MURCIA (EUROPA PRESS). Interinos murcianos se han manifestado este domingo por las calles del centro de Murcia a bordo de unos 160 vehículos para protestar contra la situación de "fraude de ley" en la que está contratado el personal interino por "abuso de la temporalidad" y exigir su contratación fija por parte de la administración. Así lo ha hecho saber a Europa Press el funcionario interino de la Consejería de Educación y Cultura y miembro de la Asociación de Interinos Docentes de la Región de Murcia (Aidmur), Francisco Javier Paredes Martínez, quien ha explicado que la movilización se ha organizado a nivel estatal y se ha desarrollado paralelamente en más de 30 ciudades de todo el Estado.
Todas las movilizaciones han consistido en la organización de una caravana compuesta fundamentalmente por coches, pero en la que también han concurrido motos y bicicletas. En concreto, los participantes han hecho sonar el claxon y han coreado sus eslóganes para exigir la contratación fija de los interinos para poner fin a su situación fraudulenta.
En la manifestación, en la que han participado tanto docentes como personal del ámbito sanitario, judicial y de la administración general autonómica, ha salido a las 10.30 horas desde la avenida Río Madera de Murcia y ha recorrido la avenida Juan de Borbón, Ronda de Levante, la plaza Circular, la Gran Vía, Ronda de Garay, la avenida de la Fama y Ronda de Levante para regresar de nuevo a su punto de partida.
Paredes ha arremetido contra las "promesas incumplidas" por parte de las administraciones. "Supuestamente, van a modificar el Estatuto Básico del Empleado Público, para que este tipo de contratación temporal no se vuelva a repetir en el futuro, pero no aclaran lo que pasará con los que estamos ya trabajando contratados en fraude de ley", lamenta.
En este sentido, recuerda que todos los partidos políticos con representación en el Congreso usan la expresión "fraude de ley" para referirse a la situación de este colectivo, con lo que admiten su situación irregular. Aunque parece que los grupos parlamentarios se han propuesto limitar la temporalidad, el personal que ya es interino está preocupado por su situación.
Ha recordado que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya dictaminó en su sentencia del 19 de marzo de 2020 que "hay que establecer una sanción efectiva y disuasoria" para el Estado, o bien "la no temporalidad".
Los interinos reivindican su fijeza en el puesto de trabajo y no se conforman con que el Gobierno de España legisle para sancionar esta situación. "Eso está muy bien a futuro, pero el problema es la gente que ya ha pasado unos procesos selectivos y se encuentra en situación de interinidad", explica.
Paredes recuerda, además, que el Tribunal de Justicia de la UE dictaminó en su sentencia que los procesos selectivos no pueden ser un método para sancionar el abuso. "Y es que someter a los interinos a un nuevo concurso oposición no supone sancionar al abusador, sino al abusado", ha aclarado.
Los interinos sospechan que se van a establecer sanciones para las administraciones que saquen todas las plazas estructurales a oposición. Sin embargo, recuerda que a la UE no le vale "cualquier sanción", sino que tiene que ser "efectiva y disuasoria" para que esta situación no se vuelva a repetir.
Por ejemplo, ha señalado que a la UE no le valdría con que se despida a los interinos y se les indemnice con 20 días por año trabajado. Y es que este tipo de fórmula ya ha sido anulada en otros países como en Italia. Por tanto, defiende que "lo más efectivo, a coste cero, es legislar para estabilizar a los miles de interinos".
Paredes critica que el problema es que todos los políticos se ponen de parte de los interinos y empatizan con su problema pero "nadie hace nada". Además, las soluciones que llegan a oídos de los afectados "no son buenas" porque no determinan qué va a pasar con los interinos.
"Nosotros nos tememos que van a hacer lo mismo que han hecho siempre", según Paredes. De hecho, recuerda que las oposiciones de Secundaria convocadas para 2021 siguen su curso y no se ha paralizado el proceso.
"Las razones principales son que la mayoría de puestos que ahí se ofertan son estructurales y están ocupados por personas en fraude de ley, además que pueden constituir un foco de contagios importante en plena pandemia", afirma Paredes.