MURCIA. El plan de movilidad de Murcia sigue levantando ampollas y llega a los tribunales. La plataforma ciudadana Cierran Mi Barrio ha presentado un recurso ante los juzgados de lo contencioso-administrativo para pedir "medidas cautelarísismas" para pedir la paralización inmediata de las obras relacionadas con los proyectos de movilidad de Murcia, una petición que pretenden llevar también ante la Comisión de Garantías de la Unión Europea.
Además, las asociaciones enroladas en torno a la plataforma vecinal 'Cierran mi barrio' preparan una gran manifestación contra el proyecto para mañana. Los colectivos vecinales y de comerciantes contrarios a las obras de movilidad acompañarán la marcha con una chocolatada con monas para animar a los vecinos a sumarse a la protesta y agradecerles su implicación contra este proyecto.
La protesta partirá a las 11.30 horas del jardín de Floridablanca, donde se van a repartir entre 3.500 y 5.000 monas donadas por las confiterías del barrio acompañadas de chocolate por cortesía de la asociación de comerciantes. Así lo explicaban el presidente de la Asociación de Comerciantes del Barrio del Carmen, José Oñate, y el portavoz de la plataforma Cierran Mi Barrio, Jerónimo Jover, que impulsan la convocatoria de la manifestación junto con los colectivos Espinardo Colapsado, Murcia Centro Vivo y SOS Vistabella y las asociaciones del Mercado de Verónicas, de Vecinos de San Pedro de Espinardo y de Vecinos de Murcia-El Carmen.
La marcha recorrerá después la Alameda de Colón y cruzará el Puente Viejo hasta llegar a la Glorieta de España, donde se leerá un manifiesto, y terminará en la plaza del Cardenal Belluga. Jover ha insistido en que los convocantes no están en contra del plan de movilidad, pero exigen que se haga con "participación ciudadana", escuchando las propuestas de quienes viven en los barrios y los conocen, ya que los actuales trazados de carriles bus y bici segregados, ha dicho, se han hecho basándose en 'fotos de Google' y sin pisar las calles.
Representantes de la plataforma registraron la petición para tratar de evitar que los trabajos de construcción de carriles bici y bus segregados del tráfico tengan que ser revertidos en un futuro, como consideran que dictarán también los tribunales, según explicaba a Efe Jerónimo Jover, portavoz de la plataforma.
Jover defiende que en otras ciudades como Valladolid o Madrid la justicia ya ha dictaminado que este tipo de modificaciones y planes de movilidad deben hacerse a través de ordenanzas, una vía que obliga a la participación ciudadana mediante los correspondientes periodos de exposición pública y alegaciones.
Por ello, consideran que las obras deben quedar paralizadas porque, si siguen adelante y finalmente son tumbadas por los tribunales, habrá que revertir los trabajos ya ejecutados con el consiguiente gasto de fondos públicos.
Jover insistía en que el Ayuntamiento debe pedir a Europa una prórroga en los plazos de ejecución del proyecto, ya que el mismo está financiado con fondos Next Generation, de manera que se pueda estudiar con los vecinos la mejor alternativa para cada uno de los barrios afectados sin perder esas partidas económicas por el retraso en las obras.