El problema de las nuevas infecciones se puede agudizar. Las grandes corporaciones farmacéuticas no son muy proclives a jugarse el dinero en algo con un plazo de retorno de inversión tan largo como los tratamientos contra las superbacterias resistentes a los antibióticos. Y las pequeñas y medianas empresas tecnológicas que se atreven, en fin, ya se sabe, se arriesgan a quiebras financieras de alto perfil como la Achaogen, tras el registro de plazomicina y, más recientemente, de Melinta, que tenía un amplio portfolio de antibacterianos en desarrollo y cuatro productos comerciales ya en explotación.
En el ámbito de la salud llama la atención, en efecto, que uno de los principales obstáculos a la innovación sea la supervivencia de las propias empresas que impulsan nuevos tratamientos. Aunque estos hayan dado el salto al sistema sanitario. Las superbacterias (AMR, antimicrobial resistant) causan ya más muertes al año que el SIDA y la malaria y, como advertía hace poco la presidenta de la poderosa asociación biotecnológica BIO, con sede en Boston, Michelle McMurry-Heath, su incidencia ha crecido un 15% a raíz de la covid-19, debido a la situación de los hospitales.
En la actualidad, añadía, hay en marcha 64 proyectos en todo el mundo para producir nuevos medicamentos, pero el 80% de ellos están liderados por empresas pequeñas y medianas. El CSIC está presente en la iniciativa MTI4MDR-TB, que busca desarrollar un nuevo antibiótico por vía oral que mejore la situación de los pacientes con tuberculosis resistente a los medicamentos.
El problema es especialmente grave en los países en desarrollo, según la OMS: cada año, al menos 700.000 personas mueren a causa de infecciones resistentes a los AMR, 25.000 de ellas en Europa, donde el exceso de costes sanitarios anuales se estima en alrededor de 1.600 millones de euros. La AMR Industry Alliance advierte de que, si la situación no se controla, el número anual de muertes podría aumentar hasta los 10 millones en 2050.
¿Por qué ese Valle de la Muerte para las empresas de menor tamaño? El problema es, esencialmente, de modelo. Casi todos los nuevos tratamientos antibacterianos acaban siendo catalogados como antibióticos de "reserva" en la clasificación AWaRe (Acceso, Vigilancia, Reserva) de la OMS, lo que limita su volumen de ventas. Y como deben usarse adecuadamente para preservar su eficacia y retardar la resistencia, muchos antibióticos nuevos se reservan para uso de última línea, es decir, se aplican a los pacientes que fracasan con los antibióticos existentes.
Salvo las grandes corporaciones, no hay empresa que pueda soportar ese desequilibrio financiero. El coste total de desarrollar un antibiótico que logre permanecer diez años en el mercado se estima en 1.700 millones de dólares, pero en la actualidad no hay forma de obtener ingresos suficientes para recuperar la inversión, ya que los nuevos antibióticos a menudo generan menos de 25 millones de dólares al año en ventas. En consecuencia, quiebra.
Algunos países se han puesto imaginativos y están tratando de introducir nuevas fórmulas de apoyo público que permitan a los innovadores desarrollar los tratamientos. Reino Unido ha optado por un modelo de suscripción que también ha implantado Estados Unidos en su Pasteur Act. El hecho es que, según explicaba el senador Todd Young a Michelle McMurry-Heath, su propuesta va incluso más allá y no sólo evaluará los proyectos de innovación en función de las ventas que consigan, que sería el modelo clásico y no sirve mucho en este caso, sino también según un sistema que valora su impacto social.
“El tiempo es la nueva moneda de nuestra industria”, afirmaba el CEO de la farmacéutica Eli Lilly, David Ricks. A raíz de la covid-19 “la escala de tiempo ha sido totalmente destrozada, cualquier cosa que cuesta más de cinco meses supone no haber logrado ser tan buenos como podemos ser”. Este principio se aplica a la salud, pero también ya a cualquier ámbito de la economía. Ser los primeros, aunque no se logre la excelencia, es hoy una parte sustancial de la innovación, porque permite crear el mercado.
El CSIC culminó el proceso de investigación de su vacuna contra el coronavirus en marzo pasado, pero renunció a probarla en humanos porque la población estaba ya inmunizada. Tanto en la escala de tiempo como en la escala de financiación, da la impresión de que deberemos revisar el modelo.