Fotos: MARCIAL GUILLÉN (EFE)
MURCIA (EFE). El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, Miguel Pasqual del Riquelme, volvió a poner el acento en la falta de recursos que sufren los jueces y fiscales durante su discurso de apertura del Año Judicial en la Comunidad murciana.
Por otro lado, Pasqual del Riquelme ha reconocido que la falta de renovación del órgano de gobierno de los jueces ha causado un “deterioro institucional” del Poder Judicial, al tiempo que ha puesto de manifiesto las “notables asimetrías” con las que se despliega la Justicia en las diferentes autonomías.
Del Riquelme ha calificado de "insoportable situación institucional" la situación de incertidumbre actual, y ha advertido que se intenta hacer pasar por problemas institucionales y legales “lo que no son sino diferencias estrictamente políticas y partidistas”.
Por ello, ha apelado por respetar el equilibrio de poderes y las condiciones de independencia de los jueces y magistrados, y a que se dote a la Administración de Justicia de los recursos humanos y materiales que le permitan desempeñar su función en condiciones y tiempos útiles para los ciudadanos. "Nuestra democracia debe aún aprender a cuidar a su Poder Judicial y a su Administración de Justicia", ha añadido.
Pasqual del Riquelme se ha referido al “endémico déficit de recursos del que tan cansinamente vengo dando cuenta” en lo que respecta a la situación judicial de la Región de Murcia, que “está entre las que, año tras año, se lleva la peor parte”. Asimismo, ha destacado el rol que diariamente desempeña la judicatura española y, con ella, fiscales, letrados de Justicia, forenses, funcionarios y personal laboral que prestan servicio en las oficinas judiciales de toda España y de la Región.
En este punto ha comentado el esfuerzo en los juzgados de instrucción y de enjuiciamiento penal, de la Audiencia Provincial, para mejorar los tiempos de respuesta en la investigación y el enjuiciamiento de los casos; la implicación de los tribunales de la Región en la lucha contra la violencia de género, los delitos contra la libertad sexual y las redes de inmigración ilegal y trata de mujeres; o la protección jurídica de los recursos y espacios naturales, “entre los que nos ocupa especialmente el Mar Menor”.
También ha resaltado el refuerzo de cuatro jueces adicionales que desde el año 2017 se dedican a la resolución de los pleitos derivados de las llamadas cláusulas suelo que ha permitido dar respuesta al 80% de las 20.000 demandas presentadas por los usuarios de la banca contra las entidades prestamistas.
Del Riquelme ha manifestado “la satisfacción que para el TSJ de Murcia ha supuesto el compromiso del Ministerio de Justicia de dotar a la Región de las infraestructuras judiciales que hemos venido reclamando durante largo tiempo”. En este sentido, ha subrayado el esfuerzo desplegado para conseguir la mayor inversión en infraestructuras judiciales a nivel nacional, por un importe total de casi 100 millones de euros destinados a proyectos en sedes tan importantes como Cartagena, Lorca, Molina y Murcia.
Recordó también que se acaba de estrenar un nuevo juzgado de familia en el apoyo a las personas con discapacidad, “lo que nos asegura una pronta respuesta a tan sensible colectivo” que, a finales del mes de octubre, veremos la creación del cuarto juzgado especializado de lo mercantil, que el Tribunal Superior de Justicia instó a ubicar en Cartagena.
Por último, anunció que a lo largo de este curso se constituirán los dos nuevos órganos judiciales que el Ministerio de Justicia ha previsto otorgar a la Región: un juzgado de lo civil en la capital y un juzgado de primera instancia e instrucción en Lorca.
“Con ser bienvenidos, están muy lejos de cubrir las necesidades judiciales, que se sitúan en diecisiete nuevos juzgados, de los que habíamos priorizado cinco para este año; lo que nos sigue dejando por debajo de la media nacional en número de jueces”, ha explicado.
Por su parte, el fiscal superior la Región de Murcia, José Luis Díaz Manzanera, ha centrado parte de su intervención en el Mar Menor, del que ha dicho que “es el más grave problema medioambiental posiblemente de toda la historia de la Región de Murcia”, y ha asegurado que “su posible solución, que quede claro, no se va a encontrar en la vía judicial”.
Díaz Manzanera ha calificado de “hito histórico en Europa” la aprobación en las Cortes Generales de la ley que reconoce personalidad jurídica a este ecosistema, y ha afirmado que es “imprescindible conseguir la necesaria coordinación y entendimiento entre las Administraciones competentes y con los sectores afectados”.
En cuanto a la criminalidad, el fiscal superior ha explicado que se ha producido un leve aumento en los delitos contra la vida y la integridad física, violencia doméstica y de género, contra la libertad, acoso laboral y acoso inmobiliario, libertad sexual, y delitos contra el patrimonio.
Díaz Manzanera hizo una mención especial en lo referente a los delitos contra la Administración Pública, en los que hubo un aumento de incoaciones con un 44,11%: en desobediencias, en malversación y sobre todo, en prevaricación.
En concreto, entre 2021 y 2022 se han registrado en la Fiscalía de Murcia 58 diligencias de Investigación de esta materia, siendo archivadas 33 (lo que supone un 57% del total), de las 35 son por prevaricación (con 23 archivos: un 66%). Los denunciantes han sido partidos políticos en 7 casos, además de 29 de particulares, y 13 de funcionarios.
“Estas denuncias en su mayor parte no deberían de haberse presentado, atendiendo a los nulos indicios de criminalidad”, ha recalcado Díaz Manzanera, para quien “evidentemente ha de ser rechazable si alguna de esas denuncias estuviese guiada en buscar básicamente el efecto mediático”.
Finalmente, ha desvelado que la Fiscalía Superior de la Región de Murcia ha pasado a ser la primera de España en carga de trabajo, calculando que faltan al menos unos 15 fiscales para equipararse a la media nacional, si bien ya se han concedido 4 plazas en el último concurso.
En cuanto a los funcionarios, la Fiscalía de Murcia es la peor dotada de España con una ratio funcionario-fiscal de 0,45, “cuando hay Fiscalías que tienen una ratio de 1 funcionario por fiscal”.
