CARTAGENA. El debate se ha ido sirviendo a lo largo de las últimas semanas, desde el mismo instante en que las máquinas entraron en el camino que va hasta el faro de Navidad para que arrancaran las obras del CATE junto al muelle del Carbón y frente al Espalmador. Los políticos de todos los signos, los vecinos a través de la FAVCAC y diferentes organizaciones como la Cámara de Comercio, entre otros, habían manifestado su rechazo a que el Centro de Atención Temporal al Extranjero se ubicara en esta zona, programada para convertirse en un espacio de expansión y ocio para la ciudad.
Por ello, MC Cartagena reclamó de inmediato un Pleno municipal en el que debatir esta situación y hacer una propuesta conjunta para rechazar la ubicación definitiva de este CATE, que es lo que muchos temen que suceda.
Pues bien, los políticos han podido hablar y expresar sus razonamientos, pero el texto aprobado esta misma mañana en el Pleno dice que si bien es necesario atender a los inmigrantes que llegan en embarcaciones ilegales a la costa de Cartagena en las mejores condiciones posibles, tanto para ellos como para los que los atienden, la ubicación definitiva del centro de atención debe ser consensuada por todos los actores:
'El Pleno del Ayuntamiento de Cartagena acuerda reclamar al Gobierno de España, que, mediante una reunión inmediata con el Delegado del Gobierno, consensúe la ubicación del necesario Centro de Atención Temporal de Extranjeros de Cartagena. Dicho consenso deberá alcanzarse con los representantes del Gobierno Local, grupos políticos municipales e instituciones y entidades relacionadas con las ubicaciones y con la operativa de rescate y atención a inmigrantes al objeto de concretar una ubicación idónea que no comprometa el desarrollo del municipio".
La enmienda no ha contado con la unanimidad del Pleno, cada partido tenía unas reivindicaciones que hacer y durante el debate MC Cartagena reprochó la connivencia PP-PSOE y que existía un "pacto" del gobierno local con Pedro Saura, hasta hace una semana secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda del Gobierno de España, para ubicarlo donde se están llevando las obras. "Han traído una propuesta para valorar el CATE de José Vélez (delegado de gobierno). Se trata de una cuestión más bien pactada con Saura", decía el viceportavoz Giménez Gallo, quien reclamó que todo el asunto de su ubicación se ha llevado en el más absoluto anonimato. "No tomemos por tontos a los cartageneros, pero el CATE tiene un muro de hormigón que tapa la bahía de Cartagena. El Gobierno (municipal) seguía callado y escondido y no estaríamos aquí si no pedimos un Pleno sobre este asunto".
El concejal del PP, Diego Ortega, fue quien defendió la enmienda presentada por el equipo de Gobierno y en su intervención explicó que nadie duda de la "necesidad de un CATE por razones humanitarias", pero añadía que este no debe convertirse "en un arma arrojadiza, porque se trata de atender a los migrantes en las mejores condiciones posibles".
Eso sí, quiso dejar clara la postura de los gobernantes municipales: "tenemos claro que la ubicación temporal no es la adecuada. Que se ubique allí es totalmente inaceptable, ya que choca frontalmente con el proyecto puerto-ayuntamiento de dar uso y disfrute del Espalmador".
Leli García, concejal de Unidas Podemos, rechazaba también la ubicación por varios motivos, entre ellos al temer que "la provisionalidad se convierta en definitiva. No queremos unas instalaciones de tipo carcelario", adujo.
Pilar García, de Vox Cartagena, solicitaba que el Pleno Municipal exigiera al Gobierno de España que desista de la ubicación actual que se está construyendo y trasladar el CATE a la antigua fundición de Peñarroya. "La desidia, improvisación y mal hacer ha sido una carta de presentación de este Gobierno. Tras mucho postureo de la parte progre del PP y todas esas mentiras para obviar la realidad, esto se llama -la llegada de inmigrantes en patera- de una invasión encubierta. Que las mafias se ríen de nosotros y España no puede soportar más inmigración ilegal". Su propuesta fue rechazada.
Por último, Gonzalo Abad, concejal no adscrito tras ser expulsado del partido, consideraba que es "inhumano" que no exista una instalación donde la policía pueda hacer su trabajo en condiciones. Pero a la vez añadía, como habían indicado antes otros concejales que no se cree "que la instalación que construyen ahora -en la que han invertido cuatro millones de euros- sea provisional".
