Foto: LA ROCAMURCIA. La protección al cada vez más atacado Mar Menor es algo necesario. Tanto que la Universidad de Murcia (UMU) ha tomado las riendas para que salga adelante la Ley que pretende que se reconozca la personalidad jurídica de la laguna salada y que surge de una Iniciativa Legislativa Popular. Para ello desde la institución se ha creado la nueva Cátedra de Derechos Humanos y Derechos de la Naturaleza, en la que colaboran Amnistía Internacional, Ecologistas en Acción y la Asamblea Regional de Murcia.
Desde la Cátedra se va a poner en marcha un trabajo científico interdisciplinar para aportar el contenido técnico que requiera en su momento la ley. La profesora Teresa Vicente, que la dirige, ha señalado al respecto que "ha llegado el momento de dar un salto cualitativo y adoptar un nuevo modelo científico, jurídico y político, que reconozca derechos a la naturaleza".
El objetivo es "impulsar el compromiso de las instituciones públicas y organizaciones sociales con una acción ecológica y social conjunta, para afrontar el cambio climático y promover una transición ecológica y social que sea respetuosa con los derechos de las personas, los derechos de las generaciones futuras y los derechos de la naturaleza".
La cátedra de la UMU coordinará la recogida de firmas para que salga adelante la ley. Se intentará recabar el medio millón de firmas que necesita la Iniciativa Legislativa Popular para que el Congreso debata la posible concesión de esta figura a la laguna, que blindaría su protección.
En base al marco previsto en la Ley Orgánica 3/1984, de 26 de marzo, esta ILP pretende que el ecosistema lagunar se dote como sujeto de derechos, en base a su valor ecológico intrínseco, y que se garantice la necesaria solidaridad intergeneracional, protegiéndolo para las generaciones futuras, cumpliendo los compromisos internacionales adquiridos, como el Acuerdo de París de 2015 sobre Cambio Climático.
La personalidad jurídica está vinculada a que el Mar Menor es una "entidad que despierta un fuerte apego emocional" en la ciudadanía y que ha venido sufriendo la convergencia de diversos impactos, derivados de las presiones relacionadas con la intensificación de los usos agrarios, urbanos y turísticos, según explicaban desde el movimiento vecinal Por un Mar Menor Vivo.
Si sale adelante la iniciativa, el Mar Menor contará con tres figuras, derivadas de la personalidad jurídica: una Tutoría o representación legal, una Comisión de Seguimiento (que serían los guardianes del Mar Menor) y un Comité Científico, que asistirá a la Tutoría y a la Comisión.
Asimismo, cualquier persona física o jurídica estará legitimada a la defensa del ecosistema del Mar Menor, pudiendo hacer valer los derechos y las prohibiciones de la ley a través de una acción presentada ante el órgano judicial correspondiente.
