El Salón de Plenos del Parlamento autonómico, en una imagen de mayo. Foto: ASAMBLEA REGIONALMURCIA. La Asamblea Regional acaba de celebrar su primera sesión en la que se comprueban los efectos de la división del grupo parlamentario de Vox. Los tres diputados de Vox no reconocidos por su partido como representantes se pronunciaron a favor de crear una comisión de investigación sobre el llamado 'contrato de las ambulancias'. Sin embargo, el parlamentario Pascual Salvador, el único que reconoce la dirección de Vox, se desmarcó y rechazó dar su apoyo a la puesta en marcha de este órgano investigador. Así, la propuesta, planteada por el PSOE, ha sido denegada con 23 votos (los 16 del PP, los seis de Ciudadanos y el de Salvador). PSOE (17), Podemos (dos) y los otros tres de Vox votaron a favor.
Es la segunda vez que la Asamblea Regional se posiciona en contra de investigar el proceso de licitación y adjudicación del servicio de transporte sanitario terrestre de la Región de Murcia. En octubre, esta petición ya fue desestimada por PP, Ciudadanos y Vox en bloque.
El Servicio Murciano de Salud sacó este concurso por valor de 304 millones, de ocho años de duración y que fue finalmente adjudicado a la UTE (Unión Temporal de Empresas) liderada por el Grupo La Generala, formada por las empresas Ambulancias Mar Menor, Ambulancias Do Atlántico y Ambulancias Sánchez. En marzo, el SMS suspendió la entrada en vigor del concurso tras los recursos presentados por las compañías perdedoras. Poco después, la suspensión se levantó y en marzo empezó a operar la nueva concesionaria.
El diputado socialista Francisco Lucas, que expuso la propuesta, denunció "el trato de favor del Gobierno regional hacia una empresa sin experiencia en el sector". Para el PSOE se trata de un caso "con muchas sombras que debería ser investigado por la Asamblea" y que les recuerda "al mayor escándalo de corrupción", que fue, a su juicio, la causa de la 'Desaladora de Escombreras'.
Por parte de Vox, Mábel Campuzano señaló que su grupo "no comparte las dudas" del PSOE pero "sí las tiene la sociedad". Por ello, indicó, "aclaremos si las dudas son fundadas o no y que sirva para depurar responsabilidades políticas en su caso". Este grupo, del que tres de sus integrantes afrontan un expediente abierto por su partido, tiene intención de apoyar la línea ideológica, pero su portavoz, Juan José Liarte, ya avisó de que en medidas muy puntuales podrían desmarcarse. Así ha ocurrido en la primera ocasión que se ha presentado.
Pascual Salvador, en su explicación de voto, alegó que "es un asunto que está en la Fiscalía Anticorrupción y la creación de la comisión entorpecería la investigación". Y apostilló: "Sé que el PSOE no entiende muy bien lo que es la separación de poderes", dijo, en referencia a la destitución del coronel Diego Pérez de los Cobos, ordenada por el ministro Marlaska. Un día antes, la Cámara autorizó su presencia en los plenos con voto ponderado.
Podemos, por su parte, respaldó la investigación por "presuntas irregularidades", pero que en su opinión debe versar no sólo sobre la candidata ganadora del concurso, sino sobre todas las que se presentaron. "Asistimos a un choque de dos áreas dentro del Gobierno y del que Ciudadanos no tiene constancia", expresó el diputado morado Rafael Esteban.
Ciudadanos volvió a oponerse a la constitución de esta comisión. Juan José Molina, su portavoz, pidió esperar a que se pronuncie la Fiscalía. "Si ve indicios, investigamos. Pero ahora no tenemos nada real y para depurar responsabilidades políticas debe haber un hecho delictivo", señaló. Adujo que no se puede comparar con el 'caso Desaladora de Escombreras', porque, argumentó, "ya había en marcha un proceso judicial". En su opinión, "nos podrá gustar más o no, pero una cosa son las sospechas y otras son las pruebas. Si alguien las tiene, que las ponga en el juzgado".
El PP, por su parte, subraya que el contrato "aumenta en 45 las ambulacias, crea 100 nuevos puestos de trabajo y su proceso fue ratificado por el tribunal central de recursos contractuales". El diputado Miguel Ángel Miralles defiende que "el Gobierno regional hizo lo correcto" y criticó al PSOE por "extender el manto de la sospecha".
También plantea una consulta sobre la inmigración ilegal
