La chapuza del "sólo sí es sí"

En Unidas Podemos llevan años quejándose del tratamiento que reciben por parte de la judicatura española, y hay que decir que no es para menos: desde los continuos intentos del juez García-Castellón por abrir casos contra Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos a golpe de tertulia radiofónica hasta la ya mítica suspensión de un sello conmemorativo del PCE, pasando por la persecución a la también jueza de Podemos Victoria Rosell, los ejemplos son abundantes y a menudo estremecedores, porque muestran la capacidad que tienen los jueces para condicionar la trayectoria de una persona o incluso de un partido político (a veces sin impunidad, como es el caso del exjuez Salvador Alba, factótum del caso contra Rosell, que acabó condenado a seis años de prisión).

Sin embargo, una cosa es que haya jueces parciales, que por animadversión personal, por ideología, o por otras motivaciones hagan una interpretación muy sesgada de la ley para aplicársela a los que perciben como enemigos (suyos o de la patria, tanto da), y otra muy distinta es que la judicatura, en su conjunto, sea corrupta y esté dispuesta a cualquier cosa con tal de dejar en mal lugar a Unidas Podemos.

Es lo que está sucediendo con la ley del "sí es sí". A los autores de la ley se les escapó la posibilidad de que en su aplicación algunos delincuentes convictos pudieran beneficiarse de una reducción en las penas (que es algo que ocurre siempre que cambia la legislación de un delito, si la nueva ley es más favorable a los reos que la antigua). Así que una vez ha comenzado a aplicarse han aparecido más y más noticias de reducciones de penas. Y los jueces que han aplicado esas reducciones no lo hacen por "machismo", como estúpidamente se han lanzado a decir desde el entorno de Unidas Podemos y el Ministerio de Igualdad. Ni tampoco todas las críticas que han aflorado al respecto de esta ley (algunas, antes de que comenzara a aplicarse, que ya avisaban de que esto podría suceder) se hacen porque quienes las profieren sean unos fachas que odien a Podemos; de hecho, muchas de las críticas provienen del entorno de la izquierda.

Tampoco pasa nada porque quienes critican sean unos fachas, conviene aclarar; los fachas tienen derecho a criticar lo que consideren oportuno, igual que hacen constantemente desde Podemos; y, de hecho, aquí esos malvados fachas tienen toda la razón: la ley es una chapuza perpetrada desde el Gobierno y notoriamente desde el Ministerio de Igualdad, teniendo en cuenta que su propósito era endurecer las penas y, en particular, endurecer los supuestos relacionados con el consentimiento. Nada más ilustrativo del despropósito de esta ley que la posibilidad de que los miembros de La Manada, condenados a nueve años de prisión por abuso sexual, puedan beneficiarse de una reducción de las penas, porque fue precisamente este delito el que motivó el cambio en la ley, para unificar el delito de abuso sexual con el de agresión y, en definitiva, endurecer globalmente las penas. Desde esta perspectiva, el afán por endurecer las penas, la ley nace con un defecto de origen evidente, que ahora se visualiza con claridad, y del que son únicos responsables quienes la elaboraron y promulgaron.

También cabe considerar si la solución para la alarma social que generan determinados delitos ha de ser siempre endurecer más y más las penas. Hace ya décadas que estamos inmersos en una espiral punitiva que tiende a endurecer siempre los castigos por los delitos, así como a reducir el papel de la reinserción: las penas son más duras y su aplicación menos flexible que hace no tanto tiempo. Esta ley es un intento fallido de endurecer los castigos, como sucede con muchas leyes que se han venido aprobando en los últimos veinte años, y que han dado lugar, por ejemplo, a la introducción de la cadena perpetua como castigo máximo. O a la pretensión de eliminar precisamente el principio de que ha de aplicarse la ley más favorable al reo, pues eso fue la "doctrina Parot", un intento de aplicar retroactivamente la nueva ley (más dura que la anterior, como últimamente es habitual) para los condenados por delitos de terrorismo, con el fin de que no pudieran salir de la cárcel cuando acabasen sus condenas según la ley que se les aplicó cuando fueron juzgados.

Concurre en este caso específico, además, que se trata de una ley aprobada por el Gobierno más progresista (sobre el papel, al menos) de la historia de la democracia española. Una ley aprobada en medio de una retórica a veces indistinguible de la de Vox, cuyo propósito se supone que era el endurecimiento de las penas y la tolerancia cero con los criminales. Aquí se buscaba lo mismo, y aunque la ley sea una chapuza que genere en ocasiones el efecto contrario al buscado no deberíamos perder de vista que lo que se buscaba es, a su vez, contrario a lo que se espera de un Gobierno que en teoría debería privilegiar una aplicación proporcionada de las leyes y de los castigos, como oportunamente ha recordado Clara Serra (espero que Twitter aún funcione cuando entren en este enlace), precisamente una exdirigente de Podemos (y de Más Madrid) que con toda la razón se pregunta si las motivaciones para desarrollar la ley del Sí es Sí en los términos en que se hizo eran las adecuadas. O igual es que ella también está en el ajo de la conspiración machista-fascista contra Podemos de la que participan, como puede observarse, más y más personas y colectivos en su afán por denostar a este partido. En ese caso, ya saben, pueden aplicar la "solución Echenique" y borrarse de la newsletter de sus nuevos archienemigos (no hace falta, en cambio, que dejen de seguirles en Twitter; ya lo hará Elon Musk por ustedes, más pronto que tarde).