CARTAGENA. El Ayuntamiento de Cartagena, a través de la concejalía de Ciudad Sostenible, va a instalar 17 nuevos puntos de control, a través de dispositivos de cámaras con captura de matrículas para sistema de control calidad del aire y accesos. Los mismos forman parte de la implantación de Zonas de Bajas Emisiones y zonas de transición en Cartagena, que complementen las instaladas inicialmente y mejoren los modelos de tráfico y de dispersión de gases. El ámbito del trabajo lo constituye las zonas de bajas emisiones y de transición en el ensanche y zona centro de Cartagena. ¿Cuándo llegarán, por tanto, las restricciones de acceso y las sanciones?
Por ahora, de las 15 ciudades españolas que han activado ya las nuevas Zonas de Bajas Emisiones en su población, las decisiones son comunes: todos los vehículos sin derecho a etiqueta medioambiental de la DGT (es decir, principalmente los matriculados antes del 1 de enero de 2001 si son de gasolina, o previos al año 2006 si son diésel) tienen ya prohibido su acceso y circulación a estas áreas con restricciones, incluyendo algunos municipios incluso el paso a los vehículos con etiqueta B y C si no es para entrar a un aparcamiento público. Con esta normativa, y teniendo en cuenta el antiguo parque automovilístico español, se estima ya que más de 3 de cada 10 vehículos en circulación va a tener por tanto vetado su acceso a todas estas Zonas de Bajas Emisiones, lo que sin duda va a generar graves problemas de movilidad en buena parte de la población.
Cartagena no habla, de momento, de sanciones porque no plantea restricciones a la circulación del vehículo privado innecesarias, sino que basa la reducción de emisiones en estrategias de calmado de tráfico, como la supermanzanas, y en la monitorización de las zonas seleccionadas para la optimización de la movilidad.
Recordemos que Cartagena cuenta con dos zonas determinadas para estas. Los accesos de los diferentes vehículos serán regulados por ordenanza municipal, cumpliendo el etiquetado de vehículos según su potencial contaminante, DGT (Orden PCI/810/2018, de 27 de julio). El control de los accesos a las zonas de bajas emisiones es inviable que sea realizado exclusivamente por los agentes municipales, por el alto número de ellos que habría que dedicar. Se hace necesario usar un sistema de vigilancia mediante cámaras, y aplicaciones informáticas que gestionen los datos captados por ellas. Con el objeto de reducir las emisiones de gases y partículas contaminantes generadas por el tráfico de vehículos, mejorar la calidad de vida, la seguridad vial y la seguridad ciudadana, se pretende instalar un sistema automatizado de control de las zonas de baja emisiones.
Estará compuesto por dispositivos de captura y envío imágenes y por los sistemas de información necesarios para la gestión efectiva de la zona de bajas emisiones, que reciba los elementos capturados y compruebe los datos de los vehículos y su nivel de autorización según los criterios establecidos para la zona. También debe recopilar datos estadísticos para realizar estudios de comportamiento del tráfico, y permitir el acceso a los ciudadanos mediante portal web para realizar trámites de gestión de autorizaciones de entrada a la ZBE y de gestión de las sanciones.
Desde el Ayuntamiento de Cartagena aseguran que su proyecto de zonas de bajas emisiones será pionero y diferente al modelo tradicional que plantea el gobierno de España y añaden que no será restrictiva, ni prohibitiva ni sancionadora.
Este nuevo modelo no implica inicialmente sanciones, pues no plantea restricciones a la circulación del vehículo privado innecesarias. El modelo se ha desarrollado en colaboración con a UPCT en el marco de un laboratorio urbano de investigación y en el cual se monitorizará el tráfico y el medioambiente de la ciudad con nuevos sensores y cámaras de última generación, y en el que aplicando tecnologías de inteligencia artificial y data mining se buscarán fórmulas de optimización del tráfico para reducir las emisiones de efecto invernadero.
De esta manera, el modelo de la ciudad de Cartagena, va a basar la toma de decisiones en el conocimiento científico y técnico, y no en la experiencia tras plantearse en otras ciudades, planteando soluciones que realmente se haya contrastado previamente que sean efectivas en la mejora de la calidad del aire.
