La situación del Camping Villas Caravaning de La Manga llega a los tribunales. La Asociación de Vecinos del complejo ha anunciado que solicitará el nombramiento de un administrador judicial durante el juicio que se celebrará el próximo jueves en el Palacio de Justicia de Cartagena.

La petición forma parte de las medidas cautelares que planteará la asociación vecinal, que desde hace años cuestiona la gestión del complejo. Según sostienen, existen pruebas que apuntan a una mala administración que, a su juicio, habría contribuido al cierre del camping y a la situación actual de deterioro de las instalaciones. Recordemos que es la empresa Caravaning Costa Cálida, S.L. la propietaria de gran parte de la superficie que ocupa el camping.

El Villas Caravaning de La Manga permanece cerrado desde el pasado año, a la espera de que se subsanen diversas deficiencias técnicas detectadas por el Ayuntamiento de Cartagena.

El pasado verano un equipo multidisciplinar formado por cinco técnicos municipales inspeccionó parcela por parcela las instalaciones con el objetivo de elaborar un informe exhaustivo que sirviera de base para emitir órdenes de ejecución dirigidas a la empresa titular del camping.

Ese informe detectó problemas graves de seguridad, entre ellos:

• Uso de materiales altamente combustibles en numerosas parcelas.

• Deficiencias en la red eléctrica, tanto general como individual.

• Ausencia de un sistema adecuado de prevención y protección contra incendios conforme al Código Técnico de la Edificación.

Estas circunstancias, según los técnicos, suponen un riesgo para la seguridad de residentes y usuarios, motivo por el que las zonas comunes permanecen clausuradas mientras no se ejecuten las actuaciones exigidas por el Ayuntamiento.

El consistorio mantiene una posición de cautela y no contempla autorizar la reapertura hasta que todas las certificaciones en materia de seguridad e instalaciones eléctricas estén aprobadas.

A la situación urbanística y técnica se suma una delicada situación económica de la comunidad de propietarios.

Según la información trasladada recientemente a los propietarios, la comunidad acumulaba facturas impagadas por valor de 522.361 euros:

• 71.684 euros a Endesa por el suministro eléctrico.

• 450.677 euros a Hidrogea por el abastecimiento de agua.

La comunidad de propietarios ha logrado finalmente abonar parte de la deuda y aplazar el pago de otra

A pesar de la suspensión de la actividad turística, en el interior del caravaning residen alrededor de un centenar de familias, muchas de ellas empadronadas en el lugar.

Esta situación plantea también un conflicto legal. El Decreto 193/2022 de la Ley de Turismo de la Región de Murcia establece que la ocupación de parcelas en campings debe ser temporal y no superior a 12 meses, y que para volver a ocupar la misma parcela debe transcurrir al menos un mes completo desde la estancia anterior.

La normativa, por tanto, no permite la residencia permanente en este tipo de instalaciones, concebidas para uso turístico o estancias temporales.

Además, en algunos casos se han detectado anuncios de alquiler de caravanas en redes sociales, una práctica que podría constituir actividad económica irregular dentro de un complejo que actualmente no tiene actividad autorizada.

El concejal de Urbanismo de Cartagena, Diego Ortega, ha recordado recientemente que, pese a las expectativas de que la propiedad estuviera corrigiendo los problemas detectados, las inspecciones han evidenciado que muchas de las deficiencias persisten.

“Tres años después, cuando pensábamos que estaban arreglando las instalaciones, lo que comprobamos es que no era así”, señaló el edil.

Mientras tanto, la situación del complejo continúa en un limbo urbanístico, económico y social, con residentes viviendo en el recinto, instalaciones pendientes de rehabilitación y ahora un nuevo frente judicial que podría desembocar en la designación de un administrador judicial para gestionar el camping.