Diego Conesa. Foto: EUROPA PRESSMURCIA (MP/Europa Press). Regalo anticipado de Reyes Magos para Diego Conesa, el exlíder del PSOE regional. La jueza instructora de la causa que le llevó a investigar por presunta prevaricación por la no tramitación de una multa a un edil de IU para evitar que fuera sancionado durante su etapa como alcalde de Alhama de Murcia no ve delito y ha solicitado su sobreseimiento provisional y su archivo. La orden, no obstante, no es firme y cabe recurso de apelación.
En concreto, la titular del Juzgado de instrucción número 3 de Totana concluye que "no puede considerarse que la actuación del investigado, no ordenando la incoacioción [sic] del correspondiente procedimiento sancionador, sea encuadrable en el tipo penal correspondiente a la infracción penal a la que se alude en la denuncia inicial". Así, añade, "debe decretarse, al amparo del principio de intervención mínima que informa nuestro derecho penal, el sobreseimiento provisional y archivo de las presentes actuaciones".
La jueza, no en vano, sostiene que "es evidente que no resulta arbitraria" la decisión del entonces alcalde alhameño de no proceder a la incoación del expediente informativo que se le solicitaba porque entraba "dentro de sus competencias el iniciar o no en su caso dicho expediente informativo". En consecuencia, la titular del Juzgado aduce que la actuación de Conesa al no ordenar la incoación del procedimiento sancionador no se encuadra en el tipo penal correspondiente al que se alude en la denuncia inicial.
Esta investigación judicial, que surgió a raíz de la denuncia presentada por el a la sazón sargento-jefe de la Policía Local de Alhama, ha supuesto un quebradero de cabeza para Conesa, que en diciembre del año pasado se ofreció a declarar como voluntario en calidad de investigado en un juzgado de instrucción, renunciando así al privilegio del aforamiento. El PP llegó a lanzar una ofensiva, tanto política -con duras críticas- como judicial, pues incluso pidió personarse en la causa. La imputación judicial pesó tanto que incluso Ciudadanos exigió que Conesa no estuviera presente en el Gobierno que habían pactado en la moción de censura, por lo que el alhameño se vio obligado a renunciar al puesto de vicepresidente de la Comunidad (una situación que finalmente no se produjo pues la moción de censura, como es sabido, fracasó)
El origen de los hechos se remonta a 2017. Según relata Europa Press, el sargento-jefe denunciaba (mediante un escrito en el Registro General del Ayuntamiento dirigido directamente al alcalde) que Conesa no había ordenado la tramitación de la denuncia formulada por dos agentes de la Policía Local a un concejal de IU en el Consistorio por una presunta infracción de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana.
El sargento-jefe afirmaba en este escrito que Conesa había dejado transcurrir el tiempo sin adoptar una decisión sobre su tramitación (ordenando la incoación del correspondiente expediente sancionador o cualquier otra actuación dirigida al esclarecimiento de los hechos), provocando de forma intencionada, la prescripción de la infracción.
Todo ello, señalaba el sargento, "con animo de favorecer al citado concejal a cambio de su apoyo político". Por ello, estimaba en la denuncia que los hechos podían ser constitutivos de un delito de prevaricación administrativa cometido por omisión.
A este respecto, la jueza aclara en su auto que los alcaldes, según la legislación vigente, podrán imponer las sanciones y adoptar las medidas previstas "cuando las infracciones se cometieran en espacios públicos municipales o afecten a bienes de titularidad local, siempre que ostenten competencia sobre la materia de acuerdo con la legislación específica".
Por tanto, la jueza aclara que "la competencia para sancionar en el ámbito de la administración local la tiene atribuida el alcalde, siendo la misma de carácter potestativa para los municipios". Además, la jueza sostiene que, en el presente caso, "ni siquiera indiciariamente se acredita" que Conesa actuara "con pleno conocimiento de la ilicitud de tal proceder".
La magistrada llega a esta conclusión porque en el oficio que el sargento jefe remitió al alcalde solicitaba "la apertura de un expediente informativo al concejal" de IU "para su cocimiento por el Pleno, por su conducta con los agentes de la Policía Local por los hechos ocurridos".
Igualmente, la jueza alcanza esta conclusión porque el entonces sargento pedía la adopción de medidas "tendentes a resarcir el daño ético, moral y profesional causado" en los agentes y porque no se realiza "ninguna mención" en dicho oficio sobre la incoación de un procedimiento sancionador relativo al boletín de denuncia que se acompaña.
Además, la magistrada estima que el sargento jefe "actuó en la tramitación de esta denuncia de forma inusual, apartándose del procedimiento seguido hasta ese momento", en el que trasladaba las denuncias a la oficina administrativa para la incoación del correspondiente procedimiento sancionador y no al alcalde. Se trataba, afirma, de un modo de proceder "extraordinario por excepcional, no habiéndose utilizado anteriormente en ninguna ocasión".
"No se puede inferir, sin embargo y por los motivos expuestos, que el alcalde fuera sabedor que al adoptar dicha decisión estuviera abarcando además la de no proceder a incoar el correspondiente procedimiento sancionador", ha determinado la jueza.
Desde principios del mes de diciembre Conesa ya no ocupa ningún cargo público ni orgánico en política. En septiembre sorprendió a todos al anunciar que no optaría a la reelección como líder del PSRM -el puesto que ocupaba tras su victoria en primarias en 2017- y dos meses después decidía también dejar el escaño en la Asamblea Regional, donde había desempeñado desde 2019 como jefe de la oposición regional.
Alegó razones personales como motivos de su paso al lado. En una carta dirigida a la militancia, Conesa confesaba que el 2021 había sido "bastante duro" y que había sufrido "ataques furibundos, no solo políticos, también personales y familiares que superan cualquier línea roja". Y agregaba: "Siempre he manifestado que antes que político soy vecino de la Región, a la que amo y por la que me he entregado en cuerpo y alma, anteponiendo los intereses generales de cada una de las mujeres y hombres de nuestra tierra, por encima de cualquier otra consideración".
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