Foto: ASAMBLEA REGIONALMURCIA. La Asamblea Regional ha dado este miércoles luz verde a la nueva ley de Recuperación y Protección del Mar Menor que, entre otras novedades, amplía de 500 a 1.500 metros la franja de restricción de uso de fertilizantes en torno a la laguna, reduce de 5 a 3 años el plazo para aprobar el plan de ordenación territorial y obliga a la restitución de regadíos ilegales.
La norma ha salido adelante con el voto favorable de PP, Ciudadanos y PSOE (Podemos y Vox han votado en contra), que durante el trabajo parlamentario en comisión ya habían consensuado en torno al 90 por ciento de las más de cien enmiendas que se han incorporado al texto original, el decreto de Protección Integral del Mar Menor aprobado en diciembre de 2019.
Una de las reformas más significativas que se ha incluido en la ley es la del artículo 29 para la ampliación de la franja de especial protección de la albufera, que pasa de 500 a 1.500 metros.
En concreto, se mantiene la prohibición de usar fertilizantes en los primeros 500 metros que ya contemplaba el decreto, mientras que en el siguiente kilómetro se prohíbe el uso de todo tipo de fertilizantes, estiércoles no compostados o abono en verde y la implantación de nuevos invernaderos o la ampliación de los ya existentes.
En esa área, especifica la norma, solo se permitirán la agricultura ecológica y la sostenible de precisión en riegos consolidados y que no excedan los 170 kilos de nitratos por hectárea al año, y cada parcela cultivada deberá reservar un 20 por ciento de su superficie a crear setos, filtros verdes, humedales o espacios forestales que minimicen las escorrentías en caso de lluvias.
Además, se ha incluido un apartado que permite ampliar esas restricciones a través del plan de ordenación territorial de la cuenca (POT) y de programas de actuación específicos para la zona vulnerable del Campo de Cartagena.
La redacción de ese POT deberá estar lista en 3 años, frente al plazo de 5 que establecía el anterior decreto, y su ámbito territorial pasa de abarcar solo la denominada zona 1 a toda la cuenca vertiente a la laguna.
Se establece también la obligación de restituir “a un estado natural compatible con el uso forestal” los regadíos ilegales eliminando las infraestructuras de riego, suprimiendo los cultivos e implantando en los terrenos masas forestales que ayuden a retener nitratos y evitar escorrentías, o bien la restitución de cultivos de secano.
Asimismo, se incluye un régimen sancionador para las desalobradoras irregulares, la prohibición definitiva de invernaderos en la franja de 1.500 metros y una moratoria para toda la cuenca vinculada al POT.
En cuanto al comité de participación social, recogido en el artículo 7, se define su composición, que incluye a las administraciones públicas, a un comité científico y a las organizaciones sociales, y respecto al comité científico, se detalla que su mandato será de 5 años prorrogables a otros cinco.
Sobre los puertos, se establece que todos ellos deberán ser evaluados en el plazo de un año.
Para el secretario general y portavoz del PSRM-PSOE, Diego Conesa, estas aportaciones mejoran sustancialmente el texto inicial de la ley, pero ha advertido de que la nueva norma, por sí sola, no resolverá el problema de la albufera.
En cualquier caso, ha defendido el consenso logrado para buscar una solución a la difícil situación y ha insistido en la obligación de que la administración ponga los medios para que la ley se cumpla.
Para el portavoz parlamentario de Vox, Juan José Liarte, la norma y los acuerdos alcanzados no responden al rigor científico o técnico, sino a “componendas políticas” cuya eficacia no está en absoluto demostrada.
En su opinión, la solución para el Mar Menor pasa por dejar de hacer “política bipartidista con él”, y ha lamentado que se vayan a causar perjuicios al sector agroalimentario sin saber si las medidas serán eficaces para regenerar la laguna.
Por su parte, la portavoz parlamentaria de Podemos, María Marín, ha lamentado que las medidas aprobadas hoy deberían haber estado vigentes hace al menos una década y ha denunciado que otras normas anteriores, como la de Medidas Urgentes de 2018, nunca llegaron a ejecutarse ni cumplirse.
La actual ley, ha opinado, “está llena de trampas” y “nace ya muerta”, puesto que seguirá “blanqueando” las prácticas agroindustriales actuales, incluso subvencionando la aplicación de nitratos en la zona 1 con la denominación de “agricultura sostenible de precisión”.
Por el contrario, el portavoz parlamentario de Ciudadanos, Juan José Molina, ha insistido en que el acuerdo demuestra que los partidos han sabido “tener la cabeza fría” y alejarse de sus intereses políticos para lograr un acuerdo amplio que permita lograr “un Mar Menor sano y una economía sostenible”.
Por último, el portavoz parlamentario del PP, Joaquín Segado, ha defendido que esta ley “histórica” de un “paso definitivo” en la recuperación del Mar Menor, que ha definido como “el problema más complejo de la última década” en la comunidad autónoma, y ha exigido al Estado que cumpla con las medias incluidas en el plan de vertido cero para llevar a cabo obras hidráulicas que complemente a esta ley.
Tras la votación, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, ha tomado la palabra para valorar el consenso logrado en esta ley que “es una gran solución para un gran problema” pero que, ha advertido, necesita también de la implicación del Estado.
En ese sentido, ha exigido a la Confederación Hidrográfica del Segura que no ponga “palos en el camino de los consensos” con medidas que no aportan “nada positivo” ni a la laguna ni a la agricultura, y ha reclamado una solución de estado a un problema de estado.
