San Esteban vuelve a sacar las uñas contra Sánchez

MURCIA. Los roces de la cohabitación política irrumpen de nuevo. Una vez que se van apagando los rescoldos de la moción de censura, con un remodelado Gobierno que da sus primeros pasos, el Ejecutivo regional ha vuelto a emplear una de sus armas habituales de la legislatura: la reivindicación en Madrid, cuyo Gobierno nacional es de signo político distinto. Las críticas hacia Pedro Sánchez, con un tono duro en ocasiones, copan otra vez los titulares políticos de la semana. La Comunidad no está dispuesta a pasar una, y así lo han vuelto a demostrar sus dirigentes.

Lo hizo primero Fernando López Miras, quien aun recibiendo la alegría de la distinción de 'nueva normalidad' para Murcia y aun avisando de que no quiere confrontar -una de sus muletillas favoritas- acabó arremetiendo contra Sánchez. Acusó al presidente central de no hacer nada en la pandemia y le criticaba por "la irresponsabilidad" y "la sorpresa" de no convocar a los barones autonómicos en seis meses para abordar la crisis de la covid. El jefe regional, en su descargo, lleva semanas insistiendo al presidente nacional que ponga en marcha un plan jurídico para poder actuar a partir del fin del estado de alarma. Pero esta vez empleó otros términos: "Si Sánchez no hace nada, si sigue de brazos cruzados y no toma una sola decisión, a partir del 9 de mayo va a generar una demora y una incertidumbre que no será eficaz para salvar vidas".

Pero la sorpresa saltó en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Valle Miguélez, que ya acumula cinco comparecencias desde que fue designada portavoz del Ejecutivo, elevó el tono a la hora de valorar las decisiones del Ministerio de Hacienda que afectan a la Región. El Plan de Solvencia Empresarial, dotado con 143 millones para Murcia, es, a juicio de Miguélez, "caótico, improvisado y un despropósito". La consejera aduce que Murcia sale a 95 euros por habitante frente a los 149 euros de la media nacional. "El Gobierno central nos quita un euro de cada tres que nos correspondería", recriminó antes de acusar a Sánchez de "moverse a golpe de marketing" y de ser "absolutamente incapaz de gestionar las consecuencias de la pandemia".

Esta semana también ha vuelto a aflorar otro capítulo que ha separado en la legislatura a Murcia de Madrid: el dinero retenido por Hacienda por la liquidación del IVA de 2017, cuya cuantía asciende a 85 millones. La sentencia del Tribunal Supremo que daba la razón a la Junta de Castilla y León abre la puerta a que la Región reciba los 85 millones de euros pendientes. La Comunidad murciana ha enviado un requerimiento solicitando la devolución de ese dinero. El consejero de Hacienda, Javier Celdrán, exigía también la recuperación del IVA al tiempo que mencionaba que "el Estado" les "quitó" esa partida a las comunidades en "una clara deslealtad institucional". El Gobierno central, añadió en un tuit, "no atendió nuestras reclamaciones". Los 85 millones, apostilló, "son de los murcianos".

Otro tema que ha encendido las alarmas en San Esteban y especialmente en toda la comunidad de regantes es la propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica sobre el Trasvase Tajo-Segura. El organismo que dirige Teresa Ribera plantea un recorte a los caudales, lo cual ha provocado que el presidente murciano encabece el rechazo a esta medida. Miras ha encontrado la alianza de Andalucía (con Juanma Moreno Bonilla) y la diputación de Alicante (con Carlos Mazón) para erigir un frente común contra el planteamiento del Ministerio. "Quien quiera atacar al Trasvase nos va a encontrar unidos y en perfecta sintonía", advertía Miras, que en numerosas ocasiones ha manifestado que Sánchez "quiere cerrar" el Acueducto.

Todo ello mientras la Consejería de Educación, con su nueva consejera al frente, Mábel Campuzano, avanza en su oposición a la llamada Ley Celaá. El Ejecutivo busca modificar el decreto de admisión en los centros educativos para que en la Comunidad "sigan siendo las familias las que decidan a qué colegio o a qué instituto van sus hijos". Esta semana se conocía que -según cita el diario La Verdad- el borrador de ese decreto, ya en exposición pública, no fija zonas escolares.

Pandemia, economía, agua, educación e IVA, aspectos tan importantes para los murcianos, no encuentran puentes entre Madrid y Murcia: se agranda la distancia entre un Gobierno de coalición de PSOE y Podemos y otro de PP, Ciudadanos (aunque sus miembros fueron expulsados por su partido, hablan en su nombre en la Asamblea Regional) y ex de Vox. La cohabitación política, de nuevo, marca la semana.