Una sentencia del Supremo abre la puerta a Miras a recuperar los 85 millones del IVA que Hacienda le debe a Murcia

MURCIA. La Comunidad encuentra razones judiciales para recuperar el dinero que el Ministerio de Hacienda le debe por la liquidación del IVA de 2017, todavía pendiente. Una sentencia del Tribunal Supremo, notificada este martes, da la razón a la Junta de Castilla y León en su reclamación al Gobierno central. El fallo abre la puerta a que la Región de Murcia reciba los 85 millones de euros que la Administración central dejó de abonarle por este asunto.

En enero de 2020, el Gobierno regional, al igual que Castilla y León y otras autonomías, decidió emprender la vía judicial para recuperar el dinero retenido por Hacienda. Lo hizo tras conocer que la ministra del ramo, María Jesús Montero, confirmaba que no iba a devolver los 2.500 millones de euros que debe en total por la liquidación del IVA de diciembre de 2017, de los que 85 millones corresponden a la Región de Murcia (aunque posteriormente, tras un último ajuste -precisaron- se redujo a 79 millones).

Precisamente este miércoles, tras conocer el fallo, el presidente murciano, Fernando López Miras, exigía al Gobierno que preside Pedro Sánchez que "devuelva a los murcianos los 85 millones de euros que debe de la liquidación del IVA de 2017". Miras esgrime que es un dinero que serviría "para ayudar a los murcianos; a los que más lo necesitan; para que nadie se quede atrás; para ayudar a las pymes, a los autónomos y a los que tienen que crear puestos de trabajo, por supuesto".

El Alto Tribunal, en su fallo que da la razón a Castilla y León, estima que al no devolver el dinero a la Junta castellanoleonesa se da "un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la comunidad autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado".

En 2020, la ministra Montero, sin embargo, aseguraba que esa deuda "no existe" al haberse producido el ajuste en términos de Contabilidad Nacional hace dos años. Y alegaba que el impago "se debe al bloqueo del PP al proyecto de Presupuestos de 2019 que corregía el cambio normativo aprobado por el exministro Cristóbal Montoro". En concreto, la máxima responsable de Hacienda criticaba que el problema se remontaba a la época de Montoro, al que acusaba de "actuar con nocturnidad" por realizar una modificación "unilateral" del Sistema Inmediato de Información (SII) del IVA que "propició en la práctica que sólo se recaudasen a efectos de las comunidades autónomas 11 meses del IVA".

Montero sostiene que se intentó corregir ese desfase del IVA en los Presupuestos presentados para 2019, pero finalmente las cuentas no fueron aprobadas por "el bloqueo" del PP. La ministra también rechazó que el Gobierno se quede con 2.500 millones. "Nadie se queda con ningún dinero porque no hay ningún dinero sobrante. Hay una contabilización de lo que se produjo en el sistema y una contabilización que ya se aplicó en 2019", expuso.

Ahora, conocida la sentencia, el Ministerio señaló que estudiará y cumplirá el fallo y defendió que, en cualquier caso, España es el país descentralizado que más ha protegido a los entes territoriales, remarcando que para 2021 los Presupuestos Generales del Estado ya contemplan una dotación adicional de 13.486 millones para a las comunidades autónomas.

El fallo del Supremo responde al recurso contencioso-administrativo que la Junta de Castilla y León interpuso el 25 de septiembre de 2020, después de que el Consejo de Ministros desestimara por falta de respuesta la reclamación del pago de las cantidades debidas a la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del Sistema de Financiación del ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que sumaban 182 millones de euros.

El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, por su parte, también reclamó que se les devuelva el dinero que "el Estado" les "quitó" a las comunidades en "una clara deslealtad institucional". El Gobierno central, añadió en un tuit, "no atendió nuestras reclamaciones". Los 85 millones, apostilló, "son de los murcianos".