La eliminación de los aforamientos, aplazada por enésima vez: el Senado la manda a febrero

MURCIA. La eliminación de los aforamientos de la Región de Murcia tendrá que seguir esperando para que sea una realidad. El fin de esta figura jurídica, que está pendiente de superar el último paso, no se resolverá hasta, al menos, en febrero de 2021. La reforma, que vio la luz en abril de 2017 en la Asamblea Regional -se convirtió en el primer parlamento autonómico en impulsar esta medida-, necesitaba el visto bueno de las Cortes Generales, al tratarse de una modificación del Estatuto de Autonomía. Pero su tramitación parlamentaria se enquistó en el tiempo, aplazada por las diferentes convocatorias electorales. Tres años y medio después, el Congreso al fin trataba el asunto en pleno y dio el visto bueno con una ampliación mayoría. Quedaba, por tanto, la ratificación del Senado. Sin embargo, la Mesa de la Cámara Alta no ha incluido el texto en el orden del día, por lo que la norma no podrá debatirse ya hasta febrero, puesto que ahora se abordarán los Presupuestos del Gobierno central y en enero las Cortes son inhábiles.

El senador murciano de Ciudadanos, Miguel Sánchez, se quejó públicamente en la tribuna de esta decisión. "Otra vez la Región de Murcia queda ninguneada", clamaba, a la vez que lamentaba que la Mesa sólo ha aceptado tres de las cuatro de las leyes propuestas para la sesión de este miércoles. "Se ha dejado fuera la reforma del Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia, ni más ni menos. Es la Región de la Murcia, ¿a quién le importa? No quiero ni pensar que estuviéramos hablando de la reforma de otro estatuto de cualquier otra región. Se hubiera tramitado hace ya mucho tiempo", recriminaba. 

"Ni siquiera se ha cometido una excepción para habilitar el jueves. Se le ha dado una patada para adelante", apostillaba el senador liberal. Sánchez remachaba su intervención criticando el trato histórico que reciben los murcianos. "Nos sentimos ciudadanos de tercera. Se premia y se dan prebendas a los que quieren destruir el país, y se humilla a quienes lo aman, como son los murcianos, los últimos siempre en todo".

Los aforamientos están considerados como un "privilegio político" por muchos partidos, pues sus señorías sólo pueden ser imputados -investigados- y juzgados por el TSJ de la Región. La Asamblea acordó, en abril de 2017 y por unanimidad, la derogación de los aforamientos de los diputados y miembros del Gobierno regional. La Región fue una pionera, pero, en todo este tiempo, ha visto cómo Canarias le ha pasado por delante al lograr la aprobación del Congreso y Senado, a pesar de que los canarios iniciaron el proceso después.

La reforma murciana, en concreto, eliminaba el segundo párrafo de los artículos 25.2 y 33.7 del Estatuto de Autonomía. Estos dos textos hacían referencia a los aforamientos de los diputados y de los miembros del Gobierno regional, respectivamente. Y decían así: "No podrán ser detenidos ni retenidos por los presuntos actos delictivos cometidos en el territorio de la Región, sino en caso de flagrante delito, en tanto decide el Tribunal Superior de Justicia sobre su inculpación, prisión, procesamiento y juicio".

El fin de esta figura jurídica se había atascado en el cajón como consecuencia de la inestabilidad política de nuestro país, marcada por las convocatorias electorales. La Cámara Baja registró la reforma del Estatuto murciano en junio de 2017. Pero nunca terminó en un pleno. Desde entonces han llegado a comparecer hasta tres veces los portavoces murcianos reclamando su reactivación. La última se produjo en febrero. Los representantes de PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, y también Vox (que no tenía representación parlamentaria en la pasada legislatura), expusieron desde la tribuna el enésimo intento por sacar adelante la iniciativa.

Pero entonces irrumpió la pandemia, dando al traste con todos los planes. Así las cosas, los aforamientos no entraron en el Parlamento nacional hasta pasado mes de octubre. A finales de ese mes, tras recibir la luz verde de la Comisión Constitucional, el pleno del Congreso aprobaba la reforma con 269 votos a favor, 73 abstenciones y ningún voto en contra. El Senado debe ahora pronunciarse como último paso antes de que el texto quede reflejado en el Boletín Oficial del Estado.