Isabel Franco y Ana Martínez Vidal, en 2019, en la noche electoral autonómica. Foto: CRISTÓBAL OSETE (EFE)El partido insiste en defender que es el "primer interesado en solventar este asunto" y pide "respeto" a la presunción de inocencia
MURCIA. Ciudadanos se resiste a valorar las informaciones que se conocen sobre la investigación de las primarias que el partido celebró para elegir a su candidato a la Presidencia de la Comunidad en 2019. La formación liberal siempre se ha remitido a señalar que respeta la investigación judicial al tiempo que defiende que colabora con la Justicia. En esos términos se expresó este jueves la coordinadora regional y portavoz del Gobierno regional, Ana Martínez Vidal, quien, a preguntas de los periodistas, se limitó a reseñar que "debe prevalecer en cualquier procedimiento judicial la presunción de inocencia" al mismo tiempo que añadía: "Somos los mayores interesados en que esta cuestión se solvente".
Sin embargo, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) han mostrado en varias ocasiones su malestar con la actitud del partido durante la investigación. La Udef, en su último escrito enviado al Juzgado de Instrucción número 5 de Cartagena -al que ha tenido acceso Murcia Plaza-, echan en cara tanto a Ciudadanos como a Lazarus -la empresa informática que contrató para la votación- su "falta absoluta de colaboración real" con el procedimiento. Este, junto con las averiguaciones realizadas hasta la fecha, es uno de los motivos por los que lleva al grupo investigador a concluir que "existen indicios racionales de que s está ocultando un fraude en la votación".
No es la primera vez que los agentes emiten un reproche hacia la formación liberal. En el mes de julio se conocía que la Policía cree que Ciudadanos no aportó todos los datos que sabía sobre el caso de las primarias. En diciembre de 2019, el partido envió su documentación al juez sin incluir el 'listado completo de IPS' y el 'listado completo de cada uno de los identificadores del voto', como así arguyeron desde la Udef.
Preguntada por este asunto durante la rueda de prensa del Consejo de Gobierno, la líder regional de Ciudadanos remarcó que no valoraría la noticia. "No voy a hacer una valoración de los aspectos judicializados por el máximo respeto que tenemos a la Justicia", aseguraba Martínez Vidal antes de subrayar que su formación es la mayor interesada en que se solvente el proceso. "Nosotros respetamos las decisiones judiciales", sostenía, recalcando "la máxima colaboración del partido" con la investigación.
Por el contrario, los agentes que investigan el caso echan en falta una colaboración real. Así lo argumenta la Udef: "Si hubiera intención de transparencia por parte de los requeridos, se aportaría directamente la información del ID usuario de cada voto conectado con dada votante real con nombre y apellidos supuestamente emisor del voto, para que pudiéramos preguntar directamente al supuesto votante si efectivamente ese día votó en ese ámbito geográfico".
El pasado 30 de octubre, el titular del Juzgado que investiga la causa, Ignacio Munitiz, había pedido a la Udef que remitiera el informe pericial levantado con ocasión de la documentación aportada por la empresa Lazarus. Los agentes, sin embargo, en su informe aclaran al juez que el análisis que están realizando sobre la información que facilitó la empresa "no responde realmente a lo requerido por el Juzgado".
En palabras de los investigadores, "la documentación entregada al Juzgado por Lazarus en realidad se trataría del trabajo que previamente había sido encargado por Ciudadanos, y en ningún caso se trataría de la información solicitada el pasado 17 de abril". Y añaden que el texto "no trató de arrojar luz sobre la investigación" sino que buscaba cuestionar el informe que dio pie al origen del caso: la denuncia que presentó uno de los candidatos a las primarias, Leonardo Pérez.
A juicio de los policías, "se está tratando de derivar la cuestión por derroteros técnicos que se han visto frustrado al perderse las IP por dilación en la respuesta". Porque, según su argumentación, "todas las cuestiones de Lazarus se centran en cuestiones superfluas donde jamás conecta las iD de usuarios con los votos emitidos con los votantes reales".
Este caso judicial, en el que no hay ningún imputado, se desencadenó en abril de 2019, cuando un informe pericial encargado por el aspirante Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos en las primarias de Ciudadanos. El candidato perdedor denunció el caso. En marzo, Franco se había impuesto en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que Pérez, que recogió 237 sufragios. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito.
A finales de diciembre de 2019, la vicepresidenta pidió personarse en la causa aduciendo que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también solicitó presentarse en el caso. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez rechazaron que la vicepresidenta regional y su partido se personen como acusación particular. Recientemente, a finales de septiembre, el magistrado instructor daba cinco días al partido que entregara todas las pruebas.
