Isabel Franco, en el centro, junto con Inés Arrrimadas y Mario Gómez, en un acto electoral en Murcia, en mayo de 2019. Foto: EDU BOTELLA (EP)MURCIA. Un ultimátum de cinco días. Es el tiempo que le da el juez que investiga las primarias de Ciudadanos en la Región de Murcia para que el partido envíe toda la documentación requerida hace ya más de un año.
El Juzgado de Instrucción número Cinco de Cartagena, que investiga presuntas irregularidades en el proceso electoral para la candidatura a la Comunidad que ganó la actual vicepresidenta Isabel Franco, solicita esta información tanto a la formación liberal como a la empresa Lazarus Technology, en un texto con fecha del 17 de septiembre.
En concreto, el magistrado Ignacio Munitiz menciona a Valle Miguélez -exscretaria de Organización del partido y ahora miembro de la gestora- por un requerimiento anterior y reclama al partido que "en el plazo de cinco días aporte a las actuaciones el dossier sobre el funcionamiento del voto telemático", tal y como reza en el auto al que ha tenido acceso Murcia Plaza.
Sobre la empresa Lazarus, el juez recuerda que ya reclamó estos datos el pasado 17 de abril y también advierte a la firma de que en caso de que no se remita la documentación en el plazo indicado, "deberán informar y acreditar los motivos".
Recientemente, en julio, se conocía que la Policía cree que Ciudadanos no aportó todos los datos que sabía sobre el caso de las primarias que ganó Isabel Franco, tal y como precisó en un informe la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) remitido al Juzgado. En diciembre de 2019, el partido envió su documentación al juez sin incluir el 'listado completo de IPS' y el 'listado completo de cada uno de los identificadores del voto', como así arguyeron desde la UDEF.
"La imposibilidad de poder aportar información desde el partido", justificaron desde la formación naranja. Ciudadanos, según indicaba el informe policial, añadía que "tales evidencias estaban en posesión de la encargada de obtener las mismas y realizar el aseguramiento de la prueba", en referencia a la empresa Lazarus Technology
Este caso judicial, en el que no hay ningún imputado, se desencadenó en abril de 2019, cuando un informe pericial encargado por el aspirante Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos en las primarias de Ciudadanos. El candidato perdedor denunció el caso. En marzo, Franco se había impuesto en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que Pérez, que recogió 237 sufragios. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito.
A finales de diciembre, la vicepresidenta pidió personarse en la causa aduciendo que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también solicitó presentarse en el caso. Sin embargo, tanto la fiscal como el juez rechazaron que la vicepresidenta regional y su partido se personen como acusación particular.
