El Gobierno regional se escuda en que no ha recibido ninguna comunicación oficial del Ejecutivo central
MURCIA. Solamente tres territorios autonómicos no seguirán la hoja de ruta marcada por el Gobierno central para el déficit de 2024: País Vasco, Comunidad Valenciana y la propia Región de Murcia. El Ejecutivo nacional, antes de tomar posesión en noviembre, había establecido un plan presupuestario en el que las comunidades no debían exceder del límite del 0,1% del PIB regional para sus cuentas. Ese documento fue enviado a la Comisión Europea en octubre. Sin embargo, a la hora de la verdad, la Comunidad Autónoma decidió mantener el mismo umbral del año pasado, fijado en el 0,3%, como así figura en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales aprobado la pasada semana en Consejo de Gobierno y que cursa actualmente su tramitación parlamentaria en la Asamblea Regional.
El Gobierno regional contará con un margen de hasta 119,42 millones para gastar el año que viene, que es la cifra que supone el 0,3% del PIB de la Región de Murcia. Este dinero es el triple de lo que debería disponer si cumpliera con las indicaciones del Ejecutivo nacional, ya que el 0,1% equivaldría a unos 39,80 millones de euros. Y eso que el Ministerio de Hacienda rebajó sus planes iniciales, pues al principio no contemplaba ningún déficit para las autonomías. Finalmente renunció a la idea de exigir un 'equilibrio financiero', optó por dar un balón de oxígeno y concedió una décima de gasto autorizado a todos los gobiernos autonómicos.
Sin embargo, Murcia no hará caso. Y no es la única autonomía que lanza este órdago. También la Generalitat valenciana incluyó un déficit del 0,3% en sus cuentas, aprobadas a principios de noviembre. La tercera que tampoco lo aplica es el País Vasco, aunque en este caso por motivos distintos, ya que cuenta con un régimen foral especial y tiene previsto una negociación bilateral con el Ejecutivo nacional para abordar este asunto.
¿Y por qué la Región mantiene el déficit en el 0,3%? La Consejería de Economía, Hacienda y Empresa que dirige Luis Alberto Marín tiene varios motivos. Pero el principal es porque, oficialmente, la Comunidad no tiene ningún comunicación del Gobierno central. Aducen que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien fija los criterios de déficit, lleva sin convocarse desde el 27 de julio de 2022. Sostienen que la tasa del 0,1% conllevaría un "flagrante agravio comparativo" con el Ejecutivo de Sánchez y sobre todo esgrimen la delicada situación financiera de la Región, perjudicada por el sistema de financiación autonómica que tanto le lastra desde hace más de una década.
Así lo explican fuentes de la Consejería a preguntas de Murcia Plaza: "Las comunidades autónomas hemos tenido que elaborar los Presupuestos con base en proyecciones y estimaciones por la nula colaboración y lealtad por parte del Gobierno central". Aseguran que "el Ministerio de Hacienda tenía que haber comunicado a las comunidades información esencial para los Presupuestos como las cantidades de las entregas a cuenta o los objetivos de déficit". Sin embargo, esa comunicación, que suele anunciarse en el mes de julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no existe a día de hoy. Por eso lamentan que el Ejecutivo central no haya convocado el Consejo, pues "el reglamento de este organismo obliga a celebrar al menos dos reuniones anuales".
Por todo ello, señalan, a la hora de elaborar los Presupuestos de la Comunidad no existía ninguna comunicación oficial sobre el objetivo de déficit "más allá de la referencia que incluyó el Gobierno en el Plan Presupuestario 2024 que remitió a Bruselas y en el que sólo se incluía una mención a una previsión de cierre del 0,1% para el conjunto del subsector de las comunidades". A juicio de la Consejería, esta tasa, que insiste en que "no se llegó a comunicar a las comunidades en ningún momento", conllevaría "un flagrante agravio comparativo con el déficit del Gobierno de Pedro Sánchez, quien por la puerta de atrás se reservó un déficit global del 3%". Pese a todo, remarcan que las cuentas se han elaborado "de forma responsable, con prudencia, y han recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)".
Y sobre todo como principal argumento está el sistema de financiación autonómica. Los datos de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda colocan a Murcia como la peor financiada del país. Según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el año 2021, último del que hay datos, la Región recibió 2.691 euros por habitante ajustado para sanidad, educación y servicios sociales, 780 euros menos que Cantabria, la mejor financiada, y 272 euros menos que la media. Murcia, de hecho, ocupa el último puesto de la tabla, al desbancar en esta deshonrosa posición a la Comunidad Valenciana.
Con todo, esta decisión de Murcia, a prori, no infringiría ninguna ilegalidad, dado que Moncloa envió a Bruselas un programa de estabilidad y un plan presupuestario. Esto es, mandó unos compromisos para cumplir objetivos. No obstante, tal y como ocurre con Valencia, no dejaría en buen lugar al Gobierno de España ante la Comisión Europea, ya que al menos dos autonomías no se ajustarán a su plan presupuestario.
De hecho, en octubre, el presidente murciano ya expresó públicamente su oposición a esta petición del Gobierno español, como así informó este periódico. Fernando López Miras consideraba "muy injusto" aplicar el mismo límite de déficit de gasto a la Región de Murcia que a otras autonomías que no padecen el problema de la infrafinanciación: "Es muy injusto exigir el mismo déficit a aquellos que cada año reciben del Gobierno de España 1.400 millones de euros más que la Región de Murcia, a pesar de tener la mitad de población", afirmaba entonces.
Por eso, para el Ejecutivo regional tampoco es casualidad que tanto Valencia como Murcia mantengan la tasa de 2022. "Somos las dos comunidades peor financiadas desde el año 2009, una situación que dificulta enormemente la financiación de los servicios públicos fundamentales. El déficit y la consiguiente generación de deuda son el resultado directo de la infrafinanciación y de la negativa del actual Gobierno central a reformar el sistema de financiación", subrayan.
La Comunidad, además, se muestra decidida a mantener este 0,3%: "El compromiso del Gobierno de López Miras con el Estado del Bienestar del millón y medio de habitantes de la Región no admite matices", por lo que, añaden, "no vamos a consentir que el Gobierno central, que quiebra el principio de igualdad entre españoles y beneficia impunemente a los más desleales con el Estado, afecte a la sanidad y a la educación de los ciudadanos de la Región".