Los funcionarios municipales entran en campaña, esta vez sin ellos pretenderlo

CARTAGENA. A lo largo de la legislatura hemos visto y oído cómo los funcionarios del Ayuntamiento de Cartagena se sentían, después de que el Acuerdo de Condiciones de Trabajo firmado con la anterior alcaldesa, Ana Belén Castejón, se fuera al traste en el último día de 2019. Era el propio interventor municipal quien lo justificaba indicando que era inviable económicamente hablando. Durante la pandemia decenas de trabajadores municipales salieron a la calle para manifestar su desacuerdo ante la decisión y exigían la vuelta a las mesas negociadoras. Hubo situaciones muy tensas y algún acto boicoteado que escoció mucho a los políticos.

Desde hace meses la concejala de Personal, Esperanza Nieto, y su equipo retomaron, con desigual fortuna, las mesas de trabajo con los representantes de los funcionarios y este mismo viernes se podría llegar a cristalizar el acuerdo para actualizar la Relación de Puestos de Trabajo. La RPT es un instrumento técnico en el que se diseña la estructura de personal de la administración, para adecuarla a las necesidades del servicio público. Esta RPT actual estaba desfasada y hay muchos trabajadores municipales que desempeñan funciones que no están reconocidas en la de ahora, de ahí la necesidad de actualizarla. Afectará, aproximadamente, a 200 trabajadores. 

Sindicatos y técnicos municipales se sientan hoy de nuevo para tratar de culminar, o no, este acuerdo y rubricarlo, lo que supondría un paso más para los funcionarios en su lucha por no perder calidad en el servicio y un pequeño éxito para el Gobierno que lidera Noelia Arroyo, después de lo vivido años atrás. 

No cabe duda de que es un momento idóneo para reivindicar: asociaciones, vecinos, partidos, barrios, diputaciones..., todos esperan esta etapa preelectoral como 'agua de mayo', porque son conscientes de que van a ser escuchados con más atención que nunca. Sin embargo, los funcionarios municipales, que ahora prefieren negociar antes que salir a la calle, se han visto inmersos en la campaña electoral, pero esta vez sin ellos pretenderlo.

Casi sobre la bocina, han saltado alarmas desde distintos puntos, algunos incluso son de fuego amigo, como se diría en el vocabulario bélico. MC Cartagena, como ya informábamos ayer, les dice a los representantes sindicales que no firmen, que es ilegal lo que van a sellar y les advierte que en el caso de que lo hagan, han de ser conscientes de que el acuerdo "será anulado por los tribunales". ¿En qué papel se deja a los funcionarios que hasta ahora han negociado ese acuerdo y se encuentran con esta afirmación?, pero, ¿qué harán tras ser avisados que este será denunciado? "Se crean doscientos puestos de trabajo discrecionales y por dedocracia. No tenemos duda de que es ilegal y quizás delictivo", indicaba el presidente del partido cartagenerista, Jesús Giménez Gallo, este pasado jueves en una comparecencia pública.

Pero si esta puesta en escena del equipo liderado por José López podría incluso esperarse, lo que nos hemos encontrado dentro del propio equipo de Gobierno es algo inesperado. Ana Belén Castejón, vicealcaldesa, firma una carta en la que comunica a los sindicatos, entre otras cosas, lo siguiente: "Nos comprometimos a no aprobar la RPT en la presente legislatura, por entender que no es adecuado a pocas semanas de la convocatoria electoral y que no hay suficiente consenso, pero sí realizarla en la próxima legislatura", o lo que es lo mismo, manifiesta abiertamente su desacuerdo con sus socios de gobierno. Hace unas semanas, Castejón se reunió con los sindicatos para hablar de este acuerdo y ya indicó, como hemos visto unas líneas más arriba, que no veía adecuado firmarlo ahora, socavando, de esta manera, la negociación del equipo de Gobierno con los sindicatos. El tripartito se comprometió hace meses a acordar, en su globalidad, el acuerdo de condiciones de trabajo de todo funcionariado, algo que ahora se ve amenazado.

Además, explica Castejón que el Ayuntamiento puede disponer de un millón de euros -procedente de los intereses y recargos añadidos a los casi 7 millones de euros que el Ministerio de Defensa ha de pagar por las cuotas del lmpuesto de Bienes lnmuebles que durante años Defensa consideró que no debía abonar-, para mejorar las condiciones salariales de los empleados municipales, una vez que se incorpore con el correspondiente acuerdo de pleno. O dicho de otro modo, ante los que digan que no hay liquidez para llegar a un acuerdo con los funcionarios, propone destinar un dinero llegado de unos ingresos externos, desde el ministerio Defensa. 

Pero, lo que la ley dice es que este tipo de ingresos solo pueden ir destinados a pagar facturas o saldar deuda municipal, nunca a pagar nóminas, por lo que tal argumento podría desvanecerse. 

Añade Castejón, para concluir que: "Todos los compromisos adquiridos cuentan con el aval de los 6 concejales afiliados a Sí Cartagena, que en la actualidad forman parte del equipo de Gobierno municipal", dando muestras más que reales que campaña electoral estaba presente cuando Castejón se sienta en la mesa con los sindicatos. Su postura muestra que alguien parece estar haciendo la guerra por su cuenta, o quizá lo que pretende es marcar distancias en estos momentos en los que los votos importan más que nunca.