Valores propone a Campuzano un documento de 'consentimiento expreso' para que lo hagan valer los padres

MURCIA. El partido Valores Región de Murcia ha dado a conocer el documento que va a proponer a la Consejería de Educación y su titular, Mabel Campuzano, para que sirva como "garante de los padres que quieren poder educar a sus hijos en libertad". "Son los padres los primeros responsables de la educación de sus hijos, no el Estado, y nos personaremos en el Juzgado si la Ministra de Educación recurre ante la justicia medidas como ésta, que protegen a nuestros hijos de adoctrinamientos ideológicos con serias consecuencias para sus vidas futuras", ha advertido la secretaria de Educación y Universidades de la formación, Almudena Martínez. 

"Somos conscientes de que la educación sexual en las aulas es necesaria, pero con los padres como observadores y participando de la misma, y en la que los mayores beneficiados sean nuestros hijos pues, como no puede ser de otra manera, es el objetivo que hemos de perseguir al margen de ideologías", ha añadido Martínez. 

El documento se llama Solicitud de Información Previa y Consentimiento Expreso y "tendrán que hacerlo valer los padres en los centros educativos para que las actividades de índole moral no evaluables ( charlas, talleres...) sean informadas a los mismos para que puedan objetar la participación, o no, de sus hijos", ha señalado la formación política, que considera que el documento servirá como garantía "a los padres que quieren poder educar a sus hijos en libertad y acorde a sus propias creencias filósoficas, religiosas y morales, como así dictamina la Constitución Española en sus artículos 16.1 y 27.3".

Así, Valores Región de Murcia -cuya cara más visible es Alfonso Galdón, el que fue presidente del Foro de la Familia y que militó en Vox hasta su reciente salida- asegura que este documento está amparado en estos artículos constitucionales con los que se garantiza "la libertad ideológica, religiosa y de culto" y, por otra parte, "el derecho de los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones".

Igualmente, Almudena Martínez ha recordado "la doctrina sentada por el Tribunal Supremo en sus sentencias de fecha 11 de febrero de 2009, según las cuales el deber jurídico de cursar una asignatura no autoriza a la Administración educativa, ni tampoco a los centros docentes, ni a los concretos profesores, a imponer o inculcar, ni siquiera de manera indirecta, puntos de vista determinados sobre cuestiones morales que en la sociedad española son controvertidas".

"Ya es hora de que la política saque sus manos de la Educación", concluye Valores Región de Murcia.