PP y Vox dan el primer paso para reformar la Ley de Transparencia e incluir el rol de Defensor del Pueblo

MURCIA. PP y Vox se ponen manos a la obra para cumplir uno de los puntos clave de su acuerdo programático de coalición, sellado a comienzos de septiembre. Se trata de la actualización de la Ley de Transparencia regional. Ambas formaciones se comprometieron a impulsar una reforma legislativa para dotar al presidente del Consejo de la Transparencia de las atribuciones de 'Defensor del Pueblo de la Región de Murcia'.

La Junta de Portavoces, reunida este miércoles, ha programado para el próximo jueves la celebración de la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales con el objetivo de constituir una ponencia y elaborar "la modificación legislativa de la Ley de Transparencia", como así detalló el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado.

Ambos socios de Gobierno quieren dotar de "más contenido" a la actual norma, que vio la luz en 2014. Asimismo buscan que el presidente del Consejo de Transparencia pueda adoptar el rol de 'Defensor del Pueblo'. Y la elección de la persona encargada de presidir este órgano corresponderá a Vox, tal y como sellaron en su acuerdo de gobernabilidad. El nombramiento del presidente requiere, según recoge la Ley regional de la Transparencia en su artículo 38, una mayoría de dos tercios de la Asamblea en una primera votación o mayoría absoluta en una segunda elección.

Con todo, todos los grupos parlamentarios podrán plantear sus propuestas de cambio. El popular Miguel Ángel Miralles González-Conde preside esta comisión, que tiene como vicepresidente al socialista Juan Andrés Torres y al diputado de Vox Alberto Garre como secretario. Cabe destacar la casualidad de que el propio Garre presidía la Comunidad cuando la ley fue aprobada en la Asamblea Regional.

La Presidencia del Consejo de la Transparencia fue objeto de controversia en la pasada legislatura, con hasta tres personas en el cargo tras la renuncia del magistrado Julián Pérez Templado en junio del 2022. Su sustituto, el profesor Santiago Álvarez, se marchó entre críticas al Gobierno regional -le acusó de "boicot"-, y a finales del año pasado asumió el puesto Juana Pérez, presidenta de la organización de consumidores Thader Consumo.