Beatriz Ballesteros: "Mi labor no es supervisar los contratos de las demás consejerías, sino obligar a publicarlos"

MURCIA. Casi un año después de dejar los juzgados por la arena de la política, Beatriz Ballesteros (1977, nacida en Madrid, aunque creció en Murcia) no se imaginaba que su vida cambiaría de una manera "abismal". La justicia y la política son "la noche y el día", confiesa la consejera de Transparencia, jueza de carrera. "La palabra rutina no existe en política. El mundo de la justicia es mucho más tranquilo: más reflexivo, más rutinario quizás. Y he pasado del derecho mercantil, un ámbito eminentemente privado, a manejar a derecho público". En cambio, los tiempos de la política son vertiginosos: "En una semana puede pasar de todo, las decisiones se toman muy rápido".

Ballesteros ejerce, además, como la principal responsable de las emergencias de la Comunidad, unas situaciones excepcionales que la Región, por desgracia, ha soportado en los últimos tiempos. Su estreno en la Consejería coincidió precisamente con un accidente aéreo y prosiguió con una DANA que le deparó, hasta el momento, su lance "más amargo": la destitución del director general de Emergencias tras asistir a una obra de teatro cuando la Región se encontraba en plena alerta roja por la gota fría. "Había tenido un trato directo, muy sencillo y muy humano. Tener que tomar aquella decisión fue muy duro y novedoso para mí, porque yo como juez no elegía funcionarios ni tenía esa relación directa. En política tienes que aprender muy rápido", rememora en una entrevista con Murcia Plaza.

-Si hace balance de todo este tiempo en el Gobierno, ¿se siente satisfecha?

-Sí. Tengo la sensación de vivir en una montaña rusa. Me refiero al hecho de llevar las emergencias, que apenas te da descanso. Es agotador. En una emergencia pasas mucho estrés, pero es muy satisfactorio cuando todo se soluciona. También satisface ver que das pasitos en la línea que consideras que necesita la ciudadanía. Una de las iniciativas que más orgullosa me siento es la Estrategia de Gobernanza, que esperamos aprobar a final de mes. Es un documento de envergadura, novedoso y que puede definir la actuación administrativa de las consejerías en esta legislatura. Es esencial para que la Comunidad avance en líneas como modernización y simplificación, Gobierno Abierto, transparencia, ética, integridad...

"No he leído el contrato de La tele ni de ninguna otra consejería"

-La oposición ha cuestionado duramente algunos de los contratos millonarios firmados en los últimos meses. ¿Qué papel ha desempeñado su Consejería sobre los contratos?

-Si hablamos de la palabra transparencia pero no sabemos lo que es, la transparencia se vacía de contenido. Y tiene el riesgo de que pierda todo su sentido. Un Gobierno transparente es un Gobierno que da publicidad a sus decisiones. La Consejería de Transparencia no es la Intervención de la Comunidad. Mi obligación no es supervisar los contratos que firman las demás consejerías. La Ley de la Transparencia, tanto la de la Comunidad como la del Estado, establece bien claro qué es la transparencia, que es la obligación de publicar. Nosotros nos coordinamos con todas las consejerías para que sus datos económicos, sus contratos y sus subvenciones se publiquen de una manera accesible en el Portal de la Transparencia, para que luego la ciudadanía y los medios de comunicación puedan hacer el segundo control a través del derecho de acceso.

-¿Usted cree que los contratos, como el firmado por Salud para el teléfono de ayudas de la covid-19 con una empresa en la que trabaja un ex alto cargo de la Comunidad, se han hecho con todas las garantías?

-No tengo conocimiento de ese contrato ni de sus pliegues, porque eso lo firma la Consejería de Salud. Quien tiene que supervisar la legalidad de esos pliegos son los servicios jurídicos de la Secretaría General de Salud. Y en caso de que existan dudas, quien interviene es la Intervención de la Comunidad como órgano supervisor. Pero la Consejería de Transparencia no interviene, ni supervisa ni lee. Pero ni leo ese contrato, ni leo el de las vigilancias de Salud ni leo el de La 7 TV. Yo no tengo más conocimiento que mis contratos que firmo, que a su vez pasan por los servicios jurídicos de la Secretaría General. La Consejería de Transparencia no es un órgano supervisor. Y eso hay que dejarlo muy claro: mi labor no es supervisar, es obligar a que se publiquen los contratos. De hecho, nuestra ley autonómica tiene un plus porque esos contratos, en principio, sólo se tendrían que publicar en la Plataforma del Contratante, según la Ley de Contratos del Sector Público, y nosotros obligamos a publicarlos también en el Portal de la Transparencia.

-El Código de Conducta de la Contratación Pública se encuentra en consulta pública. ¿Qué va a aportar este código?

-Por las quejas de la opinión pública y de los medios, hemos considerado hacer un código de buenas prácticas para la contratación administrativa, que es la materia más conflictiva. Lleva cosas tan importantes como que los funcionarios tengan que firmar una declaración de urgencia de conflicto de intereses. También incluye el uso prioritario de los procedimientos abiertos en la contratación para que cualquier entidad pueda participar. Se establecen obligaciones éticas para los licitadores y los adjudicatarios, no sólo para los altos cargos y funcionarios. Y fija, en la medida de lo posible, que se usen criterios de adjudicación automáticos para eliminar las valoraciones subjetivas a favor de una u otra empresa. Y contiene la cláusula de inclusión, que lo han reclamado asociaciones como Cepaim, para que dediquen un porcentaje a contratar personas con discapacidad.

-Ciudadanos llevó en noviembre a la Asamblea la proposición de ley de Gobierno Abierto, Integridad Pública y Lucha contra la Corrupción. ¿Qué hay de ella?

-Se admitió a trámite, pidieron unos informes preceptivos, uno de ellos al Consejo de la Transparencia, y estamos esperando que lleguen para continuar con la tramitación. Depende de la Asamblea. Esta ley es el amparo normativo para poder desarrollar otros instrumentos como el buzón ético, el código de empleados públicos… Son medidas esenciales para tener un sistema de integración institucional bien armado. Pero hasta que no tengamos esa base legal, no podemos desarrollarlo.

-Está previsto que en los próximos días se renueve el Consejo de la Transparencia. ¿Qué seguridad hay de que el sucesor de José Molina sea un cargo independiente de los partidos políticos?

-La ley vigente establece que no puede estar afiliado a ningún partido político con una antigüedad inferior a cinco años. La proposición de ley de Ciudadanos amplía ese plazo a diez años. Al margen de eso, tiene que ser una persona de consenso, con una mayoría cualificada de dos tercios en la Asamblea. Siempre se debe buscar un perfil lo más independiente posible.

"hay desconocimiento sobre qué es la transparencia: invitaría a leer nuestra ley regional"

-¿Cómo han sido las relaciones con el Consejo de la Transparencia? Tradicionalmente, el trato entre la Consejería y el Consejo ha sido tirante…

-Sí, me consta, pero nosotros hemos tenido muy buenas relaciones con el Consejo, la verdad. Hemos entendido que tiene un peso específico y un gran valor como órgano. Hemos intentado apoyarlos; tenían un problema de personal y nosotros les hemos pedido un funcionario. Los ayudamos para que tuvieran una nueva sede, que inauguraron en mayo. La relación con el señor Molina es cordial y hacemos reuniones periódicas.

-¿Considera que hay una falta de cultura de transparencia política en la Región?

-A nivel de país, la Región está muy bien valorada. Hemos sido los terceros en valoración de datos abiertos, el Plan de Gobierno Abierto del Estado nos invita a participar y nos están reconociendo. No es tanto que falte cultura de transparencia en la Región, sino que se conozca por los ciudadanos qué es la transparencia.

-¿Cree que la ciudadanía no sabe realmente qué es la transparencia?

-Sí, en parte por el desconocimiento que hay y porque a veces se transmite de manera errónea. Invitaría a leer nuestra Ley regional de Transparencia. No es una crítica, pero algunos medios de comunicación deberían leer la ley para saber, cuando hablan de transparencia, de qué debemos hablar. Porque la ley no dice que deba supervisar los contratos. Me preguntan si miro y si opino sobre los contratos. Y no tengo por qué opinar; no estoy por encima de mis compañeros, soy una más: yo no podría decirles que tal contrato está mal o bien. También estamos haciendo un montón de cosas que aún no se ven porque son muy jurídicas y la burocracia es muy pesada. Por ejemplo, estamos desarrollando el Observatorio de calidad de los servicios públicos.

"El Portal fue la página más visitada de la Comunidad durante el confinamiento"

-¿Cuál es su próximo proyecto?

-Con la Estrategia de Gobernanza vamos a avanzar mucho. Esperamos terminar en septiembre la Ley de Emergencias, cuya primera lectura ya se llevó al Consejo de Gobierno. Y tenemos que desarrollar el Plan de Cooperación y Participación. Los planes no acaban cuando se aprueban: hay que ejecutarlos.

-¿Qué cambiará la nueva Ley de Emergencias?

-Es muy necesaria, porque fuimos la antepenúltima comunidad en tener una Ley de Emergencias. Incide mucho en la prevención, regula muy bien los planes y las fases de intervención. La participación de los cuerpos de emergencias también se regula muy bien. Estamos en el trámite de alegaciones, que hay muchas, y las estudiamos. La mayoría seguramente se incluirán.

-¿Cómo afrontó su Consejería la pandemia?

-Cuando se planteó el 13 de marzo el confinamiento de los municipios ribereños, Salud nos pidió que fuera a través del Plan Platemur (Plan territorial de Protección Civil). Lo activamos esa misma tarde. Después el Estado tomó el protagonismo y el mando con el estado de alarma. El Plan Platemur fue el paraguas para nuestras actuaciones. Tuvimos reuniones diarias del gabinete de crisis, y nos llegaban situaciones muy variopintas. Nos preocupó cuando Murcia y Cartagena nos alertaron por las personas sin techo. El Plan de Albergue y Avituallamiento sirvió, junto con Política Social, para coordinar la ayuda a estas personas. También elaboramos guías con las policías locales, nos formamos con la UME en labores de desinfección y coordinamos las tareas de repatriación de los murcianos que estaban fuera.

-¿A cuántos murcianos repatriaron?

- A cerca de cien. Nos pidieron ayuda, y lo hicimos en colaboración con el Ministerio, con las casas regionales y los consulados. También creamos una aplicación en el Portal de la Transparencia para ellos y desarrollamos una pestaña específica de la covid, con un compendio de todas las normativas de las consejerías. El Portal fue la página más visitada de la Comunidad en la pandemia. También tuvimos datos abiertos con Empleo para los ERTE, que ha recibido la felicitación del Estado.

-¿Teme el Gobierno regional, ante el aumento de los últimos casos, dar un paso atrás?

-Seríamos irresponsables si no tuviéramos el temor. Hay que ser muy conscientes de las circunstancias; el virus no se ha extinguido, el riesgo de contagio existe y las cifras hablan por sí solas. Más que temerosos, tenemos que ser prudentes, como siempre recomienda el consejero de Salud. No hay que hacer prácticas de riesgo que pongan en peligro su propia salud y nuestro sistema sanitario.

-Y en esta nueva era de reactivación, ¿cómo va a ayudar su Consejería?

-Para nosotros es muy importante poner en valor las líneas de simplificación y modernización. Simplificar los trámites para el ciudadano, desarrollar aplicaciones, acelerar la administración electrónica y los trámites de las gestiones… 

"Nos preocupan los matorrales por su peligro. No hemos podido retirarlos en primavera por la pandemia"

-¿Lanzará nuevas plazas para el Consorcio de Extinción de Incendios?

-Sí. Nosotros estamos limitados por una ley estatal que sólo nos permite sacar plazas de reposición, cuya tasa de este año son cinco plazas. Pero esta semana la Comisión Permanente ha aprobado la ampliación de diez a quince plazas, una petición que llevamos el 2 de julio en una mesa de negociación con los sindicatos. El proceso selectivo pasará de diez a quince plazas de bomberos.

-Sobre el Plan Infomur, ¿hay algún riesgo nuevo que les preocupe especialmente para este verano?

-Nos preocupa mucho la proliferación de matorrales y arbustos que ha habido durante la pandemia. En primavera es muy frecuente limpiar las malezas y retirar las malas hierbas antes de que llegara la época de peligro alto de incendio. Sin embargo, esto no ha sucedido este año como consecuencia del confinamiento. Las brigadas forestales las hemos tenido en otras labores, ya que han desinfectado más de 6.000 espacios públicos de 45 municipios. La limpieza era secundaria porque primaba la salud de las personas. Y a pesar de que ha llovido mucho en primavera, cuando lleguen las olas de calor intensas se van a secar los matorrales. Prenden muy fácil y trasmiten con facilidad el fuego. También nos preocupan los episodios de tormentas de las dos últimas semanas.

-Recientemente han presentado el Plan Copla para la vigilancia en las playas. ¿Qué novedades contiene?

-La principal novedad ha sido una aplicación, que ponemos a disposición de los ayuntamientos, para que el personal de Emergencias pueda facilitar cuál es, de manera inmediata, el estado del mar, la bandera, el informe del aforo -en caso de que lo haya decidido el municipio- y las incidencias de los socorristas.

"Si las autoridades aconsejaran el baño en aguas dulces, activaríamos el Copla fluvial"

-La oposición ha criticado que quedara fuera del plan las playas fluviales.

-Queríamos restablecer el Plan Copla Fluvial, que estaba fuera desde 2010. Pero las autoridades sanitarias han dicho que no es aconsejable el baño en las aguas dulces porque hay riesgo de contagio.

-¿Y cómo van a controlar que la gente no se bañe?

-Hay municipios que directamente han prohibido el baño y han organizado sus dispositivos para impedirlo. Y otros han puesto sus sistemas de vigilancia. Lo que no vamos a hacer es dar una subvención cuando el propio Gobierno desaconseja realizar esa práctica. Sería una contradicción. Si hubiera un informe que confirmara que no existen riesgos en aguas dulces, activaríamos el Copla Fluvial. Dependemos de las autoridades sanitarias.