MURCIA. Murcia quiere 'blindar' sus instalaciones deportivas para garantizar que los vecinos disfruten de recintos seguros y en perfecto estado. Por ello, el Ayuntamiento ha sacado a licitación un contrato de vigilancia y seguridad privada por un valor de 234.147 euros, destinado a custodiar los polideportivos municipales durante la segunda mitad del año.

El plan, que comenzará a finales de julio y se extenderá hasta el 31 de diciembre, no busca solo el mantenimiento de los recintos, sino la protección directa de sus usuarios. Según explica el pliego, la empresa adjudicataria no solo custodiará los bienes y enseres de las pistas, sino que deberá garantizar la protección de los usuarios y la seguridad en los eventos que se celebren durante la temporada estival.

En cuanto al equipo humano, la normativa exige que todos los trabajadores cuenten con la cualificación técnica y las tarjetas profesionales o carnés homologados necesarios para sus funciones. Más allá de la capacitación técnica, el personal ha recibido formación específica en materia de prevención y ha sido informado detalladamente sobre los riesgos de sus puestos. Asimismo, la empresa asume la responsabilidad de la vigilancia de la salud de su plantilla y garantiza que todos los empleados dispongan de equipos de protección individual (EPI) adecuados, así como de maquinaria y herramientas con el marcado CE y las garantías de conformidad pertinentes.

En el plano operativo, las funciones de los vigilantes se centran en la protección integral de las personas y los bienes en las instalaciones deportivas, asegurando que todas las actividades y eventos se desarrollen en un entorno seguro. El personal tiene el mandato de prevenir actos delictivos e intervenir de forma inmediata ante cualquier infracción, poniendo a disposición de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad tanto a los posibles implicados como las pruebas obtenidas, sin realizar interrogatorios por cuenta propia. 

Los vigilantes, que dependen organizativamente del Jefe de Seguridad de su empresa, tienen la obligación de seguir las instrucciones de los responsables policiales en el ejercicio de sus competencias, según reza el pliego. La coordinación de este proyecto resulta clave en situaciones de emergencia, como es el desalojo de locales o la suspensión de espectáculos, donde la prioridad es el mantenimiento de la seguridad ciudadana y el orden público dentro de los establecimientos deportivos.