Reunión de los dos consejeros de Vox, José Ángel Antelo y José Manuel Pancorbo, y el presidente de Croem, José María Albarracín. el pasado 19 de septiembre. Foto: CARMMURCIA. Vox mueve ficha con uno de los compromisos más controvertidos de su programa electoral. El partido ha registrado en la Asamblea Regional una proposición de ley para reformar la Ley de participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales y acabar con los "beneficios económicos discriminatorios a determinados agentes sociales", como así califica a las ayudas que otorga la Comunidad a la patronal y los sindicatos.
La iniciativa parlamentaria, que lleva la firma del portavoz de Vox, Rubén Martínez Alpañez, ha sido registrada en la Asamblea Regional con fecha del martes -7 de noviembre- y debe pasar por la Mesa de la Cámara para su debate (o no) en el Pleno del Parlamento. El texto, al que ha tenido acceso Murcia Plaza, plantea suprimir dos apartados del artículo 6 y el artículo 7 en su totalidad de la Ley 5/2017 de 5 de julio, como así se denomina la norma autonómica que regula la participación institucional de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas en el ámbito de la Región de Murcia.
El partido de Santiago Abascal aduce en su escrito que "la sociedad murciana ha evolucionado" y pide modificar la citada ley porque "comporta un agravio comparativo con la diversificación de necesidades y sectores" de la Región". Argumenta que si en otro tiempo los agentes sociales eran "las organizaciones empresariales y los sindicatos", hoy en día, esgrime, "existen una multitud de entes sociales, tan legítimos como aquellos, para participar en los ámbitos institucionales".
Todo ello, explica Vox, "no implica que sean los ciudadanos los que tengan que asumir el coste del funcionamiento de las organizaciones empresariales y sindicales más representativas". Entiende que "son entidades privadas, de gestión particular y de asociación voluntaria", por lo que "la Administración no debe interferir dotándolos de un presupuesto anual por el mero hecho de ser un colectivo con derecho de participación institucional".
Por todo ello, Vox propone suprimir dos apartados del artículo 6 (titulado 'Recursos y financiación') de la Ley 5/2017 y plantea una nueva redacción. El primero de los apartados hace referencia a las partidas presupuestarias del Gobierno para las organizaciones empresariales y sindicales.
En concreto, el primer párrafo del sexto artículo que Vox quiere eliminar dice así: "Con la finalidad de fomentar la participación institucional regulada por esta ley y compensar los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha participación, el Consejo de Gobierno consignará, en el Proyecto de ley de Presupuestos Generales de la Región de Murcia de cada ejercicio, partidas presupuestarias con asignación nominativa expresamente vinculadas a dicha finalidad".
A cambio, Vox sugiere que quede escrito de la siguiente forma: "Los gastos en los que incurran las organizaciones sindicales y empresariales intersectoriales más representativas a causa de dicha participación serán asumidas por las mismas con sus recursos propios".
Igualmente la formación que lidera José Ángel Antelo, hoy vicepresidente de la Comunidad, quiere anular el segundo apartado del citado artículo, que aborda las compensaciones económicas y reza de la siguiente manera: "En el primer trimestre de cada año natural se hará efectiva la concesión y pago de las referidas compensaciones económicas a las organizaciones empresariales y sindicales intersectoriales más representativas. El reparto de dichas compensaciones se hará aplicando el criterio de paridad entre las organizaciones empresariales y las sindicales".
En su lugar, ofrecen que se redacte de este modo: "La presencia de las personas que representen a las organizaciones sindicales y empresariales en los órganos consultivos de asesoramiento se presume a título gratuito y no percibirán indemnización alguna por asistencia o compensación de gastos".
Además, Vox propone que se suprima por completo el artículo 7, que consta de tres puntos y está dedicado a la justificación y el control de las compensaciones económicas y obligaciones de colaboración.
Vox, en su justificación de su propuesta, alega que con la modificación de la ley pretende "contribuir a un gran ahorro presupuestario", sin que eso, añaden, menoscabe "tanto en términos de participación en los órganos y entidades públicas de su ámbito de aplicación como en lo que se refiere a su colaboración institucional a través de una acción social proactiva, comprometida y con resultados patentes para la sociedad murciana, en la mejora de la economía de la Comunidad, con el fomento de la empleabilidad y el emprendimiento".
Esta decisión de Vox puede generar un conflicto con su socio, el PP, a quien necesita para sacar adelante la reforma en la Asamblea. Los populares nunca se han posicionado a favor de acabar con las ayudas a patronales y sindicatos, aunque sí ven con buenos ojos mejorar la eficiencia en el control del gasto público.
De hecho, el documento programático que en septiembre firmaron PP y Vox trataba este asunto en el punto 25. Así lo expresaron: "Modificaremos la Ley de Participación Institucional para promover el método de concurrencia competitiva en la concesión de subvenciones, frente al modelo de subvención directa, garantizando así un uso más eficiente de los fondos públicos".
El párrafo dejaba dos interpretaciones para los socios de la coalición. Para Vox, crítico con el hecho de que "los sindicatos y la patronal, por el mero hecho de serlo, tienen derecho a recibir unas subvenciones anuales sustanciosas y significativas", el documento programático recoge que "esa tipología de otorgamiento de subvenciones va a desparecer por completo", en palabras de Rubén Martínez Alpañez.
Sin embargo, el PP, que admitía que "en todo no puede estar de acuerdo" con su compañero de Gobierno, sostenía que con el pacto "se promoverá el sistema de concurrencia competitiva frente a las subvenciones directas" con el fin de "ser eficientes en el control del gasto público". Había, por tanto, discrepancias públicas entre PP y Vox.
Además, da la casualidad de que la reforma se registra un día antes de que ambos partidos evidenciaran sus diferencias en el pleno de la Asamblea de este miércoles, en el que el PP se negó a apoyar la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, solicitada por Vox, una medida incluida en el pacto de Gobierno acordado en septiembre por los dos partidos.
En cualquier caso, el punto 25 del acuerdo programático de PP y Vox generó dudas e inquietudes en los principales afectados, tanto en la patronal de empresarios de la Región, la Croem, como en los principales sindicatos, UGT y CCOO.
Desde la patronal argüían que "los agentes sociales llevan a cabo otra serie de trabajos que emanan de pactos regionales y que no están sometidos a concurrencia competitiva". Defendían que las cantidades que reciben tanto la confederación como las organizaciones sindicales más representativas son "una compensación por su participación en cerca de un centenar de consejos consultivos de distinta índole, en los que se trabaja en cuestiones que afectan al conjunto de la sociedad".
De hecho, la organización que preside José María Albarracín reivindicaba que su labor en asuntos como las leyes de simplificación administrativa, entre otros, "justifican sobradamente el interés social del trabajo que lleva a cabo esta confederación empresarial y que en ningún caso compensa el coste económico al que tiene que hacer frente para llevar a cabo estos fines". También sostenían que las cantidades de las ayudas son "finalistas" y "se justifican debidamente ante la Administración regional", pues "no tienen nada que ver con el mal entendido concepto de subvención".
Los dos miembros del Gobierno de Vox, el vicepresidente Antelo y el consejero de Fomento, José Manuel Pancorbo, se reunieron el pasado 19 de septiembre, al poco de tomar posesión. ¿El motivo oficial? Una reunión de trabajo para "sentar las bases de la legislatura".
Por otro lado, UGT lamentaba que se pusiera en duda su labor sindical y aseveraban que las subvenciones no llegan a cubrir el coste que su participación en los órganos consultivos ocasiona al sindicato, que las completa con recursos propios.
CCOO, por su parte, remarcaba que la compensación económica que perciben los agentes sociales de la Región de Murcia "no la reciben con carácter finalista", sino que "es consecuencia de su participación en las distintas mesas de negociación y comisiones de seguimiento de los acuerdos firmados por el Gobierno de la Región de Murcia y los agentes sociales más representativos".
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