Santiago Navarro (CCOO), José María Albarracín (CROEM)y Antonio Jiménez (UGT). Foto: CROEMMURCIA. Un apartado del acuerdo programático de PP y Vox, firmado este martes, genera "dudas" e inquietud tanto en la patronal de empresarios de la Región, la Croem, como en los principales sindicatos, UGT y CCOO. Se trata del punto 25, que dice así: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos".
Este párrafo tiene dos interpretaciones para los promotores del acuerdo de gobernabilidad. Para Vox, "los sindicatos y la patronal, por el mero hecho de serlo, tienen derecho a recibir unas subvenciones anuales sustanciosas y significativas"; por tanto, lo que "aparece en el texto es que esta tipología de otorgamiento de subvenciones va a desparecer por completo", en palabras del portavoz parlamentario Rubén Martínez Alpañez.
Para el PP, que admite que "en todo no pueden estar de acuerdo", esgrimen que con el acuerdo "se promoverá el sistema de concurrencia competitiva frente a las subvenciones directas a fin de"ser eficientes en el control del gasto público".
La patronal de empresarios ha emitido un comunicado reseñando que "genera dudas el planteamiento" del punto 25 del acuerdo, pues "los agentes sociales llevan a cabo otra serie de trabajos que emanan de pactos regionales y que no están sometidos a concurrencia competitiva".
Además, desde la Croem aducen que las cantidades que reciben tanto esta confederación como las organizaciones sindicales más representativas son "una compensación por su participación en cerca de un centenar de consejos consultivos de distinta índole, en los que se trabaja en cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad". Y añaden: "Estas cantidades son finalistas, se justifican debidamente ante la Administración regional y no tienen nada que ver con el mal entendido concepto de subvención".
Además, desde la confederación indican que su representatividad viene recogida en la Constitución Española, la Ley de Libertad Sindical, el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Participación Institucional de la Región de Murcia, "aprobada por amplia mayoría en el Asamblea Regional en 2017".
Y concluyen: "Las tres leyes de Simplificación Administrativa, el pacto por la Estabilidad en el Empleo, el similar en Economía Sumergida, el acuerdo en materia de Prevención de Riesgos Laborales y el de Formación Profesional Dual, entre otros muchos, justifican sobradamente el interés social del trabajo que lleva a cabo esta confederación empresarial y que en ningún caso compensa el coste económico al que tiene que hacer frente para llevar a cabo estos fines".
Por su parte, CCOO ha expresado su confianza en que el punto 25 del pacto suscrito por PP y Vox "responda realmente a un gesto de responsabilidad y no a un ejercicio de marketing político que busque manchar la imagen del trabajo" de los agentes sociales en el marco del diálogo social, "cuya desaparición supondría un retroceso en la mejora de la calidad de vida de la ciudadanía".
La organización sindical espera que, una vez celebrada la investidura, el presidente de la Región ofrezca una "explicación pormenorizada" sobre el "significado" del punto 25. Recalca que la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región de Murcia "no la reciben con carácter finalista", sino que "es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región de Murcia y los agentes sociales más representativos".
El sindicato, que remarca que su labor viene recogida dentro de los derechos fundamentales que confiere la Constitución Española y la Ley Orgánica de Libertad Sindical, mencionan la Estrategia de Empleo de Calidad, Estrategia de Salud Laboral, Plan de Prevención y Lucha contra el Fraude Fiscal, o como el Pacto sobre Economía Sumergida o la Mesa de Empresas de Trabajo Temporal, que se negocian en la actualidad.
Desde UGT agregan que las subvenciones no llegan a cubrir el coste que su participación en los órganos consultivos ocasiona al sindicato, que las completa con recursos propios. Y lamentan que con esto se pueda querer poner en duda la labor sindical en materias cuyo beneficio es indubitado para el conjunto de la ciudadanía, como prevención de riesgos laborales, igualdad, atención a personas desempleadas, extranjeras y en riesgo de exclusión, formación laboral y sindical o negociación colectiva y confían en que este acuerdo no anticipe retrocesos en las mejoras conseguidas desde el diálogo social.
