CARTAGENA. Con la resolución del Tribunal Supremo, se da por concluida la reclamación que la empresa Mesursa, una empresa ubicada en La Unión, le había puesto a Navantia, a la que pedía cerca de un millón de euros tras ver cómo se volatilizaban sus contratos con la empresa pública, durante el largo e interrumpido programa de la construcción de los submarinos S-80.
Finalmente el Supremo ha considerado que la indemnización se quede en 345.000 euros -30.000 euros de gastos por el ERTE, 271.000 euros por el beneficio industrial no percibido, y 44.000 euros por el alquiler de la nave en la que custodiaban el material-.
Hace solo unos días, el diario economiadigital.es se hacía eco de la resolución. La demanda de la empresa dedicada a la industria auxiliar en el sector naval se remonta a cuando Navantia se da cuenta en el año 2012 que hay un gran problema en el diseño de los sumergibles: descubrieron que le sobraban hasta 100 toneladas debido a "desviaciones relacionadas con el balance de pesos". Determinaron, entonces, que para corregir el problema, el sumergible debía ser agrandado. Por eso, de los 71 metros del plan original pasaron a los 80,81.
Navantia, en un primer momento, paraliza durante medio año el trabajo en los primeros submarinos mientras busca una solución, pero hace nuevos pedidos a Mesursa para los dos siguientes. Ese plazo se agotó, y los retrasos en la reactivación de las obras por parte de Navantia llevaron a los unionenses a aplicar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), tal y como explicaba La Verdad, hace tres años.
Al tener que rediseñar los sumergibles, los contratos con las empresas se desvanecen. Mesursa tenía encargos por un valor de 6,6 millones de euros. En 2013 se aplazan los dos contratos que estaban en curso (la elaboración y montaje de los conductos de ventilación, y un segundo contrato por el que se le encomendaba el suministro y montaje de la habilitación) y en 2016 acaban cancelándose, lo que supone para Mesursa un auténtica quiebra económica.
Navantia, tras suspender los contratos en 2013, los resolvió unilateralmente mediante declaraciones de voluntad dirigidas Mesursa en 2016 en las que alegaba que "el alcance contratado ha devenido impropio e inválido para el nuevo diseño de los submarinos", se invocaban las cláusulas 17ª y 18ª del contrato, se reconocía que la resolución no era imputable a la demandante, y se ofrecía a indemnizarla en los costes directos de la suspensión y perjuicios de la resolución.
Fue entonces cuando la empresa ubicada en La Unión decide denunciar a Navantia y exige que se le paguen los gastos laborales (ERE incluido, con el despido de más de 20 trabajadores), el beneficio industrial que no percibió por el 20% de la obra no ejecutada y el almacenamiento del material adquirido.
De los 6,6 millones de euros que estaban contratados con Navantia para el programa S-80, Mesursa -tal y como indica el mismo diario- había recibido 2,8 y exigió un millón de euros. En 2018 la Audiencia Provincial de Cartagena redujo los 460.000 euros que había decretado Primera Instancia y que finalmente se ha quedado en 345.000 euros. Mesursa recurrió la sentencia y ahora, este pasado mes de octubre, el Supremo ratificó la sentencia.
