CARTAGENA. El Tribunal de Cuentas enviaba hace tan solo una semana un informe al Ayuntamiento de Cartagena en el que detectaba numerosas irregularidades en el contrato de limpieza de Lhicarsa, vigente desde el 17 de noviembre de 1994 y que, tras sucesivas prórrogas, ha ido extendiéndose hasta 2030, al menos por ahora. La actual concesión es la más cara para el Ayuntamiento, un total de 36 millones de euros anuales por la limpieza y recogida de basuras de las calles, barrios y diputaciones de la ciudad, que, como la mayoría de los vecinos conocen, ha sido puesta en entredicho en infinidad de ocasiones.
Falta de fiscalización, subida irregular en la revisión de precios o dividendos no cobrados son las conclusiones previas en este informe en fase de instrucción y al que ahora el Ayuntamiento ha presentado sus correspondientes alegaciones. Tiene hasta el próximo 28 de septiembre, aunque es tanta la documentación requerida que ha pedido una prórroga para enviar todos sus argumentos y justificaciones.
Los técnicos del ayuntamiento están trabajando para elaborar la información y las alegaciones al informe sobre Lhicarsa.
La alcaldesa, Noelia Arroyo, ha explicado que es "es un contrato que a los técnicos le resulta difícil de documentar porque tiene casi 40 años, en este tiempo han cambiado leyes, ha cambiado de sede el ayuntamiento y se han producido ampliaciones. Necesitan más tiempo para buscar esa información en archivos y en la empresa".
Arroyo ha añadido que "remitiremos esa información y estaremos atentos a las conclusiones. Nosotros hicimos la primera investigación y nosotros abrimos los primeros expedientes a la empresa, por tanto somos los primeros interesados en que se corrija cualquier problema que pueda detectarse y que quede acreditado cuando termine este informe".
Ahora, en este informe preliminar, el TC explica de manera pormenorizada todos los errores detectados en el contrato, en el que destacan, entre otros aspectos, lo que consideran las dos prórrogas del mismo que no estaban previstas en los pliegos "resulta contraria al principio de libre concurrencia, ya que es susceptible de producir un efecto perjudicial y discriminatorio para otros licitadores, que podrían haber modificado sus proposiciones de conocer la posibilidad de prórroga", dice el TC.
Desde el Ayuntamiento responden que en los estatutos si se refleja la posibilidad de modificar los mismos para que el contrato pueda ser prorrogable.
Por otro lado, en dicho informe añaden que el Ayuntamiento de Cartagena no ha facilitado al Tribunal, "a pesar de la solicitud expresa en tal sentido, ninguna de las facturas y actas de recepción de las inversiones realizadas entre 1 de enero de 2011 y 31 de marzo de 2020, inversiones cuya amortización justificó la aprobación de las dos prórrogas del contrato, lo que ocasiona una limitación al alcance de la fiscalización sobre esta cuestión".
Otro de los puntos conflictivos es el denominado Asistencia Técnica, para la cual Lhicarsa percibe un total de 6 millones de euros anuales. El TC dice lo siguiente: De acuerdo con los términos de la oferta adjudicataria, en el precio del contrato se incluye un porcentaje a aplicar sobre los costes directos del servicio en concepto de "coste a considerar de la empresa mixta en favor del socio privado en concepto de asistencia técnica". Ese porcentaje se descompone en un 13 % por "gastos generales de empresa como consecuencia de su estructura empresarial dedicada a la prestación de los servicios (dirección, administración, representación y varios)", y un 9 % en concepto de "cargo de asesoramiento y gestión". Apostilla el informe que este concepto de "asistencia técnica" no está previsto en el pliego de condiciones que rige el contrato. En el expediente remitido no consta ninguna documentación que detalle los gastos generales y actuaciones de asesoramiento y gestión a cargo del socio privado, ni justificantes de la efectiva prestación de tales actividades.
El Ayuntamiento, según fuentes municipales, afirma que en cada consejo de administración se solicita a Lhicarsa que explique en qué consiste esta asistencia técnica que sale tan cara para las arcas municipales y que, visto lo visto, tampoco se ver reflejada en una mejora en la calidad del servicio, todo lo contrario, en las calles de la ciudad.
No consta, según el TC, que el Ayuntamiento haya ingresado los beneficios derivados en distintos ejercicios y que MC también se ha encargado de denunciar. "Ni los 200.000 euros de los años 2014 a 2016 ni tampoco los 500.000 euros de 208 y 2019”, indicaba Giménez Gallo. El Ayuntamiento, por su parte, afirma que los dividendos se cobran mediante compensación de lo que uno adeuda al otro.
Otro punto al que se refiere es la controvertida revisión de precios en el contrato. El TC añade que el contrato ha sido objeto de repetidos acuerdos de revisión de precios "carentes de cobertura legal. La revisión de precios es una excepción al principio de ejecución del contrato a riesgo y ventura del contratista, y debe limitarse a los estrictos términos marcados por la regulación vigente en cada momento". Recuerda que el pliego dice que :"La empresa mixta en ningún caso podrá cargar en las certificaciones por servicios prestados, gastos de personal por encima del IPC estatal y hasta un punto y medio más. Ello con independencia de que la empresa abone mayor subida salarial si así es acordada en los convenios colectivos que firme".
Recuerda que el Ayuntamiento de Cartagena, "a pesar de la solicitud expresa de este Tribunal, no ha aportado los acuerdos municipales de revisión de precios correspondientes al período comprendido entre julio de 2006 y diciembre de 2011".
Esta revisión de precios es reconocida, por parte del Ayuntamiento, como “mucho menos costosa” que la que reflejaba el contrato inicialmente y que la adoptó en base al interés público. En la actual revisión se valora o bien el convenio colectivo o la subida del ipc y se aplica el índice que menos se haya incrementado.
La carencia de la fiscalización de la concesionaria es uno de los puntos más espinosos del asunto. El TC añade que en la documentación aportada en la fiscalización "no consta ninguna actuación del Ayuntamiento tendente a controlar la gestión de la empresa mixta y la debida ejecución del contrato con anterioridad al informe de director facultativo de los servicios de 20 de julio de 2017".
El informe del director facultativo del contrato de 20 de julio de 2017 puso de manifiesto varias irregularidades, entre ellas que faltaba personal en las labores de limpieza y recogida viaria de residuos. Además, el 9 de julio de 2020 la Junta de Gobierno Local acordó incoar expediente contradictorio por la utilización de los medios personales y materiales afectos al contrato para actuaciones ajenas a su objeto, por el que la empresa fue sancionada con un millón de euros de multa.
El Ayuntamiento, en este caso la alcaldesa, Noelia Arroyo, insiste en que sí se ha sometido a una fiscalización de Lhicarsa desde que su equipo de Gobierno entró en 2019. "Hasta tres expedientes hemos elevado en este tiempo" por tasas no pagadas, utilización de recursos externos y la falta de servicio de limpieza en el Litoral. "No hay imagen de dejadez", insiste Arroyo.
Por último, el Ayuntamiento ha reconocido no tener constancia de haber recibido de la empresa mixta ni de ninguno de los gestores autorizados ingresos por la venta de los siguientes subproductos generados por la planta de tratamiento de residuos: compost y material bioestabilizado, acero chapajo, plástico triaje, baterías, plástico mezcla, acero voluminoso, chatarra y madera. Sin embargo, de la documentación examinada en la fiscalización resulta que al menos una parte de esos subproductos generan ingresos que son gestionados por la empresa mixta, y que esta debería haber transferido al Ayuntamiento.
Asimismo, el informe del director facultativo del contrato de 20 de julio de 2017 afirma que de la documentación facilitada por la empresa mixta resulta que en el período 2014-2016 se generaron ingresos por importe de 191.792,57 euros correspondientes a la venta de materia orgánica bioestabilizada y acero chapajo, y que se debía comprobar si la empresa mixta ha transferido ese importe al Ayuntamiento.
El 22 de junio de 2012 se puso en marcha la planta de generación de energía eléctrica a partir del biogás que se recupera del vertedero de rechazo. Según acuerdo del consejo de administración de la sociedad mixta de 28 de junio de 2012, el 80 % de los beneficios económicos de la venta de electricidad de la planta de biogás de El Gorguel corresponden al Ayuntamiento de Cartagena y el 20 % restante a la sociedad mixta. Sin embargo, la propiedad del biogás y la energía eléctrica derivados de los materiales de rechazo del vertedero corresponde íntegramente al Ayuntamiento, tal y como resulta de la cláusula quinta del pliego de condiciones; por tanto, el Ayuntamiento debería haber obtenido el 100 % de los beneficios económicos derivados de su venta.
En relación con estos ingresos el Ayuntamiento ha informado que “si a la finalización de la vigencia del contrato, el 30 de marzo de 2030, no se han destinado a los fines que se acordaron en el Consejo de Administración de 2012, se obtendrán en la eventual disolución y liquidación de la sociedad mixta”.
Este planteamiento, además de implicar la aceptación del reparto acordado por la sociedad mixta con vulneración de la competencia municipal para decidir sobre sus propios recursos, pone de manifiesto la falta de control sobre su aplicación, y el riesgo de que finalmente no se hagan efectivos, ya que no está garantizado que a la liquidación de la sociedad mixta, sus activos permitan cubrir el importe actualizado de los ingresos generados por la venta de la energía eléctrica obtenida en la planta de biogás.
La respuesta del Ayuntamiento, en este asunto, que el reparto de ingresos por el biogás “hay que revisarlo”, al igual que han exigido a Lhicarsa la valoración económica de los beneficios derivados en los subproductos, para que se reporten los mismos a las arcas municipales.
MC Cartagena ha querido poner en alerta de este informe previo del Tribunal de Cuentas. Además, ha anunciado que solicitará en el próximo Pleno de Gobierno una Comisión de Investigación "para saber quién es el que oculta esta información", que pide el TC "porque la responsable última es Noelia Arroyo". El partido cartagenerista ha denunciado que "las prórrogas del contrato y el precio que pagamos son ilegales y que se acordaron para beneficiar a la empresa, que comenzó cobrando nueve millones de euros y ya va por treinta y seis, ¡el cuádruple!”.
José López ha recordado que "esta investigación y la del contrato del agua provocaron la salida de MC del Gobierno (en 2017)".
Por su parte, el portavoz adjunto de MC, Jesús Giménez, ha comenzado poniendo de manifiesto que "el Tribunal de Cuentas nos da la razón en todo: el contrato de limpieza de Cartagena está más sucio que nuestras calles".
Profundizando en el informe del órgano encargado de fiscalizar las cuentas del sector público ha reseñado que "con el PP en el Gobierno no se ha hecho nada legal y la duración del contrato y las prórrogas son ilegales, además de contrarias a la libre competencia".
Ahondando en esta cuestión ha explicado que "las prórrogas se fundamentaron en inversiones que no se acreditan", situación que fue detectada por el técnico municipal en 2017 fruto del trabajo de fiscalización impulsado por MC desde 2015, algo que no evitó que la Asesoría Jurídica municipal determinara que “se siguiera pagando”.
Asimismo, el Tribunal de Cuentas confirma que hasta la llegada de MC al Gobierno en 2015 no existía fiscalización del servicio de Lhicarsa, contrato que dio inicio en 1995. Igualmente ha puesto de relevancia cómo "pagamos de más", iniciándose el contrato en 9 millones y llegando a pagar actualmente 36 millones, al eliminarse el riesgo de la empresa con los acuerdos de revisiones del PP, "carentes de cobertura legal", según el Tribunal de Cuentas.
También se han desgranado algunos números y situaciones difícilmente justificables: los cartageneros pagan 3 millones al año en asistencia técnica; beneficios para la empresa por los subproductos que no se acredita haber sido justificados, como ocurre con los dividendos, además de señalar que FCC se quede con un 20% del biogás producido.
Jesús Giménez ha señalado que ayer MC solicitó por Registro toda la documentación que se le está ocultando al Tribunal de Cuentas: facturas y actas de las inversiones realizadas desde 2011 a 2020; las cuentas anuales de Lhicarsa desde 1995; la relación de trabajadores municipales que debían incorporarse al servicio de limpieza; la justificación de la asistencia técnica; los acuerdos municipales de revisión de precios de 2006 a 2011 y el justificante de los ingresos derivados del tratamiento y revalorización de residuos. Por ello, ha avanzado que se solicitará en el próximo Pleno una Comisión de Investigación para conocer el motivo por el que se oculta esta información y quién es el responsable.
La alcaldesa de Cartagena añadía que remitirán toda la información "y estaremos atentos a las conclusiones. Nosotros hicimos la primera investigación y nosotros abrimos los primeros expedientes a la empresa, por tanto somos los primeros interesados en que se corrija cualquier problema que se detecte y que quede acreditado cuando termine este informe".
Recordaba, por otro lado, que es un anteproyecto de informe de fiscalización que se hace de manera aleatoria sobre ayuntamientos y en esta ocasión es el informe correspondiente a 2019 y se ha hecho ha sobre contratos de 16 ayuntamientos. "Por tanto, todavía quedan trámites y quedan informes por remitir".
Recordó que los técnicos del Ayuntamiento han pedido ampliación de plazo para remitir la información demandada porque es complejo de documentar. "Tengan en cuenta que es un contrato que tiene casi 40 años, en este tiempo han cambiado leyes, ha cambiado de sede el ayuntamiento y diversas ampliaciones".
