La Audiencia da vía libre al Juzgado 1 de Murcia para investigar a Valcárcel por el 'caso Desaladora'

MURCIA. El juzgado de instrucción número 1 de Murcia investigará la denuncia de la fiscalía del pasado julio contra el expresidente autonómico y exvicepresidente del Parlamento Europeo Ramón Luis Valcárcel, del PP, por presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude y fraude de subvenciones.

Así lo ha decidido la Audiencia Provincial al resolver la cuestión de competencia presentada al considerar el de instrucción número 5 que no debía asumirla pese a que investiga el caso de la desalinizadora cartagenera de Escombreras, considerada la causa principal de este supuesto asunto de corrupción,

En esta están imputadas 11 personas, entre ellas, el exconsejero de Agricultura Antonio Cerdá, con lo que lo que afecta a Valcárcel se considerará en principio una pieza separada.

El juzgado número 1 ya había pedido al 5 toda la documentación de las diligencias del caso en el que se investigan varios supuestos delitos en el proyecto de construcción de esa desalinizadora, sobre todo por el compromiso de financiación asumido con fondos públicos de esta obra que surgió desde la iniciativa privada.

Ahora se implica a Valcárcel por documentos del Consejo de Gobierno solicitados por la fiscalía que acreditarían que tenía conocimiento del asunto.

Se pretende aclarar si se causó un perjuicio a las arcas públicas regionales para convertir un proyecto privado para construir la planta en otro sustentado por el Gobierno con la creación del Ente Público del Agua (EPA) para sortear las leyes nacionales de Aguas y de Contratos del Sector Público, con un presunto perjuicio para los fondos públicos por las condiciones y compromisos de pago asumidos.

Todo comenzó siendo un proyecto puesto en marcha por cinco empresarios murcianos con el nombre de Hidromanagement y la investigación principal quiere esclarecer si el Gobierno había decidido previamente asumirlo y adjudicarlo sin publicidad a empresas del Grupo ACS, para lo que firmaron un contrato en 2006.

Una de las cláusulas del contrato con ACS estipulaba que el Gobierno abonaría el importe total de la construcción, alquiler y explotación de la planta por 25 años en caso de resolución anticipada del acuerdo, con lo que la cifra total ascendería a casi 600 millones de euros.

Según la fiscalía, el objetivo sería burlar la Ley de Aguas, que exigía que los planes urbanísticos garantizaran el abastecimiento de ese recurso con informe favorable de la Confederación Hidrográfica del Segura, que entonces rechazaba sistemáticamente estas peticiones por la escasez estructural de ese recurso en la cuenca.

El EPA fue el encargado de emitir los informes favorables a 26 proyectos urbanísticos que pretendían construir en hasta en 180 millones de metros cuadrados de suelo.

Todos estos extremos se incluyen también en las conclusiones de la Comisión Especial de Investigación cerrada en 2017 en la Asamblea Regional de Murcia, donde la oposición (PSOE, Podemos y Ciudadanos) consideró a Cerdá y a Valcárcel "líderes" de una "trama" urdida para sortear la Ley de Aguas y permitir el "pelotazo" urbanístico.