MURCIA. Fernando López Miras acaba de pasar, posiblemente, una de las semanas más duras desde que accedió a la Presidencia. El pasado jueves, el máximo mandatario de la Comunidad decretaba el cierre de la hostelería durante dos semanas. Nunca habría querido aprobar una orden así, pero la adoptó, obligado por la fuerza imparable de la pandemia. Él mismo lo reconocía públicamente: "¿Alguien, en su sano juicio, cree que un político tomaría una medida tan impopular si no fuera una cuestión de vida o muerte?". El anuncio del cierre, no obstante, lo comunicaba el portavoz jefe del Comité de Seguimiento de la Covid, Jaime Pérez. El presidente reaccionaba al día siguiente ofreciendo una rueda de prensa en la que justificaba su decisión y comunicaba que había puesto en marcha un plan de rescate. No era para menos: toda la hostelería se le había venido encima, clamando contra el cierre de sus negocios.
Por primera vez en toda la pandemia, López Miras tuvo que escuchar críticas directas de la ciudadanía hacia su gestión. Varios centenares de hosteleros -entre empresarios, cocineros, camareros y demás trabajadores del sector- se echaban a la calle en Murcia y Cartagena protestando contra el cerrojazo de sus locales. Marcharon al grito de "López Miras, cierra bares". El mensaje también se viralizó en los grupos de WhatsApp. No fueron los únicos que reprobaron la restricción. La patronal de empresarios, Croem, censuró que se señalara a la hostelería como culpable de la propagación del virus. La Cámara de Comercio de Murcia expresaba su rechazo frontal porque "significa la condena definitiva de un sector que ya arrastra importantes pérdidas". También la oposición política se unió a los reproches: PSOE y Podemos echaron en cara que "no se habían hecho los deberes" mientras que Vox, el socio parlamentario del Ejecutivo, se oponía a la clausura de bares y restaurantes y acusaba al presidente de "ser cómplice de la ruina".
Pero las palabras más duras procedieron del presidente de Hostemur. "Nos cierran sin un plan de rescate. En siete meses, ni una ayuda", reaccionaba su presidente, Jesús Jiménez, que no pudo ocultar su indignación en las redes sociales. "La incapacidad de los políticos sacrifica a un sector que está condenado a la muerte", escribía en Twitter. Jiménez lamentaba también que "llevaba un mes esperando a sentarse" con Miras. "Vamos a salir juntos sin la Administración. Ni la hostelería, ni las casas rurales ni la hostelería de la Región se merecen esto. No somos el problema", remachaba al tiempo que defendía que no hay razón para cerrar porque la tasa de contagios "es del 3%" (un dato que dio el Ministerio de Sanidad). "Lo que nos está matando son las fiestas privadas, los encuentros familiares irresponsables y la falta de conciencia social", apostillaba.
San Esteban reaccionó al instante. Un día después de anunciar el cerrojazo, Miras convocaba al presidente de la patronal de empresarios y a los representantes de la hostelería de Murcia, Cartagena y Lorca para concretar un plan de rescate. Esa misma tarde ya trascendieron algunas de las principales medidas de urgencia: línea a fondo perdido para sufragar los costes, cubrir el gasto de los productos perecederos y suprimir las tasas durante el cierre. El presidente de Croem, José María Albarracín, que sólo unas horas antes condenaba el cierre, expresaba que la reunión había sido próspera. Las negociaciones, maratonianas, se prolongaron una jornada más, pero el mismo viernes se logró el acuerdo. El sábado se firmaba en San Esteban el plan de rescate: 8.000 empresas que dan trabajo a 39.000 trabajadores se pueden acoger a las ayudas.
El Gobierno regional, en total, movilizará 37 millones de euros para ayudar al sector. "No estaréis solos", pregonaba López Miras. Los hosteleros firmaban la paz. "Este acuerdo es fruto de un gran esfuerzo por parte de todos", destacaba Jesús Jiménez, convencido de que el plan les beneficiará. "Es positivo para todo el sector que está sufriendo desde que comenzó la pandemia". Desde Hostecar (Cartagena) valoraban que "tras una intensa negociación se ha alcanzado un acuerdo para compensar económicamente al sector", pero advertían: "Seguimos luchando y vigilando el cumplimiento a la par que la creación de nuevas medidas". Las patronales de hosteleros suspendieron las movilizaciones previstas para este sábado, apelando a la responsabilidad y tras ver sellado el plan de rescate. Sin embargo, centenares de afectados protestaban en las calles de Murcia y Cartagena. Algunos manifestantes incluso portaron ataúdes, como símbolo de la "muerte de la hostelería". El cabreo seguía en la calle.
El presidente de la Comunidad cerraba satisfecho la semana tras lograr el pacto con los hosteleros. Pero la dura realidad que asola a la Región de Murcia sigue vigente. Los efectos de la covid-19 han alcanzado sus cotas más elevadas desde que el virus irrumpió en tierras murcianas un lejano ya 8 de marzo. López Miras había superado la primera ola de la pandemia con una de las mejores cifras del país -dicho este axioma con el respeto de que hubo 151 fallecidos en la primera etapa-. Su gestión recibió elogios. Sin embargo, ahora afronta el envés de los amargos balances diarios: más de 1.000 positivos en un día, más de 600 hostilizados, con un centenar de pacientes críticos en la UCI, y con el número de muertos desbocado.
"Fuimos capaces de hacer frente al virus y si vuelve estaremos preparados en la Región de Murcia", proclamó una vez el jefe del Ejecutivo, en los tiempos de la primera ola, cuando los casos activos no superaban el centenar, cuando las UCI apenas trataban a una decena de enfermos, cuando el coronavirus parecía una amenaza lejana. Pero el virus regresó -nunca se fue en realidad- y pone en vilo a la Comunidad, que esta semana activaba el plan de contingencia. La tasa de incidencia en la Región roza ya los 400 casos por cada 100.000 habitantes. Más de 12.000 murcianos soportan a día de hoy la enfermedad de la covid-19 y casi una veintena de municipios se encuentran en riesgo extremo. Además, dos hospitales del área metropolitana de Murcia, el Reina Sofía y el Morales Meseguer, han anulado toda la actividad no esencial y han empezado a derivar pacientes a otros centros sanitarios.
Los próximos días serán decisivos para comprobar el trazo de la curva. Los técnicos de Salud confían en que las restricciones actuales den resultado. El Gobierno regional se niega, por el momento, a pedir el confinamiento domiciliario. El Ejecutivo, que durante toda la pandemia no ha dudado en tomar restricciones y que ya incluso pidió un confinamiento en la semana previa al 14 de marzo, argumenta que es una medida que debería implantarse en todo el país, no en una autonomía. "No vale para nada que el confinamiento domiciliario lo haga una sola comunidad". Si lo reclamara la Región, sería el último paso que le queda al Gobierno tras la expansión descontrolada del virus. La segunda ola ha superado por completo todas las previsiones. Los números ya no son para sacar pecho.