SEVILLA. El caso de los ERES fraudulentos, uno de los episodios más importantes de corrupción que se hayan producido en España ya tiene responsables. Los ex presidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán y otros altos cargos de sus respectivos gobiernos.
Desde las doce del mediodía de este martes se ha dado a conocer la sentencia de los ERE fraudulentos en Andalucía:
El expresidente andaluz José Antonio Griñán ha sido condenado a seis años de prisión por un delito de malversación y prevaricación continuadas. Por su parte, Manuel Chaves, ha sido condenado a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Así lo recoge la sentencia que ha dado a conocer este martes el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Sevilla pasado casi un año desde el final del juicio y cerca de nueve desde que la juez Mercedes Alaya iniciase la instrucción de la causa.
La Fiscalía Anticorrupción pedía para Griñán seis años de prisión y 30 de inhabilitación por prevaricación y malversación y para Chaves diez años de inhabilitación por prevaricación. La sentencia es recurrible ante el Tribunal Supremo.
Las otras condenas han ido en ese sentido: Magdalena Álvarez, exconsejera de Economía y Hacienda, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación. Igual que Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia.
El ex director general de Trabajo andaluz Javier Guerrero, se lleva una condena de siete años y once meses de prisión por un delito de malversación. Los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera, de siete años y Antonio Fernández también ha sido penado a siete años y once meses respectivamente por malversación.
Sólo dos de los 21 acusados han sido absueltos totalmente por la Audiencia Provincial de Sevilla, el exinterventor general de la Junta Manuel Gómez y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río.
Los exsecretarios generales técnicos de Empleo Juan Francisco Sánchez, Javier Aguado y Lourdes Medina y el exdirector de la agencia IFA-IDEA, Jacinto Cañete, sólo han sido condenado por prevaricación y no por malversación, por lo que no irán a prisión como pedía la Fiscalía y sólo reciben condenas de inhabilitación
El juicio quedó visto para sentencia el pasado mes de diciembre tras un año y cuatro días y 152 sesiones después en una causa compuesta por 14.276 folios divididos en 38 tomos. El fallo se esperaba desde hace unos meses pero la cita electoral del 10N provocó el retraso en su conocimiento.
La Fiscalía acusaba los ex altos cargos de defraudar 855 millones de euros tras la supuesta creación de un sistema de ayudas públicas "totalmente opaco" al margen "de los ciudadanos" y de los controles establecidos por la Intervención General, un importe en principio destinado a la reactivación de empresas en crisis y ayudar a los trabajadores.
Los 21 ex altos cargos estaban acusados por un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de malversación. Si bien, algunos de ellos sólo han sido enjuiciados por prevaricación, como Manuel Chaves, los exconsejeros Gaspar Zarrías y Magdalena Álvarez, el exviceconsejero José Salgueiro, el ex director general de Presupuestos Antonio Lozano y el exjefe del Gabinete Jurídico Francisco del Río, y se enfrentan a diez años de inhabilitación.
