CARTAGENA. El Ayuntamiento de Cartagena se remite al informe que prepara sus servicios jurídicos para decidir si acata la sentencia que le obliga a pagar a la exalcaldesa Pilar Barreiro 75.000 euros o si, finalmente, seguirá litigando y recurrirá la misma. Noelia Arroyo ha pedido celeridad a su equipo de jurídicos para que resuelva cuanto antes y se pueda actuar de inmediato.
Dicha indemnización llega como consecuencia de los gastos jurídicos que asumió Barreiro tras ser acusada de un delito de prevaricación administrativa en el marco del caso Novo Carthago.
La sentencia admite el recurso presentado por Barreiro contra la resolución por la que el Consistorio rechazó abonarle las cantidades que la exregidora tuvo que afrontar al contratar a abogados particulares, tras renunciar a ser defendida por los servicios jurídicos municipales para evitar un supuesto conflicto de intereses.
"Haremos lo que nos recomienden los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Cartagena. En estas decisiones no debemos intervenir los políticos. Cuando reciba el informe, haré lo que diga el informe y si se decide no recurrir, no lo haremos". No obstante, Arroyo aclaraba que "cualquier político en el desarrollo de su responsabilidad tiene derecho a pedirlo si considera que ha tenido algún daño o perjuicio. A priori parece lógico para todos, no solo en este caso de la señora Barreiro. La decisión la tomará el equipo de Gobierno en función de la recomendación de los servicios jurídicos, teniendo en cuenta que recurrir tiene unas costas, unos intereses y que puede ser un perjuicio mayor para Cartagena".
"Cuando se alargan las decisiones basadas en criterios técnicos no es bueno para la perjudicada ni para nosotros para que no se siembre ninguna duda ni sospecha. Tenemos que tomar decisiones en base a criterios jurídicos. Sé que algunos alcaldes de Cartagena en el pasado que han tomado decisiones contrarias a los servicios jurídicos, pero en mi caso no es así".
Respecto a lo que piensa o no la vicealcaldesa, Ana Belén Castejón, quien, recordemos se personó como acusación particular junto con Juan Pedro Torralba, la propia alcaldesa aclaraba que "he escuchado a la vicealcaldesa en una entrevista que ha dicho que se acogerá a lo que digan los servicios jurídicos".