Pleno de la Asamblea Regional, con la bancada de PSOE y Cs ausente. Foto: PSRM-PSOEMURCIA. El Estatuto de Autonomía de la Región de Murcia necesito más de diez años para ser reformado. Tras muchas y difíciles negociaciones, en 2019 se alcanzó un gran acuerdo: el pacto fue, además, unánime, sellado entre todos los partidos presentes en la anterior legislatura (PP, PSOE, Cs y Podemos). Fue uno de los grandes éxitos de la pasada legislatura, la primera sin mayorías absolutas. Esta reforma, dada su entidad, requería de la aprobación del Congreso de los Diputados -ninguna autonomía puede modificar su texto magno sin el visto bueno de las Cortes Generales-, pero todo el consenso se ha hecho trizas en los últimos días, durante la tramitación parlamentaria.
La presentación de 53 enmiendas de PSOE, Podemos y Cs, en las que pedían limitaciones de mandatos -que impedirían a López Miras optar a la reelección como presidente- y declaraciones contra el transfuguismo, han dado un giro a los acontecimientos. El PP y sus socios, conscientes de la amenaza de estas peticiones de los partidos de la oposición, contratacaron para frenar las enmiendas e impedir que vieran la luz. Para ello, solicitaron la modificación del Reglamento de la Asamblea y, una vez resuelto este trámite, pidieron la convocatoria de un pleno extraordinario para solicitar la retirada del Estatuto. Así se ha culminado este jueves. Todo ello en 24 horas.
La petición ha salido adelante con los 23 votos de los grupos que sustentan al Gobierno regional (los 16 del PP, más los cuatro de los expulsados de Ciudadanos y los tres ex de Vox), más el del diputado oficial de Vox, Pascual Salvador. 24 votos a favor... de los 24 parlamentarios presentes. En la votación no participaron los 21 diputados de PSOE, Podemos y Ciudadanos.
No en vano, la oposición ha protagonizado un plante y no ha asistido al pleno como motivo de protesta. Únicamente acudió a la Cámara la diputada de Podemos, María Marín, que intervino en el atril para manifestar su repulsa a una acción que consideran un "atropello" y una "ilegalidad". Una vez que compareció, Marín abandonó el pleno, junto con su compañero de Podemos, antes de la votación.
La diputada de Podemos, en su intervención, cargó contra la Asamblea, que considera que "se ha convertido en la camarilla de servicio de un presidente regional sin ningún escrúpulo", y señaló que la decisión de la retirada del Estatuto en el Congreso corresponde a la Mesa y que el coordinador regional de Podemos y secretario tercero de la Mesa, Javier Sánchez Serna, se opondrá.
Los portavoces del Ejecutivo, en cambio, defendieron su maniobra. "No vamos a permitir que utilicen el Estatuto como un arma contra la estabilidad de la Región, esgrimió Joaquín Segado, del PP. "No podemos pedir que desde el Congreso salga una norma que afecte a la Región pero que jamás hubiera sido aprobada por la Asamblea Regional", dijo mientras acusaba a Conesa de hacer "el más grande de los ridículos" por no asistir al debate,
Por su parte, el portavoz de los liberales, Francisco Álvarez, criticó la actitud de la oposición. "El PSOE ha puesto otro clavo en el ataúd de su trabajo parlamentario en la Asamblea, y de paso también en la dignidad democrática de la Región al ausentarse del pleno". A su juicio, esa actitud denota "su particular interpretación de la democracia, que solo es válida si les resulta favorable".
Y desde el grupo Vox, su portavoz, Juan José Liarte, arguyó que las enmiendas se presentan desde "el rencor y la venganza". Además, afirmó que el Estatuto es un "ataque frontal a los cartageneros" porque impide abrir "el debate de la biprovincialidad".
Fuera de la Asamblea, los dos diputados oficiales de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, concentrados a las puertas de la Cámara, protestaban contra la "actitud antidemocrática del PP" y recriminaban el "cumulo de despropósitos al que están sometiendo al resto de parlamentarios y a los ciudadanos de esta Región". Claman contra las "prácticas dictatoriales de un PP que hace meses que perdió el norte y es incapaz de respetar las reglas de la democracia". Y añadían, contundentes: "Vivimos en una dictadura encubierta de unos pocos que solo miran por sus intereses personales. Estamos hartos de la no gestión de un partido que solo piensa en mantenerse en el poder".
Por su parte, el PSOE, que también se plantó frente al Parlamento y no participó en el pleno porque "la iniciativa es una vergüenza", criticó que el "PP, los tránsfugas de Ciudadanos y los expulsados de Vox están convirtiendo a la Región en una república bananera y han vuelto a secuestrar la Asamblea". Así lo recriminaba Diego Conesa, quien reprochaba que los grupos del Ejecutivo "han tirado, en apenas cuatro días, 12 años de trabajo parlamentario de tres legislaturas en este asunto".
Los socialistas han planteado a los Servicios Jurídicos de la Asamblea un informe jurídico sobre este tema. "Dudamos de la legalidad de las decisiones que se han adoptado", sostienen. Argumentan que todo cambio que se vaya a hacer en el Congreso requiere de una mayoría cualificada de tres quintas partes: "Aquí el PP, con 16 diputados y la voluntad comprada de otros 7 diputados está alterando la democracia y no llega a esa mayoría cualificada de tres quintas partes".
