CONGRESO SOBRE SALUD Y BIENESTAR
Archena, epicentro mundial del termalismo: "Sus aguas tienen un don curativo"
Por
El gobierno regional se arriesga a un recorte de 79,6 millones en el presupuesto de 2024
Déficit del 0,3% para 2024: un órdago de López Miras y Mazón a Sánchez con la baza del Senado
Carlos Mazón y Fernando López Miras, en una imagen de archivo. Foto: JESÚS HELLÍN/EP
11/12/2023 -
MURCIA. Los proyectos de Presupuestos de la Región de Murcia y la Generalitat valenciana para 2024, que actualmente se tramitan en las respectivas cámaras autonómicas, podrían sufrir un tijeretazo antes incluso de entrar en vigor el próximo 1 de enero.
Así ocurrirá si el Gobierno de Pedro Sánchez saca adelante su propuesta de déficit autorizado para el conjunto de las Administraciones, que en el caso de las comunidades autónomas anunció -y así lo comunicó a la Comisión Europea- que será el 0,1%. El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), en el que participan el Ejecutivo y las CCAA de régimen común, se reúne este lunes, después de casi año y medio, y uno de los puntos que se aprobarán es este límite de déficit.
El problema es que el Gobierno regional que preside Fernando López Miras elaboró su Presupuesto con un déficit del 0,3%, lo que significa el triple de desfase entre ingresos y gastos. Concretamente, 119,42 millones de euros. El Consell valenciano que preside Carlos Mazón hizo lo propio, con un gastro extra permitido de 431,9 millones. No fue un descuido, sino todo un órdago al Gobierno central que, según fuentes del Ejecutivo valenciano, "se habló" con la otra comunidad perjudicada de forma clara por el sistema de financiación autonómica, la Región de Murcia.
Son las dos únicas CCAA, de las 15 de régimen común, que han presentado unos Presupuestos con el 0,3% de déficit. El País Vasco también lo ha hecho, pero al tener un régimen fiscal propio –el concierto económico, con el Cupo–, esperan poder negociarlo con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El resto, aunque no era obligatorio porque el Gobierno no lo había aprobado formalmente, se ajustó al 0,1% anunciado o, en algunos casos de autonomías bien financiadas como Cantabria y La Rioja, presentaron unas cuentas con equilibrio presupuestario para no tener que endeudarse.
Montero guarda silencio
¿Y qué dice el Gobierno? Este periódico ha consultado repetidas veces al Ministerio de Hacienda sobre este órdago de dos CCAA pero no ha obtenido respuesta. Este lunes, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, tendrá ocasión de hablarlo en el CPFF con la consejera valenciana, Ruth Merino, y su homólogo murciano, Luis Alberto Marín.
La Unión Europea ha retomado la senda de estabilidad presupuestaria que quedó interrumpida por la pandemia y ha obligado a los estados a presentar un plan presupuestario con una previsión paulatina de reducción del déficit. El Gobierno español, entonces en funciones, envió el pasado 15 de octubre un Plan Presupuestario en el que se comprometía a un objetivo de déficit del 3% para España, con un margen del 0,1% para las CCAA.
Este objetivo debe ser luego aprobado por el Gobierno y ratificado por el Congreso y el Senado. Si sale adelante y los gobiernos de López Miras y Mazón se ven obligados a ajustar su Presupuesto al 0,1% de déficit, perderían dos tercios el gasto extra que tienen para 2024. En el caso murciano serían 79,6 millones y en el valenciano, 288 millones menos.
La baza del Senado
No obstante, podría ocurrir que este límite de déficit no llegara aprobarse, ya que la Ley de Estabilidad Presupuestaria otorga al Senado derecho de veto sobre los objetivos de déficit y deuda que fije el Gobierno tras aprobarlos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según esta ley, que el Gobierno intentó sin éxito cambiar antes de las elecciones del 23J, si el Congreso o el Senado rechazan los objetivos, "el Gobierno, en el plazo máximo de un mes, remitirá un nuevo acuerdo que se someterá al mismo procedimiento".
Es la única norma en la que la decisión del Congreso no prevalece sobre la del Senado, de manera que la Cámara Alta, con mayoría absoluta del PP, puede vetar la senda de estabilidad del Gobierno sin que haya una solución legal a este bloqueo. En 2018, tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez a la Moncloa, el PP rechazó en el Senado el techo de gasto y los objetivos de déficit y deuda del nuevo Ejecutivo para el año de 2019. En el caso del techo de gato no hay problema porque el Gobierno solo tiene que informar, y para la senda de estabilidad Sánchez decidió valerse de la anterior referencia de déficit y deuda para presentar el proyecto presupuestario, que finalmente fue rechazado por el Congreso por el voto en contra de Podemos, lo que llevó a una elecciones anticipadas.
El problema para la ministra Montero es que, si ahora utiliza el mismo ardid para esquivar el veto del Senado, la anterior referencia de déficit para las CCAA, la de 2023, es el 0,3% y no el 0,1%, con lo que no podría tumbar la previsión de la Región de Murcia y Comunitat Valenciana.
Otra posible solución para murcianos y valencianos, complicada por las quejas que provocaría en el resto de CCAA, es que el CPFF aprobara este lunes una senda diferenciada para determinadas autonomías, cosa que permite la ley. Ya lo hizo en 2013 el Gobierno de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente de la cartera de Hacienda, en lo que el Ejecutivo bautizó como "déficit asimétrico" y las comunidades que se opusieron denominaron "déficit a la carta".
El déficit asimétrico sería un ejercicio de realismo que permitiría a las dos comunidades peor financiadas mantener como objetivo el 0,3% sin impedir que el conjunto de las CCAA alcanzase el 0,1%, dado que otras autonomías, entre ellas Madrid, han presentado unos números con equilibrio presupuestario.
Los argumentos de Murcia para el 0,3%
¿Por qué la Región mantiene el déficit en el 0,3% a pesar de todo? Como ya informó esta Redacción, la Consejería de Economía, Hacienda y Empresa que dirige Luis Alberto Marín tiene varios motivos. Pero el principal es porque, oficialmente, la Comunidad no tiene ningún comunicación del Gobierno central. Aducen que el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es quien fija los criterios de déficit, lleva sin convocarse desde el 27 de julio de 2022. Sostienen que la tasa del 0,1% conllevaría un "flagrante agravio comparativo" con el Ejecutivo de Sánchez y sobre todo esgrimen la delicada situación financiera de la Región, perjudicada por el sistema de financiación autonómica que tanto le lastra desde hace más de una década.
Así lo explicaron fuentes de la Consejería a preguntas de Murcia Plaza: "Las comunidades autónomas hemos tenido que elaborar los Presupuestos con base en proyecciones y estimaciones por la nula colaboración y lealtad por parte del Gobierno central". Aseguran que "el Ministerio de Hacienda tenía que haber comunicado a las comunidades información esencial para los Presupuestos como las cantidades de las entregas a cuenta o los objetivos de déficit". Sin embargo, esa comunicación, que suele anunciarse en el mes de julio en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera, no existe a día de hoy. Por eso lamentan que el Ejecutivo central no haya convocado el Consejo, pues "el reglamento de este organismo obliga a celebrar al menos dos reuniones anuales".
Por todo ello, señalan, a la hora de elaborar los Presupuestos de la Comunidad no existía ninguna comunicación oficial sobre el objetivo de déficit "más allá de la referencia que incluyó el Gobierno en el Plan Presupuestario 2024 que remitió a Bruselas y en el que sólo se incluía una mención a una previsión de cierre del 0,1% para el conjunto del subsector de las comunidades". A juicio de la Consejería, esta tasa, que insiste en que "no se llegó a comunicar a las comunidades en ningún momento", conllevaría "un flagrante agravio comparativo con el déficit del Gobierno de Pedro Sánchez, quien por la puerta de atrás se reservó un déficit global del 3%". Pese a todo, remarcan que las cuentas se han elaborado "de forma responsable, con prudencia, y han recibido el aval de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)".
El lastre de la financiación
Y sobre todo como principal argumento está el sistema de financiación autonómica. Los datos de la liquidación del Sistema de Financiación Autonómica del Ministerio de Hacienda colocan a Murcia como la peor financiada del país. Según el último informe de la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), en el año 2021, último del que hay datos, la Región recibió 2.691 euros por habitante ajustado para sanidad, educación y servicios sociales, 780 euros menos que Cantabria, la mejor financiada, y 272 euros menos que la media. Murcia, de hecho, ocupa el último puesto de la tabla, al desbancar en esta deshonrosa posición a la Comunidad Valenciana.
De hecho, en octubre, el presidente murciano ya expresó públicamente su oposición a esta petición del Gobierno español, como así informó este periódico. Fernando López Miras consideraba "muy injusto" aplicar el mismo límite de déficit de gasto a la Región de Murcia que a otras autonomías que no padecen el problema de la infrafinanciación: "Es muy injusto exigir el mismo déficit a aquellos que cada año reciben del Gobierno de España 1.400 millones de euros más que la Región de Murcia, a pesar de tener la mitad de población", afirmaba entonces.
Por eso, para el Ejecutivo regional tampoco es casualidad que tanto Valencia como Murcia mantengan la tasa de 2022. "Somos las dos comunidades peor financiadas desde el año 2009, una situación que dificulta enormemente la financiación de los servicios públicos fundamentales. El déficit y la consiguiente generación de deuda son el resultado directo de la infrafinanciación y de la negativa del actual Gobierno central a reformar el sistema de financiación", subrayan.
La Comunidad, además, se muestra decidida a mantener este 0,3%: "El compromiso del Gobierno de López Miras con el Estado del Bienestar del millón y medio de habitantes de la Región no admite matices", por lo que, añaden, "no vamos a consentir que el Gobierno central, que quiebra el principio de igualdad entre españoles y beneficia impunemente a los más desleales con el Estado, afecte a la sanidad y a la educación de los ciudadanos de la Región".
