La vicepresidenta del Gobierno regional, Isabel Franco. La investigación judicial, que se inició en Cartagena, pasa ahora a Murcia
MURCIA. Lo rechazó la Fiscalía y ahora también se opone el Juzgado. El juez de Instrucción 5 de Cartagena que investiga presuntas irregularidades en las elecciones que ganó Isabel Franco para ser candidata de Ciudadanos a la Comunidad ha rechazado la petición de la hoy vicepresidenta del Gobierno regional y de su partido de presentarse como acusación particular en el proceso. No es la única novedad de la causa: el Juzgado ha pasado el caso de Cartagena a Murcia al entender que los delitos informáticos deben investigarse en el área en que presuntamente se cometieron.
En un primer auto con fecha de 17 de abril, el magistrado Ignacio Munitiz determina que ni Isabel Franco ni Ciudadanos ostentan la condición de perjudicados ni de víctimas y no admite su personación ni como "acusación particular, ni en ninguna otra, al menos por ahora", según reza el texto. El juez aduce que en este momento procesal se investiga el esclarecimiento de los hechos y si la diputada liberal y su formación política ven afectadas su dignidad personal y profesional "pueden acudir a la vía o jurisdicción que estimen pertinente en defensa y protección de dicho honor".
La diligencia del juez fue extendida por el letrado de la Administración de Justicia, dado que, por el estado de alarma, "se suspende el plazo procesal para recurrir la resolución, así como el plazo concedido en la misma, hasta el levantamiento del estado de alarma".
En otro auto, fechado este viernes, el magistrado acuerda la inhibición de este proceso a favor del juez decano de Murcia para su reparto al Juzgado que corresponda. El instructor sostiene que la competencia territorial en los delitos de daños informáticos "viene determinada por el lugar donde se producen los daños, en este caso, en la ciudad de Murcia, donde se destinaron los votos". La única vinculación con Cartagena, asegura, residía en que fue la ciudad donde se presentó la denuncia.
Los hechos se originaron en marzo, cuando Franco se impuso en las primarias autonómicas con 599 votos (el 63% de los votantes), más del doble que el cartagenero Leonardo Pérez, que recogió 237 sufragios. En abril, un informe pericial encargado por Pérez puso en duda la procedencia de 233 votos y el cartagenero denunció el caso. Meses después, la Policía Nacional confirmó que existen indicios de delito.
A finales de diciembre, la vicepresidenta había anunciado su intención de personarse en la causa alegando que "quería esclarecer todo lo sucedido" y que se consideraba "una parte perjudicada". Franco se unía así a la decisión que tomó su partido, que también pidió presentarse en el caso.
La fiscal Elena González ya señaló, el 10 de febrero, que la dirigente liberal "sería la persona inicialmente beneficiada, por ser la destinataria de los votos emitidos de forma fraudulenta". El Ministerio Público expuso que no "procede cursar dicha personación puesto que no queda acreditada su condición de perjudicada por el delito investigado" e indicaba que la dirigente política podía "invocar en la vía civil una supuesta afectación al derecho al honor".
