En el centro de la imagen Clemente Fernández, presidente de Abengoa cesado el pasado viernes (Foto: JOAQUÍN COCHERO/EP)VALÈNCIA. El grupo sevillano Abengoa -compuesto por la matriz Abengoa SA, sus cerca de 300 filiales y la principal compañía como es Abengoa Abenewco 1- está cada vez más cerca del concurso de acreedores. O lo que es lo mismo: una de las mayores suspensiones de pagos empresariales en España, por un montante de unos 6.000 millones de euros en números redondos. Cuanto menos no superará el récord de los 7.000 millones de Martinsa Fadesa de hace catorce años.
Pero lo curioso es que ambas comparten el denominador común de que sus acciones fueron suspendidas en bolsa por última vez el mismo día -14 de julio- por parte de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV): las de la extinta inmobiliaria allá por 2008; mientras las de la firma de ingeniería en 2020, que contaba con las clases A y B, ésta última suponía la mayor parte de su capitalización.
El pasado 30 de junio Abengoa (ABG) presentaba preconcurso de acreedores para 27 de sus casi 300 filiales ante un juzgado mercantil de Sevilla. Y entre ellas está Abengoa Abenewco 1, la firma donde la matriz, que está en concurso desde febrero de 2021, trasvasó sus activos más preciados. Lo hacía después de que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) denegara el rescate de 249 millones de euros al no estar demostrada su viabilidad. De este modo saltaba por los aires el acuerdo con el fondo americano Terramar, que iba a inyectar 200 millones de euros en la sevillana a cambio del 70% del capital, pero eso sí condicionado a la llegada de la ayuda pública.
Al día siguiente, viernes 1 de julio, la matriz de ABG recibía otro revés: el juez del Tribunal de Instancia Mercantil de Sevilla encargado del procedimiento concursal decidía abrir la fase de liquidación de la matriz, declarando la disolución de la misma y el cese de todos sus administradores. En este sentido conviene recordar que Abengoa SA no tenía nada desde hace un par de años, cuando traspasó los activos y las actividades más valiosos a Abengoa Abenewco 1.
Dicha empresa en enero de 2021 vio como dimitían el presidente (Gonzalo Urquijo) y el resto del consejo de administración. Nueve meses más tarde entraban en el consejo de administración los accionistas minoritarios de la sevillana (AbengoaShares), que con más del 21% del capital designaban nuevo presidente a Clemente Fernández. Lo hacían en la junta celebrada el 1 de octubre "con la finalidad de garantizar tanto la paz social como la viabilidad del grupo integrado, a día de hoy, por la sociedad y sus filiales, reclamadas por todos los empleados, acreedores, clientes y accionistas".
Pero ni la paz llegó ni dicho presidente -y sus consejeros- encontraron la estabilidad necesaria ante los gravísimos problemas para encontrar liquidez, pese a que ABG ha seguido ganando concursos a lo largo de estos últimos años tan convulsos. Sin ir más lejos acaba de ser seleccionado para para desarrollar la mayor desaladora de África para ONEE (Office National de l'Electricité et de l'Eau Potable), con una capacidad de 548.000 metros cúbicos diarios, ampliables a 822.000 metros cúbicos.
Esa búsqueda de liquidez para sus acuciantes arcas la llevó a negociar el traslado de su domicilio social... ¡a la Comunitat Valenciana! Fue a finales de 2020 cuando la multinacional andaluza se echó en manos de Ximo Puig para hacerlo a cambio de apoyo financiero. Concretamente de 20 millones de euros para evitar la quiebra después de que la Junta de Andalucía se negara a ello. El Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) inició un procedimiento de contratación del servicio de análisis financiero de Abengoa Abenewco 1 con vistas a poder utilizar el Fondo Valenciano de Resiliencia mediante un procedimiento abierto simplificado. Una operación con la que el IVF agotaría dicho fondo como contó Valencia Plaza un mes antes.
El organismo presidido por Manuel Illueca se marcó el 7 de enero de 2021 como fecha tope para presentar proposiciones al respecto, pero no recibió ninguna. De ahí que la Generalitat Valenciana desistiera ante "las dudas acerca de la continuidad de la operación que motivó la presente licitación". Y las dudas no eran otras que las idas y venidas del consejo de la sevillana -tanto de Abengoa Abenewco 1 como de su matriz- y su cada vez mayor asfixiante situación.
Mientras tanto los trabajadores de ABG han venido manifestándose periódicamente ante la sede de la Presidencia de la Junta de Andalucía para "pedirle" al Gobierno regional que se comprometa -junto al alcalde de la ciudad (Antonio Muñoz) y el Gobierno central- a sentarse y buscar una solución para la compañía. Así lo volvieron a hacer el pasado miércoles. Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Abengoa Abenewco 1, Noelia Sánchez, demandaba respuestas a los responsables políticos para evitar lo que será un reguero de despidos. En este sentido, el Gobierno español y la Junta de Andalucía se reunirán este lunes en Sevilla para abordar la situación, según informaron ayer domingo.
Los trabajadores se amparan en un informe de una de las auditoras que prestan apoyo externo a la SEPI -concretamente Grant Thornton Advisory SLP- , que señala que Abengoa "reúne los requisitos, criterios o condiciones para poder ser beneficiaria de alguno de los instrumentos de apoyo a la solvencia" de los 249 millones de euros solicitados al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas de la SEPI. Eso sí "con matizaciones" incluyendo la validación del plan de viabilidad y del plan financiero de reembolso. Sin embargo, el consejo gestor de dicho fondo acordó denegar definitivamente la solicitud de ayuda pública de 249 millones de euros.
La multinacional sevillana, cuya matriz está en concurso desde febrero del año pasado, deberá optar por el marco de la Ley Concursal y decidir si amplia ese concurso al grupo o -tal y como hizo la semana pasada-, si distintas sociedades del mismo piden preconcurso y concurso. Todo ello mientras ha venido extendiendo periódicamente el plazo de vencimiento de varios instrumentos de deuda contraídos en 2017. Pero la desestimación de la SEPI puso fin a la vía administrativa y al trámite de audiencia, lo que significa la cancelación de la operación de reestructuración y proceso de consentimiento ('consents') lanzado por Abengoa Abenewco 1 a sus acreedores financieros el pasado 25 de mayo.
