Pedro Antonio Sánchez. Foto: EDU BOTELLA (EP)MURCIA (EUROPA PRESS). El fiscal Juan Pablo Lozano ha pedido una pena de 13 años y medio de cárcel para el expresidente del Gobierno murciano del PP Pedro Antonio Sánchez (2015-17) por su presunta implicación en el denominado caso 'Guardería', que tiene su origen en una investigación sobre presuntas irregularidades en la construcción de los centros de Atención a la Infancia y de la Mujer de Puerto Lumbreras cuando él era alcalde de la localidad (2003-2015).
En el escrito dirigido a la jueza y al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide también para Sánchez la pena de 36 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por los presuntos delitos de fraude, prevaricación, falsedad en documento público y de ordenación contra el territorio.
En concreto, el Ministerio Público ha pedido la pena de 13 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para Sánchez por el delito continuado de prevaricación por "aceptar realizar encargos verbales, fraccionar proyectos y aprobarlos sin cumplir las formalidades legales".
Asimismo, ha solicitado para el exregidor de Puerto Lumbreras la pena de cuatro años de prisión y 12 años de inhabilitación especial
para empleo o cargo público por el delito continuado de fraude en concurso ideal con el delito continuado de prevaricación.
También ha pedido para Sánchez la pena de siete años de prisión, siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado de falsedad en documento público (acta de replanteo, certificaciones y actas de recepción y solicitud de informes para ampliación de plazos de subvenciones).
Todo ello, en concurso ideal con el delito continuado de malversación (pago de proyectos con sobrecostes y certificaciones y actas de recepción de obras inexistentes), aplicando como más grave el delito de falsedad.
Finalmente, Lozano ha pedido la pena de dos años y seis meses de prisión, así como cuatro años de inhabilitación especial para empleo o cargo público y multa de 30 meses a razón de 50 euros de cuota diaria por el delito continuado Contra la Ordenación del Territorio por aprobar los tres proyectos del Centro de la Mujer que excedía la edificabilidad máxima.
En este sentido, el fiscal acusa por la construcción entre los años 2007 a 2010 de un solo edificio con dos usos independientes: Escuela Infantil de 0 a 3 años y Centro de la Mujer.
El Ministerio Público señala en su escrito que este edificio fue concebido "de modo fraudulento" mediante siete proyectos, "algunos inicialmente incompletos, que se entienden fueron adaptándose sucesiva e independientemente a los requisitos de las subvenciones disponibles (concedidas entre los años 2005 y 2010)".
"Aunque en realidad, parece lógico que tuvo que existir un único proyecto constructivo en el que se diera forma a todo el puzzle de proyectos presentados a distintas subvenciones, proyecto ocultado por los acusados", tal y como sostiene Lozano.
En realidad, el fiscal señala que "se trató de conseguir ilícitamente dinero de distintas subvenciones con el único propósito de obtener un presupuesto suficiente para ejecutar un edificio de interés público, si bien, para ello, no se dudó en trocear proyectos inejecutables per se y simular licitaciones públicas".
Tampoco se dudó, añade el fiscal, en "certificar mendazmente partidas de obra para poder justificar documentalmente el gasto ante el ente otorgante de la subvención, y aceptar pagar dinero público por obras inexistentes cuyo destino real, más allá de ser percibido" por la empresa constructora, "resulta incierto".
En el total de la obra certificada "ilícitamente" entre los 7 proyectos, atendiendo al presupuesto de la misma de 1.382.392,35 euros para una superficie de 1.635 metros cuadrados, "supuso un ilícito coste global pagado por el Ayuntamiento de 845,49 euros por metro cuadrado, por encima del precio de mercado".
En su escrito, el Fiscal también pide penas para otros diez acusados, entre los que figuran la secretaria accidental del Ayuntamiento, la arquitecta externa; la interventora accidental y el ingeniero técnico municipal; entre otros técnicos municipales y responsables de las empresas constructoras.
La petición de cárcel de la Fiscalía por el 'Caso Guardería' se conoce cuatro meses después de haber sido condenado por el 'Caso Auditorio'. La Audiencia le impuso una pena de tres de cárcel por dos delitos de prevaricación, uno de ellos en concurso con un delito de falsedad. El tribunal también le obligó a pagar una multa de 3.600 euros y le condenó a 17 años y 3 meses de inhabilitación especial para cargo o empleo público en relación con el proyecto del Auditorio de Puerto Lumbreras cuando era alcalde de la localidad. PAS recurrió la sentencia al Tribunal Supremo.
