Los dos diputados de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina. Foto: A. R. M.MURCIA. Los dos diputados regionales de Ciudadanos, Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, no se rinden y recurren al Tribunal Constitucional para cambiar su situación en la Asamblea Regional. La formación naranja quedó relegada al Grupo Mixto cuando en abril de 2021 perdieron el control de su grupo parlamentario (en manos de los cuatro expulsados, "los tránsfugas"), justo un mes después de la moción de censura. Ahora, el partido anuncia que ha presentado un recurso de amparo ante el Constitucional contra tres acuerdos de la Mesa de la Cámara que "atropellan", sostienen, "de manera escandalosa, los derechos fundamentales de sus dos diputados a representar al 12% de votos de los murcianos que dieron su apoyo a la lista de Ciudadanos en el año 2019".
Los liberales esgrimen que sus dos diputados sufren "un trato discriminatorio en la Asamblea" desde que pasaron al Grupo Mixto, lo que, afirman, "les impide el ejercicio de su cargo representativo, protegido por la Constitución". Vidal y Molina se quedaron fuera del grupo parlamentario, por lo que se vieron obligados a compartir tiempo, espacio y recursos con los dos integrantes del Grupo Mixto, los parlamentarios de Podemos, María Marín y Rafael Esteban. Aquel escenario implicó que la Asamblea aprobase un nuevo reglamento de funcionamiento para el Grupo Mixto, que no se pudo hacer de mutuo acuerdo entre las partes y que fue encargado a los Servicios Jurídicos de la Cámara. Sin embargo, el texto definitivo no contentó a los naranjas, pues en la práctica supuso que Podemos siguiera ejerciendo la Portavocía.
En su recurso al Constitucional, Ciudadanos alega que los servicios jurídicos de la Asamblea "elaboraron una propuesta ecuánime, con un reparto de tiempo y una representación en las comisiones equitativa entre los dos partidos que conforman en la actualidad el Grupo Mixto, Ciudadanos y Podemos". Sin embargo, añaden, "bajo la Presidencia del expulsado y tránsfuga, Alberto Castillo, la Mesa maniobró para que también en este grupo Mixto se le impidiese el desempeño del cargo a los diputados de Ciudadanos". Y agregan en su recurso, denunciando: "A tal fin, Castillo alteró la propuesta de los servicios jurídicos e incorporó en el reglamento del grupo mixto un criterio de ordenación distinto del exigido por el Tribunal Constitucional: el criterio de la proporción de la representación, al que se refiere, también, el artículo 26 del Reglamento de la Cámara".
El reglamento definitivo, así pues, establece que la Portavocía sea rotatoria y los cambios se hagan por orden alfabético y por año legislativo, en lugar de por periodo de sesiones como proponían los Servicios Jurídicos. Esta circunstancia conlleva que al quedar menos de dos años legislativos (ya queda menos un año, de hecho) y ser los dos diputados de Podemos los primeros en la lista por orden alfabético, la Portavocía sería para los parlamentarios de este partido hasta final de legislatura.
Ciudadanos considera que esa decisión les perjudica: "Los diputados de Ciudadanos no tienen derecho a ostentar la Portavocía en lo que resta de legislatura, con los perjuicios que ello conlleva, solo pueden formar parte de dos de las ocho comisiones de la Asamblea y no disponen de un espacio adecuado para que los trabajadores del grupo puedan desempeñar su labor". Y apostillan: "En la maniobra de los tránsfugas de López Miras, que el PP apoyó, no se respeta la regla constitucional de la proporción de la representación para el reparto de las iniciativas parlamentarias, la participación en los órganos de la Cámara, en particular, las comisiones, así como para el reparto de los medios económicos y materiales del grupo".
El partido naranja se muestra convencido de que el Alto Tribunal les dará la razón: "Estamos convencidos que la torticera, inconstitucional y deleznable maniobra de los tránsfugas de López Miras y del PP de la Región de Murcia será corregida por el Tribunal, que restituirá el derecho fundamental de unos cargos representativos a acceder y ejercer el cargo, como les reconoce el artículo 23 de la Constitución, para poder hacerlo sin impedimentos, discriminación, u obstáculos, ilegales, inconstitucionales e injustos".
