Foto: OmegaMURCIA. Los murcianos ya pueden denunciar de forma anónima las ocupaciones ilegales de viviendas que detecten en la Región. Y es que ya se ha puesto en marcha el canal aprobado en el decreto-ley con medidas de lucha contra la ocupación irregular de viviendas, lo que se puede considerar un escudo 'antiokupas', y que sitúa a la Región como la primera comunidad autónoma de España en contar con una regulación específica.
El canal (alertaokupa@carm.es) garantiza la confidencialidad de la identidad del denunciante de un presunto caso de usurpación ilegal de inmuebles para evitar que el ciudadano pueda ser objeto de represalias y amenazas y garantizar así su seguridad.
El consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, explicó que "la Comunidad mantiene una política de tolerancia cero frente a todo aquel que practique o promueva la okupación, con el fin de garantizar una convivencia social pacífica y tranquila a todos los vecinos".
La nueva norma establece un asesoramiento específico para las víctimas de esta práctica que se denominará 'Servicio de mediación hipotecaria y lucha contra la okupación', así como un canal de denuncias anónimo que protegerá la identidad de los denunciantes. Así lo explicaba el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Ramón Díez de Revenga, quien también dejaba claro que las sanciones de hasta 90.000 euros sólo se podrán aplicar en la viviendas sociales que dependen de la Comunidad.
Y es que en el resto de casos, "son competencia del Gobierno central", aseveraba el consejero a preguntas de los periodistas. Esto supone que las multas y el control sólo se podría realizar, a día de hoy, sobre un centenar de las 1.078 viviendas que hay ocupadas en la Región.
La ocupación ilegal de viviendas es un problema que se ha disparado en los últimos años. De hecho, las denuncias ante los juzgados han crecido un 20% en los últimos doce meses. Además de ser un problema social, las posibilidades de conseguir que los okupas abandonen una vivienda una vez que entran en ella puede derivar en años de litigio judicial con un periodo de tensión que marca a los propietarios y a los vecinos.
También será obligatorio para los ayuntamientos notificar los casos de ocupaciones detectados en sus municipios, de manera que la información se centralice en la administración autonómica, y las empresas de suministros deberán también comunicar los casos de posibles ocupaciones que detecten.
