MURCIA. La Asamblea Regional ha rechazado tomar en consideración la proposición de ley de universalidad y gratuidad del primer ciclo de Infantil (la educación de o-3 años). La propuesta, planteada por el PSOE, no ha sido admitida a trámite con los votos en contra de PP, Ciudadanos y el diputado leal de Vox, Pascual Salvador. De nuevo se ha vuelto a evidenciar la fractura del grupo parlamentario del socio del Gobierno regional, tal y como sucedió en el último pleno. Los tres representantes 'rebeldes' de Vox -expedientados por su partido- se abstuvieron, mientras que Podemos dio su apoyo pese a que se mostró crítico con el planteamiento socialista.
La votación ha servido como estreno del Patio de los Ayuntamientos como nuevo salón de plenos, acondicionado para garantizar la distancia de seguridad y que ha permitido la presencia de todos los diputados. Aunque finalmente han asistido 43 parlamentarios. Las obras, que empezaron a finales de abril, han concluido antes de lo previsto. Hasta la fecha las sesiones parlamentarias se celebraban en el Hemiciclo con la presencia limitada de 15 diputados, que votaban con voto ponderado.
El diputado socialista Antonio Espín, que defendió la proposición, expuso que la educación de los menores de 3 años es una responsabilidad de las administraciones autonómicas y abogó por otorgar carácter gratuito y universal al primer ciclo de Educación Infantil, una etapa que definió como clave para "el desarrollo afectivo, físico, social e intelectual de los niños". La norma del PSOE recoge la promoción de las vacantes, hasta alcanzar las 9.000 plazas.
Mábel Campuzano, diputada de Vox, reclamó tiempo -"un objetivo a largo plazo"- para embarcarse "en una buena ley, estudiada y consensuada" porque "la cobertura de esta etapa educativa constituye uno de los pilares de la conciliación y un incentivo a la natalidad". A su juicio, "vemos una oportunidad para introducir mejoras en el sistema, como el cheque escolar".
La portavoz del Grupo Mixto, María Marín, expresó sus discrepancias con la iniciativa del PSOE, que situó "como una ley muy lejos de las aspiraciones de la educación gratuita" y también "muy lejos de lo pactado en el acuerdo estatal" entre socialistas y morados. "Tal y como está redactado este proyecto, deja las manos libres a la total concertación, cuyo modelo en la Región no ha mejorado el rendimiento del alumnado", adujo la diputada, que pidió "más valentía" y reprochó a los socialistas que es una ley fraguada "antes" de gobernar con Unidas Podemos, cuando "el PSOE miraba a Ciudadanos, tal y como hace ahora".
El portavoz de Ciudadanos, Juan José Molina, esgrimió que la ley "no es gratuita" porque en el capítulo cuarto se reseña "la participación de las familias en el coste de los servicios". Argumentó que una norma de este calado "sólo es viable si viene una ley nacional dotada con presupuesto" y añadió que su aplicación sería "perjudicial" para la Región.
Desde el PP, el diputado Víctor Martínez señaló que "nadie discute" los beneficios de la escolarización temprana, que "favorece el rendimiento de los alumnos, propicia la igualdad de oportunidades y ayuda a la conciliación laboral y familiar". Sin embargo, "el enfoque no es el mismo". Manifestó que los servicios jurídicos han detectado redundancias, echó en falta una memoria económica que cuantifique el coste de las medidas y pidió no ir por delante del Estado al mismo tiempo que reivindicó las propuestas del Gobierno de López Miras en esta materia.
Espín, en su réplica, lamentó "los argumentos muy pobres" de PP y Ciudadanos. "Esta propuesta no entra en contradicción, pues las competencias son de la Comunidad Autónoma, la oferta y la financiación son su responsabilidad", apuntó. Y criticó a la formación liberal: "Echamos de menos al Ciudadanos de centro que encontramos en la pasada legislatura. En Murcia han perdido el rumbo y toda la credibilidad, tendrán que explicar por qué anteponen sus intereses partidistas", recriminó.