La falta de regulación autonómica pone en riesgo 6.500 licencias VTC como las de Uber o Cabify

MADRID (EFE). La falta de regulación autonómica sobre la actividad de los vehículos de transporte con conductor (VTC) como los de Uber o Cabify, puede provocar que a partir del próximo 1 de octubre alrededor de 6.500 titulares de licencias de este tipo se vean obligados a dejar de operar trayectos urbanos.

Así, a escasos días de que finalice el periodo transitorio de cuatro años que el Gobierno concedió a las comunidades autónomas para que regularan la actividad de los VTC, únicamente Cataluña y Madrid han aprobado leyes autonómicas claras que permitirán al sector seguir operando trayectos urbanos en estas regiones.

El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana ha defendido en los últimos días que las comunidades han contado con "tiempo suficiente" para aprobar la regulación que consideren más adecuada para la prestación de servicios de VTC en sus territorios, incluyendo posibles prórrogas de la actual normativa.

Sin embargo, el sector viene reclamando una ampliación de este periodo, al considerar que no ha sido suficiente para compensar o amortizar la inversión efectuada por los propietarios de las licencias debido a la paralización de la actividad por el estado de alarma en la pandemia y las sucesivas restricciones a la movilidad, y la imposibilidad de obtener ingresos.

En este sentido, Cabify, una de las compañías más grandes del sector, ha llevado el conflicto a la calle en los últimos días con una campaña que interpela directamente a la ministra del ramo, Raquel Sánchez, haciendo público el número de viajes que se han contratado desde y hasta la sede del ministerio a través de su plataforma.

Como respuesta, el Ministerio de Transportes y Movilidad Urbana ha dicho que estudiaría la posibilidad de tomar "las medidas que se estimen convenientes" contra Cabify, y ha vuelto a recordar que "carece" de competencias reguladoras en este ámbito tras el real decreto que se aprobó en 2018 bajo el mandato del anterior ministro, José Luis Ábalos, cuando la llamada "guerra del taxi" estaba en pleno auge.

El "Decreto Ábalos"

Precisamente, el conocido como "decreto Ábalos" es el punto de partida del conflicto, ya que establecía que en el plazo de cuatro años los titulares de licencias de VTC sólo podrían realizar trayectos interurbanos, lo que en la práctica supone que la mayoría de estos vehículos debían dejar de operar, al realizar actualmente el grueso de sus desplazamientos en núcleos urbanos.

Sin embargo, habilitaba a las comunidades a regular la actividad urbana de los VTC, en aspectos como la precontratación, solicitud de servicios, captación de clientes, recorridos mínimos y máximos, servicios u horarios obligatorios y especificaciones técnicas del turismo.

Para ello, daba a las comunidades cuatro años para que regularan durante un periodo que serviría a su vez como suerte de indemnización para que los dueños de las licencias pudiesen recuperar la inversión realizada.

Además, establecía la posibilidad de que los titulares solicitasen una moratoria de este plazo compensatorio para cada licencia, con una ampliación de entre 1 y 16 años siempre que justificasen que los cuatro años no habían sido suficientes para recuperar la inversión inicial.

Más de 6.500 licencias en juego

Concretamente, el ministerio recibió un total de 16.610 solicitudes de ampliación, que en su momento fueron valoradas y resueltas en tiempo y forma, pero se han tenido que volver a analizar después de que la Justicia determinase que debían ser estudiadas por funcionarios del ministerio, y no por la consultora Ineco, como sucedió en primera instancia.

La Dirección General de Transporte Terrestre se ha encargado de revisar nuevamente todas las solicitudes atendiendo a dos criterios: el coste de la licencia y el del vehículo, siempre que se adquiriera en una fecha posterior al 30 de septiembre de 2014, ya que las compras anteriores se entiende que están plenamente amortizadas.

Del total de solicitudes recibidas, 9.991 correspondían a licencias de la Comunidad de Madrid, que tras la legislación aprobada el pasado junio por la asamblea regional podrán seguir operando de facto. Las solicitudes se fallarán más adelante al no ser urgentes y haber caído el objeto de recurso.

De las 6.619 restantes, el pasado martes se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la primera resolución con el fallo de 4.001 expedientes, de los que solo 95 han conseguido la ampliación del plazo para recuperar su inversión y seguir operando en las condiciones que fije cada comunidad autónoma.

Por el contrario, 3.906 solicitudes han sido rechazadas, lo que supone que a la espera de que se fallen las 2.618 solicitudes restantes, que el ministerio tiene intención de publicar antes del 30 de septiembre, un total de 6.524 licencias de VTC se encontrarán en un limbo legal después de esa fecha.

Preguntados por EFE sobre su postura oficial respecto al conflicto, las dos grandes firmas del sector, Uber y Cabify, no han querido hacer declaraciones: Uber asegura que hablará el martes, cuando se apruebe la legislación en Andalucía, y Cabify se limita a anunciar que recurrirá las solicitudes de ampliación rechazadas que corresponden al grupo, aunque no especifica un número.

Andalucía, la próxima en legislar

Pese a las protestas del sector el número de licencias VTC que podrían verse afectadas en España a partir de octubre suponen un porcentaje relativamente bajo respecto al total de este tipo de vehículos, más aún cuando Andalucía, que tiene más del 18 % de las licencias nacionales, tiene previsto aprobar una nuevo norma la próxima semana.

A 1 de septiembre, según los datos oficiales del ministerio, en España había un total de 17.385 licencias VTC, de las cuales 8.463 corresponden a Madrid, 3.202 a Andalucía y 2.824 a Cataluña (que también tiene ya una regulación para el sector), concentrando entre las tres cerca del 85 % del total nacional.

Estas cerca de 14.500 licencias podrán seguir operando trayectos urbanos, con mayor o menor flexibilidad, a partir del 1 de octubre, a la espera de que el resto de comunidades aprueben una legislación clara al respecto o, como recuerda el ministerio, una prórroga de la actual normativa mientras aprueban una nueva.