de las acciones en el BME Growth.

Tortuga 2014 fue debidamente registrada por el organismo supervisor a finales de junio de 2013, tal y como avanzó Valencia Plaza entonces. Era la segunda sicav del actual consejero delegado de la cotizada Clínica Baviera, dado que ya contaba con Alcestis Investment, que recibió la pertinente autorización por la CNMV en julio de 2006. Ambas sicavs, presididas por el propio Eduardo Baviera, están domiciliadas en Madrid pero no comparten gestora, dado que mientras Andbank se encarga -o encargaba de la primera, la segunda corre a cargo de A&G Banca Privada.

Al cierre del tercer trimestre de 2021, Tortuga 2014 contaba con un patrimonio de 9,88 millones de euros después de sufrir dos fuertes reembolsos a primeros de marzo, tal y como también adelantó este diario. Un patrimonio que contrasta con los casi 50 millones de euros que contaba a finales de 2017. Eran tiempos donde estas sociedades que tributan igual que un fondo de inversión -y donde cualquier pequeño ahorrador puede participar dado que cotizan en bolsa- no estaban en el punto de la diana como sucede actualmente.


Asimismo, y también a fecha 30 de septiembre de 2021, Tortuga 2014 apenas tenía en su accionariado a 10 personas -el mismo número que al término del primer semestre-, síntoma evidente de que estaba en proceso de liquidación, muy por debajo del mínimo legal establecido en los 100. Todo lo contrario que Alcestis Investment, con 141 accionistas y un patrimonio a esa fecha de 38,80 millones de euros.

Echando un vistazo al último informe publicado por Tortuga 2014 en la web del organismo presidido por Rodrigo Buenaventura, dicha sicav tenía 20 posiciones en situación morosa, dudosa o en litigio. En total eran 20 posiciones que representaban una valoración sobre la cartera del 1,15%. Las más significativas correspondían a Privatbank, con un cupón 10,875% y que venció el 28 de febrero de 2018, que supone un peso del 0,52%; y Chaparral Energy -cupón 8,75%-, con vencimiento 15 de julio de 2023, con un peso del 0,50%.

Nuevos requisitos a partir del 1 de enero de 2022

A partir del próximo 1 de enero entra en vigor la Ley 11/2021 de 9 de julio que, entre otros aspectos, recoge los nuevos requisitos de las sicavs. La misma que fija una inversión mínima de 2.500 euros -o 12.500 euros en el caso de una sicav por compartimentos-, con el fin de contabilizarlas dentro del mínimo de cien participantes necesario para tributar al 1% en el Impuesto sobre Sociedades. 

Para aquellas sociedades que se disuelvan como consecuencia de esta regulación, se plantea un régimen transitorio de seis meses exento de impuestos, incluida la 'Tasa Tobin', condicionado a la reinversión en otros instrumentos. Asimismo, el número mínimo de accionistas tiene que permanecer como mínimo las tres cuartas partes del periodo impositivo. Todo ello bajo la vigilancia de la Agencia Tributaria y no de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), que hasta ahora venía el organismo encargado de ello.

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