La ministra Teresa Ribera.MURCIA/ALICANTE. Como estaba previsto, el Ministerio de Transición Ecológica ha hecho público este lunes algunos de los datos de la planificación hídrica en la cuenca del Tajo, que puede tener consecuencias en la cantidad que se trasvase posteriormente al Segura. De esta manera, el Gobierno fija un caudal mínimo de 7 metros cúbicos del río a su paso por Aranjuez hasta 2026 frente a los 6 metros cúbicos que era la cantidad que marcaba el Memorándum del Tajo-Segura. Posteriormente, de acuerdo con esa planificación, en enero de ese año el caudal se subirá a 8 metros cúbicos y en 2027 a 8,6, que era la cantidad que inicialmente reclamaba el Gobierno de Castilla-La Mancha. Durante esos seis, el ministerio quiere que se construyan las infraestructuras necesarias para buscar alternativas al trasvase, como la reutilización, depuración y desalación.
Lo que está claro que es cuanto mayor sea esa cantidad, menor agua se trasvasará al Segura. Es decir que la cantidad irá subiendo hasta alcanzar los 8,7 metros cúbicos en 2027. Por cada metro cúbico que suba, se trasvasarán 31 hectómetros menos cada año. Mientras, la desaladora de Torrevieja, por ejemplo, deberá alcanzar una producción de 120 hectómetros cúbicos y destinar 80 de esos a regadío.
Fijar el caudal ecológico en Aranjuez en siete metros cúbicos supone que durante los seis próximos años se podrá aplicar todavía el Nivel 3 de trasvase; es decir, más o menos la cantidad que ahora recibe el trasvase; en todo caso, perdería de entre 30 y 40 hectómetros al años. Al subir al 8,5 metros, se aplicaría el nivel 2 y se dejarían de trasvasar 140 hectómetros anuales.
El Gobierno justifica la fijación de caudales ecológicos en el Tajo por varias razones. En primer lugar, para cumplir con varias sentencias judiciales y la legislación europea, que obliga a establecer unos mínimos para que los caudales tengan calidad medioambiental. En segundo lugar, dice Teresa Ribera, que con la nueva planificación se pretende "corregir prácticas" que en el pasado han conducido a la sobreexplotación de acuíferos, a la contaminación de las masas de agua o al deterioro de los ríos.
Desde el ministerio han insistido en que la implantación del caudal se hará de forma gradual a lo largo de seis años. Esa gradualidad responde al tiempo estimado para ejecutar las infraestructuras que aumenten el recurso disponible (depuración, desalación, reutilización). Y como ejemplo, indican que Alicante ha sido el primer territorio en incrementar su dotación de agua desalada; es decir, que aumentará "la desalación en 80 hectómetros, lo mismo que anualmente recibe el sur de Alicante, la Región de Murcia y Almería de media a través del trasvase", defiende el ministerio.
Para seguir esta línea, el Plan de Recuperación incorpora un paquete de actuaciones con un doble objetivo: duplicar la capacidad de generación de agua desalada de todo el sistema (hablamos del sistema del trasvase Tajo-Segura) e interconectar el sistema en su conjunto e incorporar un plan de apoyo de energías renovables -inversiones en fotovoltaica- que es precisamente el que, a juicio de Transición Ecológica, "tiene que conducir a abaratar los precios, porque el mayor componente del precio del agua desalada está en la energía".
El ministerio insiste en que trabaja en ampliar otras plantas, como Valdelentisco y Águilas, hasta un volumen de 70 hm3 adicionales (20, 10 y 40 hm3 respectivamente), reducir los costes energéticos de manera apreciable e interconectar las desaladoras para poder llevar el agua desalada a todos los regadíos que ahora se benefician del trasvase Tajo-Segura.
La realización de todas estas actuaciones anteriores requiere una inversión de unos 500 millones de euros, según ha detallado el Gobierno.
