CARTAGENA. El cierre de la comisión de investigación de Turismo tendrá continuidad en los tribunales si MC cumple el anuncio realizado por su portavoz, Jesús Giménez Gallo. El dirigente cartagenerista ha avanzado que su formación acudirá a la vía judicial por lo que considera una vulneración de los derechos de los concejales que han participado en las sesiones, al denunciar que no han tenido acceso a las actas y grabaciones necesarias para desarrollar su trabajo. Otra cuestión serán las posibles acciones sobre la gestión de los contratos investigados, que el partido decidirá cuando disponga de esa documentación.
La Comisión Extraordinaria de Investigación sobre las cuentas de la Concejalía de Turismo dio su conformidad el pasado martes a un documento de conclusiones que sostiene que no se han acreditado actuaciones fraudulentas ni una utilización indebida de fondos públicos para fines personales, partidistas o electorales. La votación registró los votos a favor de PP, Vox y los ediles no adscritos Diego Salinas y Beatriz Sánchez del Álamo. MC votó en contra. El resto de componentes del órgano no estuvo presente en el momento de la votación, en señal de disconformidad con el cierre anticipado de las investigaciones.
Giménez Gallo ha situado este asunto en el centro de su balance de los plenos celebrados el jueves, correspondientes a octubre y noviembre, en una comparecencia en la que también ha cargado contra la gestión económica del Gobierno de Noelia Arroyo, la planificación del tratamiento de residuos y la respuesta municipal a las demandas de vivienda y movilidad de las personas con discapacidad.
El portavoz sostiene que la comisión se ha cerrado sin completar la investigación y sin permitir que los grupos dispusieran de toda la información. También cuestiona la tramitación de sus conclusiones y acusa a PP, Vox y los dos concejales no adscritos de haber querido dar carpetazo al asunto. Según su versión, el contenido de las conclusiones no refleja lo ocurrido durante las sesiones.
Su principal reproche se dirige a Vox, formación que impulsó la comisión. Giménez Gallo asegura que la documentación examinada recoge la intervención del jefe de gabinete de Alcaldía en al menos 37 contratos, mientras que las conclusiones presentadas por el portavoz de Vox, Gonzalo López Pretel, sostienen, según ha explicado, que no consta intervención de Alcaldía. Para el dirigente de MC, ese cambio supone una renuncia a esclarecer la contratación investigada.
La formación diferencia dos posibles recorridos judiciales. El primero se refiere al acceso a la información de los miembros de la comisión. Giménez Gallo rechaza las explicaciones que, según ha relatado, se han ofrecido para no facilitar las actas y grabaciones, entre ellas las vacaciones de una funcionaria. Considera que esos documentos son esenciales para que los concejales puedan formar su criterio y ejercer su labor de control. El segundo dependerá del examen de la documentación pendiente. El portavoz ha vuelto a expresar sus dudas sobre la gestión de dos millones de euros destinados a proyectos y planes estratégicos y de otro millón y medio en contratos adjudicados directamente. Son las cifras que ha expuesto en su comparecencia para defender que se siga investigando la gestión de Turismo y determinar si existen responsabilidades judiciales. No ha anunciado la presentación de una denuncia sobre esos contratos.
Giménez Gallo también ha señalado a Arroyo como responsable política del área y ha rechazado que el debate se centre únicamente en la concejal delegada, Beatriz Sánchez del Álamo. A su juicio, la investigación debe aclarar la participación de Alcaldía en las decisiones examinadas.
La tensión del pleno ha abierto, además, otro frente con el concejal de Hacienda, Ignacio Jáudenes. El portavoz de MC le exige una disculpa pública por haberle acusado, según ha relatado, de amenazar a funcionarios, una afirmación que niega. Si no se produce esa rectificación, ha advertido de que el edil tendrá que afrontar las consecuencias de sus palabras, sin concretar qué actuación emprenderá. Giménez Gallo ha criticado también que Arroyo abandonara la sesión para acudir a un acto relacionado con el Hospital del Rosell antes de que concluyera el debate municipal. La acusa de ejercer como una «alcaldesa a tiempo parcial» y sostiene que la convocatoria conjunta de los dos plenos debía haber ido acompañada de su presencia hasta el final.
Al margen de la comisión de Turismo, ha explicado que MC sigue estudiando posibles responsabilidades en la actuación municipal sobre el Teatro Circo. El portavoz cuestiona que el inmueble abriera brevemente, volviera a cerrar y ahora se plantee la necesidad de nueve millones de euros para reabrirlo. También ha aludido al conflicto de Los Mateos, que, según ha recordado, ya han llevado a los tribunales los vecinos.
En materia económica, Giménez Gallo ha cuestionado las explicaciones del Gobierno sobre las dificultades para obtener autorización para un préstamo de unos nueve millones de euros. Como comparación, ha citado el caso de Albacete, también gobernada por el PP, cuyo ayuntamiento obtuvo, según ha afirmado, permiso del Ministerio para solicitar 20 millones. Con ese argumento rechaza que el Ejecutivo local atribuya el bloqueo al color político del Consistorio.
El dirigente cartagenerista vincula esas dificultades a la gestión municipal y ha reclamado explicaciones sobre los fondos europeos, el fondo social de Hidrogea y los recursos del Plan Recrea anunciados para actuaciones en la Alameda y la calle Pedro Díaz. Su intervención ha incluido reproches sobre el destino de esas partidas, aunque no ha detallado en la comparecencia la situación administrativa de cada una.
Otra de sus advertencias se refiere al vertedero. Giménez Gallo sostiene que el Gobierno conoce desde hace cinco años el riesgo de que Cartagena se quede sin esta instalación y le acusa de no haber preparado una solución. Ha situado el problema entre las cuestiones que podría heredar la próxima corporación y ha recordado que, según los plazos que ha expuesto, el contrato de limpieza y recogida de residuos finaliza en 2030.
La vivienda ha ocupado también parte de la rueda de prensa. El portavoz ha reprochado a PP, Vox y PSOE el rechazo a la propuesta de MC para destinar el solar de Factoría a uso residencial y facilitar que los jóvenes puedan establecerse en Cartagena. Defiende una estrategia compartida entre administraciones que combine suelo y financiación estatal, la actuación de la Comunidad Autónoma y la construcción de viviendas en terrenos municipales a través de la sociedad Casco Antiguo.
Preguntado por el apoyo de MC a una moción de Vox que planteaba la "prioridad nacional"» en el acceso a vivienda asequible, Giménez Gallo ha respondido que su grupo anunció el respaldo a las tres propuestas de vivienda presentadas por Vox, PSOE y PP para incorporar medidas de todas ellas a una estrategia consensuada. Sobre la iniciativa de Vox, sostiene que el contenido se refería a dar prioridad a personas empadronadas en Cartagena y ha defendido ese criterio de vinculación con el municipio.
El portavoz ha cerrado sus críticas sociales con la petición de un bonotaxi para personas con discapacidad. Según ha explicado, una vecina, Ana Belén, presentó el martes 300 firmas para reclamar esta ayuda, cuyo coste ha situado en unos 60.000 euros frente a un presupuesto municipal de 300 millones. Giménez Gallo considera insuficiente la respuesta de la concejal de Servicios Sociales, Cristina Mora, que, de acuerdo con su relato, planteó intentar incorporar la medida al próximo plan municipal de discapacidad.
MC reclama su puesta en marcha para aliviar el coste de los desplazamientos de personas con problemas de movilidad, entre ellos los viajes recurrentes al hospital. Para Giménez Gallo, esa demanda refleja la distancia entre los anuncios municipales y las soluciones que reciben los vecinos. Su formación mantendrá, ha asegurado, la presentación de propuestas y la fiscalización del Gobierno durante los meses que restan de mandato.
