José Luis Díaz Manzanero, Físcal de la Región de Murcia en la rueda de prensaMURCIA. El robo con violencia aumentó en la Región un 23.82% en 2019 respecto al año anterior, así como la denuncias de acoso inmobiliario, que pasaron de una a siete. Así lo ha señalado el Fiscal Superior de la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, en la rueda de prensa de presentación de la Memoria de la Fiscalía de 2019.
"Los responsables del acoso inmobiliario actúan con intimidaciones para conseguir que las personas abandonen el domicilio incluso antes de que el juez ordene el desahucio", ha apuntado Manzanera, a lo que ha añadido que la pena de prisión de estos casos "no es elevada", además de una alternativa de multa dependiendo de la magnitud del delito.
Por otra lado, los delitos de abusos sexuales de menores entre 14 y 18 años también aumentaron de 39 en el 2018 a 61 en el 2019, así como la pornografía infantil que se relaciona por un mayor acceso al uso de las nuevas tecnologías. "La vía de comunicación es mucho más intensa a través de las tecnologías, lo que ha generado más contactos. Lo consideramos muy preocupante", afirmaba Díaz. Los padres deben de estar presente en el funcionamiento de los menores con las redes porque "todos debemos aportar".
En cuanto a los delitos relacionados con la violencia de género, Díaz Manzanera destacó que el 22% de las denuncias resultaron absolutorias, y que en más de la mitad de las ocasiones fueron retiraras por la propia mujer, lo que "provoca una cierta impunidad al agresor por falta de pruebas".
Por eso, desde la Fiscalía solicita la reforma del artículo 416, en el que se dicta el derecho de la mujer a no declarar en cualquier momento del procedimiento. Díaz ha explicado que, si hay pruebas suficientes y claras, aunque la víctima se retracte del caso, el fiscal no puede omitir la denuncia. Por otro lado, la pulsera como medida de Alejamiento y Prohibición de Comunicación ha aumentado a 56 casos más en el 2019 llegando a estar a final de año 162 activas.
Con respecto al Mar Menor, la aprobación de Los Alcázares como Personalidad Jurídica a la laguna, el Fiscal lo ha considerado como un acto “absolutamente novedoso” y “aceptado”, aunque no está regulada en España, pero que existen referentes en otras partes del mundo. Esto concede a la laguna el “poder exigir responsabilidades como si fuese una persona jurídica”.
Los ciudadanos pueden iniciar una actuación en nombre de ese sujeto de derechos, en el caso del Mar Menor, un ecosistema. Asegura que hasta que no se regule nacionalmente, esa ley tendrá problemas jurídicos, pero considera que es un “un paso muy importante en defensa del medio ambiente”.
Las denuncias a las residencias de mayores durante la crisis sanitaria han aumentado y, mediante la vía penal, siguen activas dos de esas denuncias impuestas a la residencia ‘Caser’ y el centro ‘Los Olivos’, mientras que con las denuncias civiles se está recibiendo todas las semanas un informe sobre el estado de esas residencias, y afirma que la situación está “controlada” y comprobado con la Fiscalía Civil.
Por último, ha destacado la labor realizada por los juzgados durante la pandemia, en el intento de no retrasar la justicia.
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia también ha mostrado su apoyo a las medidas de lucha contra los rebrotes de la covid-19 aprobadas por el gobierno regional y que han tenido su máxima manifestación con el confinamiento de los habitantes del municipio murciano de Totana.
El fiscal superior ha dicho este viernes a Efe que "se trata de cuestiones relacionadas con la salud pública, y ésta tiene preferencia sobre los derechos individuales".
Díaz Manzanera ha señalado también que en el informe presentado en el juzgado de guardia este jueves, el ministerio público dio su respaldo a las citadas medidas que tratan de poner freno a los rebrotes surgidos en Murcia y en otras localidades de la Región.
Precisamente ese juzgado, en una resolución conocida a últimas horas de la noche, consideró plenamente justificadas las medidas acordadas por el gobierno regional.
El fiscal superior ha comentado que la decisión del gobierno autónomo está justificada y bien argumentada, ya que la administración ha de responder ante situaciones en que está en juego la salud pública.
