El expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez (i) acompañado por su abogado, este martes a su llegada al Palacio de Justicia de Murcia. Foto: MARCIAL GUILLÉN (EFE)MURCIA (EFE). Segundo turno para los testigos en la cuarta jornada del juicio del 'Caso Auditorio', que tiene en el banquillo como uno de los cuatro acusados al expresidente de la Comunidad Pedro Antonio Sánchez (PAS). Esta vez declararon cuatro concejales con responsabilidades cuando se proyectó el Auditorio de Puerto Lumbreras, en la etapa en la que Sánchez fue alcalde del municipio (2003-2013). Obligados a decir la verdad como testigos, la comparecencia de los ediles estuvo marcada por dos ideas: por un lado, el mensaje de que no sacaron adelante ningún proyecto si no contaba con el informe favorable de los técnicos; y por otro lado, la falta de memoria ante un caso que empezó hace 16 años, lo que provocó la falta de precisión en sus testimonios, con frases como "no me acuerdo de nada", "no lo recuerdo", "no me pida mucho más, porque no me acuerdo" y "hace tanto tiempo que no sé si fue en esa Junta de Gobierno o en otra...".
Cabe recordar que la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Murcia, presidida por el juez Juan del Olmo, juzga presuntas irregularidades en la adjudicación y la construcción del Auditorio de Puerto Lumbreras durante la etapa en la que PAS fue alcalde (antes de su salto a la Comunidad, que presidió entre 2015 y 2017). Aquella fue una de las causas que acabarían precipitando su salida de la política. El expresidente se enfrenta a dos años y medio de prisión por presunto fraude y prevaricación continuada, después que, en la primera sesión del juicio, la Fiscalía retirara el delito de fraude de subvenciones (que acarreaba dos años de cárcel y una multa de seis millones de euros).
Fuentes de la Agencia Efe informan de que el primero en declarar fue el exconcejal de de Desarrollo Rural José María Párraga, quien señaló que respaldó la construcción del Auditorio "porque era bueno para el pueblo". No opinó sobre las vicisitudes sufridas por el proyecto porque "no es" técnico en esas materias. Aunque sin poder precisar detalles, agregó que no se acordaba sobre el proyecto modificado, "aunque siempre confié en los técnicos", dijo, reseñando que en todo momento confió en la terminación de las obras.
La que fuera edil de Seguridad Ciudadana y Emergencias Dolores Arenas aseguró que la construcción de aquel edificio cultural no era nada nuevo para ella, ya que figuraba en el programa electoral. Según su testimonio, la obra está terminada, ya que incluso fue usada provisionalmente por los alumnos del conservatorio de música de Lorca tras los terremotos sufridos por esta ciudad en 2011, y si no se ha utilizado más "es porque el PSOE lo denunciaba cada vez" que lo intentaba el equipo de Gobierno local. Esta declaración coincide con lo que dijo la actual regidora de Puerto Lumbreras, María Ángeles Túnez, entonces concejala sin competencias de Gobierno, que señaló en su cita como testigo que cada vez que habían puesto en uso el edificio fueron denunciados por la parte denunciante.
La exedil de Cultura Matilde García tampoco ha sabido contestar a muchas de las preguntas de las partes porque según sus palabras en los años en los que se tramitó el proyecto y su modificado estaba "muy afectada" por la enfermedad de su esposo y podía dedicar poco tiempo a las actividades municipales.
Isabel García, que fue concejala de Educación, Cultura y Fiestas, subrayó que como miembro del jurado encargado de fallar el concurso de proyectos convocado por el ayuntamiento para el Auditorio, votó al que resultó ganador porque le pareció el mejor, y que siempre se conservó el anonimato de los tres aspirantes.
Además de los cuatro ediles, otro de los testigos ha sido el secretario-interventor del consistorio entre 2010 y 2012, Juan Antonio Morales, quien afirmó que cuando se aprobó el proyecto modificado, que la Fiscalía considera un acto prevaricador, se encontraba de vacaciones, pero que tras reincorporarse a su puesto comprobó que nadie, incluida la oposición, había recurrido el acuerdo, según remarca la Agencia Efe. También manifestó que aunque normalmente se suele acudir al proyecto modificado para terminar las obras, también es normal que se utilice cuando, como ocurrió en este caso, surgen circunstancias sobrevenidas.
El juicio, que empezó el pasado 27 de septiembre, continuará el 25 de octubre con la declaración de nuevos testigos. El proceso judicial está previsto que concluya el 29 de noviembre, con un total de 15 sesiones. Participarán 42 testigos y una decena de peritos. Además del expresidente murciano hay otros tres procesados: el arquitecto del proyecto, Martín Lejarraga; la secretaria municipal, Caridad García Vidal, y el responsable de la empresa constructora Ecisa, Vicente Gimeno.
