Marcos Ortuño, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA. El PP, que durante tantos meses decía ignorar los planes de su socio, ya conoce los detalles del borrador de Vox para reformar la ley de Protección y Recuperación del Mar Menor. De hecho, el Gobierno regional tiene conocimiento formal de los propósitos de Vox... pero el asunto no se ha debatido en el seno del Ejecutivo autonómico, sino que queda emplazado a la negociación parlamentaria en la Asamblea Regional. El vicepresidente de la Comunidad, José Ángel Antelo, ha entregado varias copias del texto, una proposición de ley, al acabar la reunión del Consejo de Gobierno, celebrada esta jueves, tal y como ha contado el portavoz de la Comunidad, Marcos Ortuño. El documento, por tanto, no se ha abordado oficialmente en el Palacio de San Esteban, sede del Gobierno.
"Es una iniciativa parlamentaria de Vox, por lo que serán los grupos parlamentarios de la Asamblea Regional quienes tengan que pronunciarse", decía en la rueda de prensa Ortuño, que reseñaba que la proposición de ley "no tiene nada que ver con el Gobierno". Incluso el propio consejero de Presidencia admitía que "no ha tenido tiempo" de leerla ni de "evaluarla".
Ortuño, eso sí, volvía a insistir en que la postura del PP y "por tanto del Gobierno" es "clara": "No vamos a dar un paso atrás en la protección del Mar Menor. No vamos a aprobar ninguna modificación que suponga un retroceso en su protección", sostenía. Es decir, las mismas palabras que lleva diciendo el presidente de la Comunidad, Fernando López Miras. Ortuño lo repitió varias veces ante ante las preguntas de los periodistas.
Esta barrera roja de López Miras y Ortuño, sin embargo, no tiene por qué chocar con el discurso actual de Antelo, quien defiende que su reforma beneficiará a la laguna y no restará protección a su entorno. Sin embargo, ante la pregunta de si estaría dispuesto a modificar la ley siempre y cuando no implique una merma de la protección del Mar Menor, el portavoz volvía a remarcar la misma respuesta: "No daremos ni un paso atrás en la defensa de la laguna".
El portavoz, eso sí, concedía que Vox "está legitimado para elaborar en solitario" su propuesta de reforma. Pero, apostillaba, "también nosotros lo estamos para posicionarnos como estimamos oportuno".
Así las cosas, el proyecto estrella de Vox de su campaña electoral, una reforma de la ley que tanto han criticado porque entienden que "criminaliza" a la agricultura, quedará emplazada a la Asamblea Regional. El borrador, por tanto, no se formaliza como proyecto de ley (que son las iniciativas parlamentarias del Gobierno) sino como proposición de ley (que es una iniciativa parlamentaria de un grupo parlamentario).
Hay que recordar que la norma se aprobó en la Asamblea Regional en el verano de 2020 con los votos a favor de los dos socios del Gobierno entonces, PP y Ciudadanos, y el principal partido de la oposición, el PSOE. Vox y Podemos se opusieron (por motivos distintos, pero su voto fue el mismo). El partido de Antelo durante mucho tiempo reclamó su derogación. Tras las elecciones del 28 de mayo, en las que Vox exigía entrar en el Gobierno regional (algo que logró en septiembre), el partido suavizó su postura y se abrió a modificar o reformar el texto. Que es lo que finalmente ha querido hacer desde su entrada en la Comunidad. La Dirección General de Ordenación del Territorio, en manos de Vox, lleva tiempo recopilando información con ecologistas, organizaciones y todos los sectores cualificados implicados. "Todos nos dicen lo mismo: la ley está mal hecha, tanto en un sentido como en otro", argüía Antelo en diciembre, en un encuentro con periodistas.
Hasta ahora, por lo que ha trascendido en declaraciones, la reforma de Vox persigue consolidar "la compatibilidad de todos los usos del suelo con la conservación y mejora del estado ambiental del Mar Menor". Entre los cambios que plantea se encuentran el freno a la implantación de plantas fotovoltaicas en la cuenca vertiente del Mar Menor, que se verán restringidas, a excepción de aquellas destinadas a autoconsumo. "No podemos cambiar la huerta de Europa por el huerto solar de Europa", señaló Antelo en una entrevista en La 7 TV, esgrimiendo que quiere "blindar el suelo destinado a regadío".
También pone el foco en los saneamientos de los municipios de la zona. Así, quieren "obligar" a los ayuntamientos ribereños a cumplir con los planes de saneamiento y depuración de sus aguas: "Los ayuntamientos ribereños van a tener que realizar una auditoría independiente anual de las redes municipales para medir el grado de avance de la separación y extensión de las redes de saneamiento y grado de conexión de las viviendas a la red, así como la implantación de sistemas terciarios en las EDAR (Estación depuradora de aguas residuales) y reutilización del agua tratada por las mismas", indicaba Antelo.
El también consejero de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio avanzó que los Consistorios ribereños "también deberán dar cuenta del grado de implantación de sistemas que eviten el vertido de aguas pluviales al Mar Menor". Según el vicepresidente, estos informes deberán incluir datos como el porcentaje de la red separativa de cada municipio, el porcentaje de agua potable perdida, el número de averías, el mapa de tanques de tormenta y los núcleos urbanos sin conexión a la red de saneamiento, entre otros.
Otra de las novedades que aporta el borrador es que rebaja a rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganadero. Antelo, que se muestra a favor de una mayor flexibilización y menor regulación para el sector primario, explica que que van a rebajar a "rango de reglamento los apartados de la ley que regulan el sector agrícola y ganaderos para que, de este modo, las cuestiones relacionadas con este sector sean susceptibles de ser modificadas desde la Consejería competente sin pasar por el Parlamento".
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