CARTAGENA. Problemas de inseguridad, riesgo de inundación e incumplimiento del planeamiento urbanístico y obras sin autorización son algunas de las deficiencias denunciadas por los técnicos de la concejalía de Urbanismo a raíz del informe que recabaron tras la instalación del Ministerio de Migraciones de tres carpas para ampliar la capacidad del campamento de inmigrantes ubicado en el antiguo Hospital Naval de la Marina ubicado en Tentegorra.
"Están poniendo en peligro la seguridad de esas personas y ante las irregularidades que hemos detectado y los graves incumplimientos, ellos son los únicos responsables de lo que suceda dentro del campamento. No sabemos tampoco qué van a hacer porque, a partir de ahora, no tienen la obligación de recibir esa licencia municipal", indicó Noelia Arroyo.
Ahora que Migraciones ha determinado la urgencia y excepcional interés público de las obras -por lo que ya no necesitan una licencia municipal-, la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, ha explicado el cúmulo de deficiencias observadas en esta instalación y advertido del riesgo que corren los inmigrantes que las ocupan. Por las instalaciones han pasado ya 3.700 personas desde que abrió el pasado año y hasta en dos oportunidades se han detectado obras en su interior y en ambas Urbanismo ha decretado la paralización de las mismas ante la falta de los permisos preceptivos.
Las obras realizadas en el interior del antiguo Hospital Naval, incluyendo reformas en las estancias del edificio y la instalación de carpas en el exterior, carecen de los títulos habilitantes necesarios. El Ayuntamiento inició expedientes sancionadores tras verificar que se estaban habilitando habitaciones, oficinas y servicios sin la documentación legal requerida.
Arroyo advertía, además, que otra de las deficiencias observadas es la falta de cumplimiento de las normativas de seguridad. Las carpas del campamento no cumplen con los requisitos de resistencia al fuego que están establecidos en el Código Técnico de la Edificación. Esto supone el incumplimiento también de las normativas de seguridad contra incendios, "especialmente grave, dado el uso residencial público al que están destinadas".
Además, se ha observado que la ubicación de las mismas se encuentra en una zona de riesgo hidrológico. ¿Esto qué significa? Que cualquier actuación debe contar con la autorización de la Confederación Hidrográfica de Segura. Además, está incluida en una zona inundable con un periodo de retorno de 500 años, lo que impone limitaciones adicionales para el tipo de actividades que están permitidas.
Otro de los incumplimientos es respecto al planeamiento. El uso residencial asignado al recinto no es compatible con el Plan General de Organización Urbana, que clasifica este espacio como Sistema General de Equipamiento Comunitario, destinado a funciones de defensa y protección. Esta clasificación excluye explícitamente, a día de hoy, el uso residencial o el alojamiento temporal.
Así pues, el Gobierno de España, va a alojar a más de mil personas en unas instalaciones en las que, según los técnicos municipales, "no se cumplen las normas antiincendios y, además, es un recinto inundable", apostilló la Alcaldesa. El Ministerio "va a actuar de manera unilateral, ampliando plazos, ampliando capacidad, sin previo aviso e incumpliendo también los compromisos anteriores".
Si pasa algo, a partir de este momento, con la obra del Ministerio y "saltándose las normas y los incumplimientos" que ha advertido el Ayuntamiento de Cartagena, "será una responsabilidad exclusiva del Gobierno de España y del Ministerio de Migraciones", advirtió Arroyo, que recordó que lo que ha hecho el Ministerio es eludir el control del Ayuntamiento de Cartagena y, por tanto, eludir la necesidad de las licencias que se necesitan para esos proyectos de producción de obras, en base a una urgencia y a un excepcional interés público, para hacer dentro de esa instalación lo que considere.
"Cuando el Gobierno de España quiere hacer algo, declara un interés público excepcional y de urgencia y, además, lo hace sacándose las normas, porque incumple las normas que el Ayuntamiento va a hacer en incumplimiento", adujo Arroyo.
La Alcaldesa ha pedido a la Ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz por carta que reconsidere sus decisiones y que urja también los preparativos para el cierre de la instalación, "por la que, por cierto, ya han pasado más de 3.700 personas. Una vez más, queremos dejar constancia de la falta de sensibilidad hacia Cartagena".
Por otro lado, explicó que el Ayuntamiento sigue vigilante para que se cumpla el compromiso adquirido en cuanto a la temporalidad de la instalación. La cesión demanial que tiene el Ministerio de Migraciones por parte del de Defensa es hasta finales de mayo. "Nosotros seguimos pidiendo que cumpla su palabra del levantamiento del campamento y del recurso que tienen en Cartagena porque consideramos que la nefasta gestión de política de integración del Gobierno de España no puede ser como consecuencia agravar la situación y poner en peligro a estas personas en esta instalación".
El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha confirmado que ha declarado la urgencia y excepcional interés público de la ampliación del Centro de Atención, Emergencias y Derivación de Cartagena, por lo que se ha procedido a solicitar el oportuno informe al Ayuntamiento de Cartagena. Se trata de un procedimiento normal, amparado por la ley y, por tanto, contará con todas las garantías jurídica, aseguran fuentes del ministerio.
