MURCIA. La vivienda se ha convertido en las últimas semanas en la protagonista de las últimas promesas electorales. El disparatado precio de los alquileres y el difícil acceso a la compra, sumado al escaso parque público de la mayoría de Administraciones han llevado a las diferentes formaciones a poner encima de mesa sus recetas políticas para revertir esta situación de cara a la convocatoria electoral del próximo 28 de mayo. Solo en los últimos días, el Gobierno ha anunciado planes para impulsar 113.000 viviendas, financiadas por los fondos europeos o cedidas por la Sareb.
No obstante, la última de las actuaciones anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un proyecto para construir 20.000 nuevos inmuebles que ya anunció el exministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, hace cinco años y con el que se buscaba ampliar el parque público. Aunque existen algunos matices, lo cierto es que imita en lo sustancial el trabajo iniciado por el exministro valenciano al acometerse en suelos de Defensa e intervenir la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes).
Fue en 2018, cuando Ábalos anunció un programa para levantar 20.000 nuevos inmuebles destinados al alquiler con el fin de aumentar la oferta y atajar al alza que estaban registrando los precios. La iniciativa estaba prevista para el "medio- largo plazo" con un horizonte "de entre cuatro o seis años", expuso el ministro en una comparecencia en el Congreso. Para ello, la idea era, por un lado, utilizar suelos públicos, y, por otro, explorar la vía de la colaboración público-privada.
Dos años más tarde, en un gran acto en Valencia, escenificó el arranque del plan con la licitación de las obras de urbanización de las primeras 370 viviendas de alquiler social en el suelo que ocupaba el antiguo Cuartel de Ingenieros, en el conocido como PAI de Ingenieros. Para ello, el Ministerio de Fomento transfirió al Sepes 21,5 millones de euros no solo para iniciar estas obras, sino también la de otras 5.000 viviendas en España.
De hecho, el Real Decreto-ley 7/2019, de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, ya estableció diferentes medidas para dinamizar la oferta de vivienda en alquiler asequible, entre ellas, precisamente la movilización de suelo público.
Y esta actuación en Valencia no era el único desarrollo en suelo militar que se había previsto. También, el 'Plan 20.000', como se le bautizó, proyectaba en el Parque de Artillería de València otras 600 unidades y hasta 948, en el Regimiento de Artillería en Sevilla.
Asimismo, incluía hasta 532 viviendas en Ca n’Escandell en Ibiza; 1.362 unidades en Buenavista residencial en Málaga; otras 1.800 en Campamento en Madrid; 90 en Loma Colmenar en Ceuta; y hasta 21 nuevas unidades en Cuesta de la VIña (Melilla), según detallaba una nota de prensa del Ministerio de Fomento de 2019.
Ahora, Sánchez recupera esta iniciativa con la novedad de que concreta que todas las obras se acometerán en terrenos propiedad del Ministerio de Defensa que comprará el Sepes, dependiente de Transportes. Por el momento, se desconocen el desglose de suelos y la previsión en cada autonomía. De hecho, preguntados al respecto, desde los ministerios involucrados en la operación -Transportes y Defensa- afirman no tener el detalle autonómico.
Al respecto, la ministra de Defensa, Margarita Robles, aseguraba este miércoles que "en los próximos días" se aprobará la compra de los terrenos militares y será en ese momento cuando se explique "dónde estará el suelo" para ubicar las viviendas que el Ministerio venderá al Sepes. El dinero que se reciba de la operación permitirá a las Fuerzas Armadas dedicar ese dinero a "necesidades de la defensa nacional", precisó la ministra.
La ministra detallaba, asimismo, que llevan varios meses negociando con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y finalmente se ha llegado a un acuerdo que se plasmará en el Consejo de Ministros. De hecho, en las últimas semanas su departamento cerraba acuerdos con el Ayuntamiento de Getafe para levantar 1.450 viviendas a precios asequibles, y con el de Mallorca para otras 830 en el cuartel de Son Busquets.
Paralelamente, en los últimos días Sánchez también anunciaba la movilización de 50.000 pisos de la Sareb para alquiler asequible. De ellos, 35.000 están ya edificados, de los que unos 9.000 reúnen condiciones de una venta inmediata, mientras que otros 12.000 están pendientes de procesos de adecuación y otros 14.000 están habitados, buena parte de forma ilegal. Las 15.000 restantes faltan por construir y se levantarán en suelos que la entidad venderá o cederá a comunidades autónomas y ayuntamientos. Por tanto, serán las administraciones locales y autonómicas las que tendrán que costear la operación
Precisamente el pésimo estado de estas viviendas, junto a su ubicación en zonas sin demanda son los puntos débiles de este plan, según ha alertado el sector inmobiliario, si bien desde el Ministerio de Asuntos Económicos garantizan que la Sareb pondrá en venta esas viviendas "en perfecto estado", tras la adecuación correspondiente.
El Gobierno también prometía una línea ICO dotada con 4.000 millones de euros de los fondos europeos Next Generation para financiar otras 43.000 viviendas sociales a través de la colaboración con el sector. No obstante, la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) advertía de que, para que la iniciativa privada se involucre, la rentabilidad de estos proyectos debería oscilar entre el 6% y el 8%, con los tipos de interés actuales.
