La alcaldesa de Els Poblets, Carolina Vives. Foto: EFEALICANTE. Las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía de Alicante por la vacunación supuestamente irregular de cargos públicos de la provincia arroja los primeros resultados. Las pesquisas preprocesales llevadas a cabo desde el mes de febrero, tras la denuncia de dos activistas vecinales, han llevado a la Fiscalía a formular denuncia contra el alcalde de La Nucía y diputado provincial, Bernabé Cano (PP), y contra los alcaldes de El Verger y Els Poblets, Ximo Coll y Carolina Vives (ambos matrimonio y del PSPV).
Alicante, por tanto, sigue investigando judicialmente el escándalo de las vacunaciones irregulares cuyas diligencias, sin embargo, en la Región fueron archivadas por el fiscal. El máximo representante del Ministerio Público en la Región, José Luis Díaz Manzanera, no encontró ningún delito en las vacunaciones de la exalcaldesa de Molina de Segura Esther Clavero ni en la del concejal de Murcia Felipe Coello, ni tampoco en las inmunizaciones del exconsejero de Salud Manuel Villegas ni la cúpula de su departamento, ni tampoco en la del obispo de la Diócesis de Cartagena, José Manuel Lorca Planes. Los cuatro casos supusieron un escándalo público, de los que el fiscal no encuentra razones para seguir por la vía penal.
En Alicante, a la vista de la información recopilada en los informes demandados a la Conselleria de Sanidad, la Fiscalía estima que existen indicios racionales para considerar que los tres podrían ser responsables de un delito de cohecho impropio pasivo previsto en el artículo 422 del Código Penal por haber recibido los viales frente a la covid-19 sin formar parte de los grupos prioritarios establecidos en los protocolos de vacunación. Es más, se considera que pudieron recibir el inyectable al tratarse de relevantes y conocidos cargos públicos en el ámbito geográfico de la residencia o centro sanitario en el que se les administró la vacuna.
En esta línea, la Fiscalía concluye que recibieron la primera dosis por la especial posición que ostentaban y por el poder que el cargo público desempeñado les otorgaba. Así, aunque la denuncia se limita a apuntar un posible delito de cohecho pasivo, queda abierta a la posibilidad de que su alcance pueda ampliarse en el transcurso de la previsible instrucción judicial que pueda iniciarse ahora.
De igual modo, la denuncia también está sujeta a la posible incorporación de otras personas a las que se pudiera imputar otros indicios delictivos, en el caso de que se comprobase que hubiesen participado en los mismos hechos y de que se demostrase una especial connivencia con los denunciados. Eso sí, en principio se descarta la posibilidad de actuar contra los sanitarios que administraron las vacunas, al no apreciarse ninguna conducta irregular en su comportamiento.
Así, la Fiscalía ha registrado ya las correspondientes denuncias en los juzgados de La Vila y Dénia, que ahora deberán turnarlas para que los jueces en los que queden repartidas diluciden si las admiten a trámite para la incoación de diligencias de investigación. Al tiempo, la Fiscalía acuerda el archivo de las diligencias por lo que respecta al resto de los cargos públicos que figuraban en la denuncia. Se trata del diputado provincial y responsable del centro Doctor Esquerdo, Juan Bautista Roselló; del obispo de la Diócesis Orihuela-Alicante, Jesús Murgui; de su hermana, de su cuñado y del vicario general de la diócesis; del edil de Benejúzar, José Antonio García; del edil de Orihuela, José Galiano; y de la ex edil de Dénia, Cristina Morera.
En todos esos casos, se concluye que no procede interponer denuncia puesto que recibieron la vacuna porque tenían derecho a ello en el momento en el que les fue suministrada. Además, en los casos concretos de Galiano y Morera (ambos, ediles de Sanidad en sus respectivos municipios), la Fiscalía considera que sus respectivas vacunaciones no fueron provocadas ni forzadas con su intervención.
Respecto de Galiano, la Fiscalía llega a la conclusión de que en la administración de su vial no hubo regalo ni dádiva puesto que se realizó cuando se agotaron las posibilidades de administrarla a otra persona que cumpliese los criterios establecidos en el protocolo. Y la misma apreciación valdría por lo que respecta a Morera, responsable política de la Residencia Santa Lucía de Dénia, en tanto que fue llamada por sus trabajadores para que buscase a personas mayores susceptibles de recibir las vacunas sobrantes. Así, la Fiscalía determina que recibió el vial después de que sobrase una última dosis sin que se encontrase a ninguna otra persona susceptible de recibirla.
